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La reforma laboral se juega en el conflicto de las residencias guipuzcoanas

La patronal Adegi acusa a la Diputación de tratar de implantar una "antirreforma laboral" para resolver el contencioso.

La Fiscalía da la razón al Gobierno foral al considerar que su intervención no ha vulnerado la negociación colectiva.

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La disputa entre la patronal guipuzcoana Adegi y la Diputación de Gipuzkoa por el conflicto de las residencias de ancianos se ha enconado. La batalla se libra ahora en los tribunales. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, tiene ahora en sus manos la resolución del caso. Adegi acusa a la Diputación de "injerencia grave" y de "vulnerar" su derecho a la negociación colectiva por haber planteado una propuesta de convenio en el sector de residencias de la tercera edad. Mientras, la institución foral le replica que ha defendido su competencia para actuar. Por su parte, la Fiscalía da la razón a la Diputación porque no cree que se haya vulnerado del derecho a la negociación colectiva. Y en medio, los ancianos que se han visto afectados por las movilizaciones laborales desde el pasado 13 de mayo. Con el paso de los meses, la situación se ha arreglado en varios centros, aunque en dos aún se mantiene vivo el conflicto sobre el que sobrevuela la reforma laboral.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acogió ayer la vista oral por la demanda interpuesta por la patronal contra la actuación de la Diputación, al que han asistido, entre otros, el diputado general del territorio, Martín Garitano. El conflicto arranca el 13 de mayo del año pasado y desde entonces y  a lo largo de 239 días se ha mantenido en primera línea de la agenda política y laboral. Las cerca de 4.200 personas que trabajan en el sector, sobre todo mujeres, repartidas en más de un centenar de centros, fueron convocadas por ELA a una huelga indefinida para mejorar sus condiciones laborales. La protesta ha ido cosechando sucesivos acuerdos gracias a la intervención de la Diputación, que ha logrado esquivar la aplicación de la reforma laboral. Pero aún persiste el conflicto en dos centros: Berra y Villa Sacramento, con un total de 200 trabajadoras y gestionadas por la empresa  SARquavitae.

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha asegurado que la demanda de conflicto colectivo responde a "una obsesión enfermiza" de la patronal contra la Diputación y augura que este caso "no tiene recorrido jurídico".

La demanda de Adegi a los tribunales se produjo después de que la Diputación de Gipuzkoa remitiera al organismo de mediación del Gobierno vasco una propuesta de convenio ante el "bloqueo" de la negociación. La institución, responsable y financiadora del servicio (está subcontratado), ha entendido desde el primer momento que debía implicarse y por eso lanzó una propuesta de 8,2 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de las empleadas.

Durante la vista, Adegi ha denunciado que con esa propuesta la institución foral ha vulnerado su derecho a la negociación colectiva y se ha "extralimitado" en sus competencias. En este sentido, la asociación empresarial, que solicita a la Diputación una indemnización de más de 187.00 euros por daños y perjuicios, ha afirmado que la institución foral no "medió" en el conflicto sino que "impuso determinadas condiciones" en el sector. Se trata de una "injerencia grave" y tras denunciar las "connotaciones políticas" de su actuación, ha señalado que su propuesta trataba de implantar una "antirreforma laboral".

Competencias

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa se ha defendido asegurando que no impuso "nada a nadie" y ha recordado que la Ley vasca de Servicios Sociales le otorga la obligación de financiar las residencias de las personas mayores y velar por la calidad del servicio. De acuerdo a esta obligación legal, el Ejecutivo de Garitano planteó una propuesta de condiciones laborales para los trabajadores de esos centros, después de que tanto los sindicatos como los empresarios, y las Juntas Generales del Territorio le instaran a intervenir ante el "bloqueo" de la negociación del convenio.

Mientras, La fiscal, que al inicio del juicio se había posicionado al lado de Adegi al haber planteado una posible vulneración de derechos, ha esperado hasta conocer las pruebas presentadas, todas documentales ya que no ha habido testigos en el juicio, y finalmente ha cambiado su postura para pedir la desestimación de la demanda. "El derecho a la asociación de Adegi en relación al derecho a la negociación colectiva no ha sido vulnerado", ha concluido María Ángeles Montes.

La actuación de la Diputación fue "irregular" y merece "un reproche" porque debía haber intervenido de otra forma pero, ha indicado, la negociación se produjo, como lo prueba, que algunas empresas firmaran los convenios para su personal con condiciones laborales diferentes.

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