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¿Por qué acaban en prisión tantas personas con trastornos mentales?

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

El sida ha sido de largo el principal problema de salud dentro de las prisiones. Sin embargo, una vez que se ha logrado controlar estya enfermedad, la salud mental se ha convertido en el principal reto sanitario en las cárceles. Casi la mitad de la población reclusa en España padece algún trastorno mental. En el caso del País Vasco, alrededor de 600 presos de los 1.430 que cumplen condena en la actualidad tienen problemas de salud mental, fundamentalmente, trastornos de la personalidad. De esos 600, al menos 100 se encuentran afectados por perturbaciones graves. Llegados a este punto, la pregunta resulta inevitable: ¿Es la cárcel el mejor lugar para estas personas? ¿No deberían cumplir su condena en espacios terapéuticos? El Ararteko ha realizado un informe sobre la situación de la atención a los presos con trastornos mentales del que se desprende la existencia de algunas deficiencias en su atención y, sobre todo, la necesidad de replantear la forma de tratarles.

Pero el paso previo es extremar las medidas para que no terminen en la cárcel personas con padecimientos mentales. Las razones para que al final acaben en prisión son variadas. Rafael Sainz de Rozas, responsable del área de personas privadas de libertad del Ararteko, esboza alguna de ellas. “Durante la tramitación de una causa penal a menudo resulta inadvertida la existencia de una situación de enfermedad mental en la persona imputada por ausencia de conciencia de enfermedad, falta de formación de los agentes que intervienen, enjuiciamiento rápido, situaciones de indefensión de personas enfermas y excluidas.....”

En otras ocasiones, sí se llega a constatar la situación de enfermedad mental, pero no se consigue acreditar que la misma haya constituido una causa de inimputabilidad. Especial relevancia tiene en este supuesto “la situación de los trastornos de la personalidad, sin diagnóstico compartido de su incidencia en la materia”, explica Sainz de Rozas.

En último extremo y “debido seguramente a su deficiente y restrictiva regulación legal”, el Ararteko señala la escasa aplicación por los órganos judiciales de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal “como respuesta al delito cometido por personas que han actuado con sus facultades disminuidas por su trastorno mental, y puede suponer el cumplimiento de la responsabilidad penal en espacios terapéuticos en lugar de en prisión”.

La persona en el centro del sistema

Se trata, según el 'ararteko' Íñigo Lamarca, de colocar a la persona “en el centro del sistema”. “Lo primero es realizar un diagnóstico que confirme la enfermedad, pero faltan medios para ello. En ocasiones, es la propia persona la que no hace valer su dolencia. En cualquier caso, la solución no pasa por el encarcelamiento”.

“Hay un amplio margen de posibilidades para hacer frente a esta problemática social”, recalca el Ararteko, quien defiende la necesidad de que el Gobierno vasco reciba las competencias penitenciarias. En ese marco, espera que se promueva el diseño y la gestión de “un modelo penitenciario propio”, que permita la integración de la sanidad penitenciaria en la comunitaria, de manera que las personas presas disfruten -sin otras limitaciones que las derivadas de su condena- de los estándares de calidad que ofrece el sistema vasco de salud.

Dentro de eta problemática, un colectivo que requiere de “especial atención” es el constituido por las mujeres con causas penales, ya que se aprecian en ellas psicopatologías de “mayor gravedad” y se encuentran con “mayor dificultad” para acceder a los recursos comunitarios. Esto provoca “consecuencias más gravosas a nivel personal y familiar, dado que suelen tener hijos a su cuidado”.

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