El recorte de la RGI sienta en el banquillo de los acusados a Lanbide
Lanbide ha pasado por el juzgado. La decisión del Gobierno vasco de no aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) el incremento que se produjo del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha llevado a Lanbide a su primer juicio por este motivo en el juzgado de lo contencioso administrativo. Los colectivos sociales que han llevado a Lanbide a juicio se basan en que las prestaciones que gestiona Lanbide se encuentran vinculas al SMI, por lo que cualquier aumento en el mismo se debe trasladar automáticamente, según lo establecido por la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
Un juzgado de lo contencioso de Vitoria ha visto la demanda presentada por un receptor de la RGI contra Lanbide para reclamar el incremento de esa ayuda desde enero de este año hasta abril. Es la primera de las que tendrá que ver sobre la misma cuestión. El abogado de la plataforma Argilan, Iñaki Garro, ha recordado que la RGI ha estado siempre, por ley, vinculada al Salario Mínimo Interprofesional. (SMI). “Cuando en diciembre de 2016 el Gobierno del PP aplicó una subida del 8 % al SMI, Lanbide debía haber extendido ese incremento a la RGI, pero no lo hizo”. En abril de este año, el Parlamento vasco decidió desvincular esa prestación del referente del SMI, decisión que para los colectivos sociales “fue un error”. En cualquier caso, Carro entiende que Lanbide debería haber abonado ese aumento a quienes recibieron la RGI en el primer trimestre del año.
Carro está convencido de que la justicia fallará a favor de su cliente, lo que obligará a Lanbide a cambiar su criterio para evitar la judicialización de las reclamaciones del resto de perceptores de esa ayuda. Mientras se celebraba la vista en Vitoria, varios colectivos sociales se han concentrado frente a los juzgados de Bilbao.
La Ley vasca de Garantía de Ingresos vincula de forma directa la RGI al SMI y el Gobierno Vasco estaba estudiando el decreto estatal para ver la posibilidad de aplicar esa subida a la citada ayuda, aunque finalmente optó por ligar el incremento al IPC. Un incremento del 8% de la RGI hubiera tenido un impacto de entre 30 y 41 millones de euros en los gastos del Ejecutivo en los presupuestos de este año. Una cantidad que, por lo visto, se antoja inasumible para el Gobierno de Vitoria.
