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¿Quién tiene razón en el caso del profesor investigado por abusos a menores?

La Delegación de Educación en Álava y la Fiscalía mantienen versiones opuestas sobre la información que se cruzaron  sobre el caso del profesor investigado por abusos a menores, lo que llevó al departamento a no aplicar ninguna medida cautelar al docente

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El caso del profesor investigado por supuestos abusos a menores ha elevado la tensión entre el Departamento de Educacióin y la Fiscalía de Álava, que se cruzan reproches mutuos sobre la información que intercambiaron. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha reconocido que su departamento podía haber actuado mejor si hubiera dispuesto de toda la información, en alusión directa a la Fiscalía y la delegada de Educación incluso ha señalado que en una reunión que mantuvo con el fiscal jefe este le manifestó que “no había caso”. De esa forma, los responsables educativos han justificado que no adoptasen ninguna medida cautelar hacia el docente, a pesar de que ya estaba siendo investigado y pesaba una denuncia contra él.

La Fiscalía ha negado que trasladara a Educación esa conclusión. Por el contrario, asegura que le comunicó que había unas diligencias abiertas sobre ese profesor. Una investigación que se habría iniciado el 17 de junio de 2014 y que finalizó el 23 de junio de 2015, “trasladando su resultado a la  autoridad judicial, que incoó las correspondientes diligencias previas el 29 de junio de 2015, aún en trámite”.

La parlamentaria socialista Isabel Celaá considera que dadas las versiones contradictorias de Educación y la Fiscalía resulta conveniente y urgente aclarar "cuál fue realmente la información transmitida por la Fiscalía a la Delegada de Educación de Álava". "De esta circunstancia se deriva la corrección o no de la actuación seguida por ambas instituciones. Especialmente, la inacción de las autoridades educativas, que el departamento justifica en la ausencia de indicaciones claras por parte de la Fiscalía. Por eso, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, Para "aclarar las contradicciones con el Departamento de Educación".

Además, la parlamentaria del PSE entiende que puede ser "muy útil para ayudar a definir los protocolos de comunicación y coordinación entre ambas partes a la hora de hacer frente a incidencias de este tipo, unos procedimientos que han fallado lamentablemente en este caso".

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