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“La patronal ha aguantado hasta el 7-J para forzar aún más la máquina”

La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun. /EDN.

Aitor Guenaga

Bilbao —

La magistrada Garbiñe Biurrun (Tolosa, 1960) cree que la patronal ha aprovechado una reforma laboral “que claramente le beneficiaba” para aguantar hasta el 7 de julio y poder “forzar aún más la máquina”. La presidenta de la Sala de lo Social del alto tribunal vasco cree que los empresarios no tienen “ninguna confianza en la jurisdicción Social, es más la ven como un territorio hostil, territorio enemigo”. Reconoce que han triplicado los tiempos de respuesta en los juzgados por la avalancha de casos y que una justicia lenta es “peor justicia, es una justicia tardía”. Biurrun cree que si el Gobierno da otra vuelta de tuerca a su reforma laboral, podemos ver “una respuesta social que supere la que se ha dado hasta ahora, en intensidad y en formas”.

Pregunta. Los sindicatos avisaron sobre un otoño caliente y ya está aquí la conflictividad laboral: la educación concertada, Bizkaibus, empresas del metal...

Respuesta. Ya lo esperábamos. El conflicto está en la calle y en los tribunales. Esa limitación de la ultraactividad de los convenios por la reforma laboral tras el 7-J y el decaimiento de muchos de ellos, ha hecho que la patronal se anime a interpretar esa reforma en clave de modificar, a la baja claro, las condiciones de trabajo. Y eso es realmente duro. Y lo inaudito es que sea resultado de una reforma legal que está por interpretar. En nuestra sala tenemos tres litigios: el de los centros de iniciativas social (concertada), la limpieza y el metal de Gipuzkoa.

P. El lehendakari dijo que esperaba de los empresarios que tras el 7-J no hicieran barbaridades. ¿Viendo los casos que les están llegando a los tribunales, están haciendo barbaridades los empresarios vascos?

R. No conozco al detalle lo que se está haciendo. Pero lo que escucho a la gente afectada es que hay muchos empresarios, tal vez por algún consejo jurídico que han recibido de las asociaciones patronales, que están jugando con una cierta cautela, anunciando lo que puede pasar, pero en muchos casos no están materializando esa rebaja de las condiciones laborales.

P. Pero en esas cartas remitidas a los trabajadores individualmente suelen indicar que todo puede cambiar a partir del 31 de diciembre.

R. Efectivamente. Por eso es importante que los tribunales resolvamos cuantos antes en el sentido que sea y con la interpretación jurídica más cabal que haya que dar a esta reforma, aunque luego tenga que pronunciarse el Tribunal Supremo.

P. Les han llovido críticas a los empresarios en el sentido de haberse aprovechado de la reforma laboral para despedir a destajo.

R. Esta reforma de 2012 se hizo prácticamente a la medida de las demandas, exigencias o reivindicaciones empresariales, aunque es cierto que no se reconoció todo lo que pedían. La reforma dice que pretende dar facilidades para una mayor flexibilidad interna de manera que a través de medidas como la reducción salarial, de jornada, etc, se puedan mantener los puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo, la reforma facilita el despido, rebajando las causas para que haya menos razones para despedir –dejando a los jueces con menos capacidad de interpretación o de dar respuesta más o menos extravagantes, según dijo el propio gobierno- y abaratando el despido sustancialmente. Es una incongruencia terrible pretender mantener los puestos de trabajo con esas medidas de flexibilización interna y al mismo tiempo favorecer y facilitar el despido. Creo que todo esto, psicológicamente, ha podido animar a muchos empresarios a considerar que ahora despedir es mucho más fácil. Luego ha venido una respuesta de los tribunales que no ha sido tan fácil como esperaban.

P. Ha comentado el conflicto en el metal, el Consejo de Relaciones Laborales revelaba que entre julio y agosto en ese sector había 252 conflictos colectivos que afectaban a 154.000 trabajadores. Y en esos dos meses se había pasado de 46 conflictos en 2012 a los 579 este año. Y como no ha habido acuerdo, el CRL advertía de que estos casos les llegarían a los jueces.

R. Me consta que los tres juzgados de lo Social en Bilbao han recibido el orden de 200 y pico demandas solo en agosto, algo inaudito. Hay mucho volumen de trabajo en estos momentos.

P. El presidente del CRL decía que “estamos muy equivocados si pensamos que esto nos lo van a arreglar los jueces”.

R. Pues no, efectivamente, las relaciones laborales son mucho más complejas que los problemas jurídicos de interpretación de una norma, que son una parte de las relaciones laborales. Transitar de manera más o menos tranquila por el terreno de la negociación colectiva no está en manos de los órganos judiciales, no tenemos ni infraestructura, ni capacidad, ni es nuestra competencia. Para entendernos, podíamos compararlo con los juzgados de familia: resuelven conflictos puntuales en el momento de una ruptura de pareja, pero no resuelven mucho más.

P. Ruptura la que se ha producido entre la patronal y el PNV, con un duro discurso en el que también ustedes, los jueces, recibían críticas.

R. Si, han llegado a decir que a la patronal nos han dejado solos el Gobierno vasco y los jueces. Y me consta que el Gobierno, la consejería de Empleo ha intentado durante todo el invierno mediar para un acuerdo y llegar al 7-J en otras circunstancias. Y luego está la propuesta del lehendakari poco antes del 7 de julio. No diré quién ha sido el responsable de que no hayan sido capaces de llegar a acuerdos. La patronal, con una reforma que claramente le beneficiaba, ha aguantado hasta el 7 de julio para forzar aún más la máquina y le permite a la patronal, con esas cartas que ha remitido a sus trabajadores, cuál puede ser la nueva situación de cada persona, y así puede hacer una negociación de convenios muy a la baja, comparativamente con los anteriores. Es inaudito. Lo que dicen de los jueces lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo. La patronal no tiene ninguna confianza en la jurisdicción Social, es más la ve como un territorio hostil, territorio enemigo. Creo que no se sienten cómodos. Y me parece muy preocupante y me duele. La patronal y algunos periodistas han dicho cosas muy duras sobre nuestro papel en la aplicación e interpretación de la reforma laboral: que somos la vanguardia de la oposición al PP, que durante muchos años hubo miedo a la reacción de los militares y que ahora podía estar pasando lo mismo con respecto a los jueces, aludiendo a nuestro respeto o no a leyes legítimamente emanadas del Parlamento, acusaciones extraordinariamente duras. Nosotros resolvemos los conflictos en clave jurídica, atendiendo a las leyes y al contexto constitucional y de otras normas internacionales (OIT) y directivas comunitarias. Podremos haber acertado o no, pero puedo afirmar que no ha habido una toma de postura ideológica de la jurisdicción Social del País Vasco, ni ningún ánimo de resistencia a ninguna ley, ¡faltaría más!

P. De hecho, la Sala que usted preside ha sido pionera en algunas interpretaciones. Ahí están los casos de Corrugados o de Laminaciones Arregui.

R. En muchos tribunales de justicia se ha interpretado la reforma de una manera muy similar a la nuestra y en otros, no. A nosotros no se nos caerían los anillos si el Tribunal Supremo pudiera revocarnos cualquiera de esas sentencias que han tenido tanto eco mediático y en la sociedad como las que usted señala. Desde luego si diera otra interpretación no sería dramático, ni significaría que nos hemos 'columpiado' ante la reforma laboral.

P. Cuando presentaron en mayo la última memoria judicial, usted dijo que “la pagana de la crisis va a ser la jurisdicción de lo Social”, 1.400 asuntos en los juzgados de Bilbao, el doble de lo que recomienda el CGPJ, y que se tardaba entre 8 y 10 meses en dar respuesta a la demanda. ¿Cómo están las cosas ahora?

R. Pues peor. Aunque la reforma del 3 de agosto puede aligerar, en parte, la carga de los juzgados y cerrar los flancos dudosos y precipitados que tenía la reforma. Por ejemplo, ahora con los despidos colectivos, con la demanda colectiva ya vale, no es necesario que haya también demandas individuales . Y ahora también las ejecuciones las decide la propia Sala de lo Social del TSJPV, con lo que se quita trabajo a los juzgados Pero con efecto 7-J, el número de litigios ha aumentado. Más carga de trabajo, para la juez y la parte administrativa del juzgado. Si antes los litigios se estaban resolviendo en una media de entre tres y seis meses, ahora hemos triplicado los tiempos de respuesta.

P. ¿Y qué salidas quedan?

R. Con ese nivel de trabajo, habría que incrementar o reforzar los juzgados. Ya lo hemos solicitado. Otra salida poco honrosa sería que los jueces resolvieran rápidamente y sin demasiada reflexión los asuntos. Y yo puedo asegurar, porque veo las sentencias que nos llegan por los recursos, que el nivel de calidad no ha disminuido ni un ápice. Aunque es verdad que resolvemos más tarde.

P. Pero eso implica peor justicia

R. Es peor justicia, en el sentido de que es una justicia tardía. Y en materias tan sensibles como estas en las que está en juego el salario, el empleo, etc, es muy tardía. Por eso para nosotros es muy doloroso ver cómo se alejan los tiempos de respuesta que siempre hemos tenido en esta jurisdicción. Y no tengo ninguna esperanza de que esto se solucione. Y si el Ministerio de Justicia no le pone remedio … y parece que se ha resignado. Aunque hay que decir que en el Estado en algunos juzgados de lo Social están fijando juicios a dos años vista.

P. ¿Estamos en los límites del ajuste de las condiciones laborales?

R. Es así, hay un gravísimo drama de personas desempleadas, pero hay otro gran drama de personas empleadas en unas condiciones realmente precarias. Condiciones que no garantizan a muchísimas personas una vida digna o tener una mínima perspectiva de organización vital. Y el drama del desempleo de la juventud va a ser un drama social cuyas consecuencias las estamos viendo ya, pero las veremos en toda su intensidad en 10 ó 15 años. Esta reforma laboral nos ha situado en ese escenario de esas condiciones laborales y ¿ahora dice el presidente que se puede reformar más y bajar más las condiciones? A lo mejor se puede rebajar más, pero no sé qué ciudadanía va a quedar y qué relaciones quiere el Gobierno que haya entre la ciudadanía de este Estado. Las cosas no se resuelven solo con el Boletín Oficial del Estado y van a crear más pobreza, más dramas, más injusticia, más desasosigo social y en algún momento dado una respuesta social que supere la que se ha dado hasta ahora, en intensidad y en formas, lo que sería realmente preocupante.

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