“Con el banco puedo negociar mi desahucio, con el Gobierno vasco no”
Cerca de 200 personas vinculadas a las plataformas Kaleratzeak Stop Desahucios de Euskadi se han manifestado esta mañana frente a la sede de la sociedad pública de alquiler, Alokabide, para exigir al Gobierno vasco la retirada de los procesos de desahucio interpuestos a los inquilinos deudores. Cuatro de estas demandas son de inminente ejecución y afectan, entre ellas, a una madre soltera con una hija de cuatro años, a un joven de Vitoria desempleado desde hace más de dos años y a un vecino de Gipuzkoa con una madre enferma de 80 años a su cargo.
Las deudas contraídas por estos inquilinos están originadas, según han explicado los afectados, por la normativa aplicada por el Ejecutivo autonómico que no contempla la revisión de las cuotas en aquellos casos en los que los ingresos familiares han disminuido. Esto provoca que muchas familias paguen alquileres muy superiores a sus rentas. Esta situación, prolongada en el tiempo, les convierte sin quererlo en morosos porque no pueden afrontar los pagos. Los afectados denuncian las escasas posibilidades de negociación que les ofrece los técnicos de Alokabide cuando la deuda les ahoga. “La dureza y falta de humanidad con que nos tratan estos trabajadores es impresionante. Son inflexibles. Con el banco puedo negociar mi desahucio, con el Gobierno vasco no”, declara Antonio Camps, con fecha señalada de desahucio para junio.
Viviendas sociales y no negocios
A su lado asienten Jon Ander y Verónica, ésta última una madre soltera con un hijo de cuatro años con una amenaza de desahucio en ciernes. “Estoy dispuesta a pagar mi deuda. Ya se lo he comunicado pero me ha llegado el requerimiento judicial igualmente. Yo puedo ir pagando poco a poco, deben adaptarse a mis posibilidades actuales y no echarme a la calle. ¿Dónde voy yo con una hija de cuatro años?, ¿debajo de un puente?”, exclama la joven entre sollozos.
Los portavoces de las plataformas se reunirán el próximo lunes con la directora de Alokabide para trasladarle estas demandas e intentar llegar a una solución para los afectados. “Le haremos entrega de un escrito con estas críticas y diferencias normativas. En el texto les proponemos soluciones para que las viviendas de protección oficial sean realmente viviendas sociales y no negocios para las distintas sociedades públicas del Gobierno vasco”, relatan los representantes del movimiento reivindicativo.
