De Miguel recurre la fianza millonaria e insiste que “no hay pruebas” de corrupción

El letrado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, recurrirá la decisión de la juez de Vitoria María Eneida Arbaizar de fijar para el que fuera ‘número dos’ del PNV de Álava una fianza de 16,5 millones de euros como medida cautelar de cara al juicio por corrupción al que tendrá que hacer frente, en el que se expone a penas que suman 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo). “Son peticiones millonarias sin que haya pruebas o presuntos indicios”, han manifestado fuentes próximas al expolítico, según una información de la agencia Efe de este miércoles.

Eldiarionorte.es adelantó que los tribunales habían activado ya el proceso para embargar todos los bienes del que fuera también diputado foral, que con toda probabilidad no tendrá medios para pagar la elevada fianza solicitada por la Fiscalía. El auto judicial es de mayo de este año, pero un cúmulo de errores en el texto ha retrasado su entrada en vigor hasta ahora, tras una resolución aclaratoria fechada a 9 de noviembre.

La Fiscalía tiene claro que De Miguel configuró una trama mercantil que actuó como “pantalla” para recaudar comisiones ilegales y obtener contratos irregulares de la Administración. Según consta en el sumario, el volumen global de las distintas operaciones de Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Ezkibel o Eskalmelo, efectivamente, se aproxima a esos 16 millones de euros. No obstante, su letrado, del bufete Cuatrecasas, insiste en que no hay caso, en que no hay “pruebas o presuntos indicios” que justifiquen esas cantidades astronómicas.

El auto de la juez puede ser recurrido bien ante el propio juzgado (recursos de reforma) o bien ante la Audiencia Provincial de Álava (recurso de apelación). Es esta segunda vía la elegida por De Miguel, al que podrían seguirle otros en la lista de 26 imputados, según Efe.

Las defensas, asimismo, también han recurrido para reclamar un mayor plazo para presentar sus escritos de defensa. Reclaman 60 días hábiles y no 40, es decir, tener margen hasta el 10 de febrero y no hasta el 13 de enero. Es el mismo margen temporal del que dispuso la Fiscalía para elaborar sus conclusiones.