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Los ordenadores de Sansoheta no tenían control parental para bloquear las páginas de contactos

Ramiro González y Beatriz Artolazabal reconocen que no había filtros en esos equipos y que la supervisión era responsabilidad del personal del centro para menores tutelados

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Beatriz Artolazabal, en Vitoria

Beatriz Artolazabal, en Vitoria

Las Juntas Generales de Álava han celebrado este miércoles una sesión a puerta cerrada de la comisión de Políticas Sociales por la que han pasado el diputado general, Ramiro González, y su exdiputada del ramo, Beatriz Artolazabal, ahora consejera en el Gobierno de Iñigo Urkullu. Lo han hecho para dar explicaciones a instancias del PP en torno al polémico caso de prostitución de menores tutelados en el centro foral de Sansoheta, que ha sacudido a Vitoria en las últimas semanas por la gravedad de los hechos. Tanto González como Artolazabal han defendido su gestión y las decisiones adoptadas en los últimos meses, aunque también ha quedado en evidencia algún agujero en los mecanismos de control, como la inexistencia de filtros parentales en los ordenadores de Sansoheta, utilizados por los adolescentes para acceder a páginas de contactos sexuales y concertar citas con adultos.

El caso de Sansoheta se conoció a principios de noviembre. Varios adultos habían sido detenidos - un psicólogo permanece, de hecho, en prisión desde entonces- por haber mantenido encuentros sexuales con adolescentes tutelados por la Diputación a cambio de dinero u otras contraprestaciones. Los menores se anunciaban en una suerte de milanuncios.com para contactos sexuales y ahí entablaban comunicaciones con sus 'clientes'. Hay alrededor de una decena de jóvenes implicados y otros tantos mayores de edad imputados por prostitución.

Legalmente, es importante precisar que la prostitución con menores siempre es un delito, sea o no inducida. Además, en el caso de menores de 16 años -aquí los afectados tienen entre 14 y 17- se puede considerar incluso abuso o violación porque no hay posibilidad de consentimiento sexual. "Los culpables son los que han abusado de estos menores", ha remarcado Artolazabal en relación a esta cuestión.

La investigación, aún bajo secreto de sumario, detectó que los chicos y chicas accedían a la 'web' de contactos desde el ordenador de Sansoheta, como adelantó este periódico. González y Artolazabal, según las fuentes consultadas, han reconocido que era así y que no existían bloqueos automáticos de contenidos prohibidos expresamente a menores, como la pornografía o las páginas de contactos. Es decir, que no se aplicaban los denominados "controles parentales". La supervisión del uso de esos equipos corría a cargo del personal del centro, aunque ahora ha quedado patente que esos controles fallaron.

"La actuación en abril fue inmediata"

Otro de los asuntos fundamentales que quería aclarar el promotor de la comparecencia, Javier de Andrés (PP), era el tratamiento que se dio a una denuncia interpuesta por la madre de unos de los chicos afectados en abril. En ella, la mujer relataba sus sospechas de prostitución e incluso daba el nombre de la 'web' de contactos que empleaba su hijo. Como publicó eldiarionorte.es, ese caso lo asumió la Policía Local de Vitoria, que lo puso en conocimiento de la Diputación a través del Instituto Foral de Bienestar Social.

Cuando Artolazabal dio una primera rueda de prensa de urgencia explicando el alcance de la investigación, manifestó que la Diputación conoció los hechos en octubre y que inmediatamente activó todos los mecanismos para denunciarlos y proteger a los menores. Omitió que ya en abril se tenían esas mismas sospechas y que los jóvenes tutelados siguieron ejerciendo la prostitución seis meses más al no llevar hasta el final la investigación. Luego se conoció además que, en agosto, un particular también había llamado a la Ertzaintza tras presenciar uno de los encuentros sexuales, extremo del que la Diputación afirma no tener constancia.

La hoy consejera Artolazabal, en unas breves palabras a la prensa tras su comparecencia a puerta cerrada, ha dicho al mismo tiempo que "personalmente" dio órdenes de actuar "en cuanto tuvo conocimiento", esto es, en octubre, y que "la actuación que en abril se produjo fue también inmediata" con contactos "con la Ertzaintza y con la Fiscalía". Y ha añadido sobre la información que ha dado al respecto en las Juntas Generales: "Lo único que puedo contar es que he dado todo tipo de detalles en relación al caso. He respondido a todas las preguntas y además lo he hecho con absoluta honestidad y transparencia".

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