Las mutuas recurren por sistema las enfermedades laborales
José tiene 47 años, pero aparenta más de 60. La fotografía de su DNI está más que caducada. Avejentado y con la tez amarillenta, llevaba media vida trabajando en la construcción. En sus tres etapas laborales como obrero de ese sector (la primera entre 1986 y 1993) estuvo en contacto con numerosos materiales que contenían amianto. En la construcción, parte de los productos que se usaban sin ningún tipo de control en aquellos años para recubrir y aislar superficies, por ejemplo, pero también para otros cometidos como los conductos de ventilación de los edificios o la cañerías de agua corriente, llevaban el sello mortal del amianto. Hace un par de años, el reloj laboral se detuvo definitivamente para José.
Como a muchos otros trabajadores, nadie le alertó de los riesgos que tenía trabajar con un material que, paradójicamente el Parlamento europeo ya definió como cancerígeno a finales de los años 70. Y para cuando las autoridades comunitarias empezaron a aprobar directivas tendentes a prohibir su uso, en los años 90, el mal ya estaba hecho.
Solo en Euskadi, el amianto ha provocado la muerte como mínimo de 182 hasta marzo de 2013. Según la estadística oficial de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral), un total de 5.933 personas han estado expuestas a fibras de amianto. “La realidad es mayor porque esos datos solo hacen referencia a los trabajadores de las empresas que están registradas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) y sabemos a ciencia cierta que muchas de las empresas que han trabajado o trabajan puntualmente a día de hoy con amianto o están recogidas en este registro, por lo que el número de personas expuestas es considerablemente mayor”, afirma Leire Txakartegi, una de las responsables de Salud Laboral del sindicato ELA, en su último informe de siniestralidad 2013.
A José le fue diagnosticado en 2012 un cáncer de pulmón con metástasis en varias partes del cuerpo. Desde entonces su pelea es doble: contra la enfermedad -“está entrando y saliendo del hospital”, relatan los que siguen de cerca su caso- y contra la mutua, que a diferencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no reconoce el origen profesional de la enfermedad que consume a este obrero de la construcción, y discute además quién se tiene que hacer cargo de los costes sanitarios que implica un cáncer como el de José.
Para Alfonso Ríos, responsable del Área de Salud Laboral de Comisiones Obreras, el caso de José es de libro. Una resolución favorable del INSS y el consiguiente recurso ante el juez. “Las mutuas llevan a los tribunales estos casos prácticamente por sistema. ¿Qué buscan de esa manera? Lograr que el proceso se dilate en el tiempo de forma que los trabajadores se cansen y desistan o, en el peor de los casos, terminen muriendo”. De esta forma, “se limita un derecho básico como el reconocimiento de una incapacidad”, denuncia.
Sentencias desfavorables
Los datos oficiales de la comisión de control y seguimiento de Mutualia, la principal mutua que opera en Euskadi (en toda España hay un total de 20), parecen dar la razón a Ríos. Entre 2009 y 2011, esta mutua llevó a los juzgados de lo Social un total de 49 casos, mientras que en ese mismo periodo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolvió 85 demandas planteadas por la mutua en relación con este tipo de casuística de las bajas laborales. ¿Obtuvo una buena cosecha en los tribunales? No. En el caso de los juzgados unipersonales el 53% de las resoluciones fueron desfavorables (26 frente a 23), y en el caso del alto tribunal vasco Mutualia perdió el 74% de los casos (63 frente a 22 sentencias).
ELA confirma también estas prácticas. “Las mutuas merecen una mención especial: además de poner muchos obstáculos a la hora de reconocer una patología como enfermedad profesional, estan recurriendo cada vez más las resoluciones favorables del Instituto de la Seguridad Social”, señalan desde el sindicato mayoritario. Recientemente, CC OO ha llevado su denuncia hasta las puertas de la sede de Mutualia. Una 'publicidad' negativa que desagrada a los responsables de las mutuas, que copan la afiliación de las empresas españolas tanto en contigencias comunes -un 80,37%, a septiembre de 2013- y sobre todo en contingencias profesionales -un 98,15%-.
La cuestión es realmente lacerante cuando las patologías son tan graves -como en el caso del amianto o ahora del sílice-, situaciones en las que que el trabajador libra una batalla desigual: primero contra la enfermedad y al mismo tiempo con las mutuas.
José está de nuevo internado en el hospital. Su reloj vital sigue en marcha. Pero su pronóstico no pinta nada bien. Es un caso de libro. Y si nada lo remedia, este extrabajador de la construcción engordará la trágica estadística del amianto en Euskadi. Mientras lucha contra el inexorable avance de la enfermedad, mantiene abierta su otra batalla en los tribunales. Y la esperanza. La fotocopia de su DNI está emparedada entre decenas y decenas de folios en un juzgado de Bilbao. A la espera de que el juez dicte sentencia. A la espera de que la resolución judicial llegue a tiempo.
