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La víctima más incómoda para Rajoy

El presidente de la comisión de expertos, el periodista Florencio Domínguez, junto a Rajoy y Fernández Díaz.

Aitor Guenaga

1980 fue uno de los años más trágicos en la historia de la organización terrorista ETA. Sobre todo para sus víctimas. En una localidad costera guipuzcoana, el 3 de noviembre de aquel fatídico año, fueron fulminados por las balas de un comando etarra los guardias civiles Arturo López Hernández, Angel Retamar Nogales, Modesto García Lorenzo y Julio César Castillejos Pérez. Casi a la medianoche los cuatro estaban en el bar “Haizea”, tomando una copa de paisano y fuera de servicio cuando irrumpieron en el local tres terroristas provistos de metralletas por la puerta trasera del local, mientras otros dos esperaban en el exterior. Tras gritar “¡Gora ETA militarra!”, la balacera segó la vida de los guardias y dejó heridos a otro guardia civil -Nicolás Martín Maestro- al camarero del bar, Antonio Izquierdo, y a un cliente del bar, el peluquero Miguel Lasa Arruabarrena, que fallecería pocas horas después.

La balacera superó los 80 proyectiles. Fue de tal intensidad que un grupo de personas que se encontraban reunidas en las cercanías del bar a punto ya de finalizar un tedioso encuentro de una asociación de la localidad escuchó las detonaciones prácticamente como si estuvieran dentro del bar. Una de ellas corrió hacia el lugar del atentado. Justo tuvo una décima de segundo para para coger un bolígrafo y una cuartilla de papel. “Cuando llegué al bar todo estaba lleno de sangre. En el suelo pude ver a un guardia civil que aun estaba con vida. Vi en el suelo también a Antonio, el camarero. Le salía sangre del cuello, una de las balas le había alcanzado. Cogí al guardia y traté de asistirle como pude. Había más gente herida. Todo era dantesco”. Pronto llegaron las ambulancias.

Por su puesto que en 1980 no había móviles, ni 'guasap'. El periodista, que entonces trabajaba para la agencia Reuters, corrió de nuevo hasta llegar a la cabina más cercana y dar cuenta del atentado a sus jefes. Años más tarde, él mismo fue objeto de un atentado por un comando de ETA. “No hay duda de que intentaron silenciarme con una bomba, pero ya ves aquí sigo hablando y contando lo que ha pasado en este país, que debe mirar hacia adelante, pero teniendo claro lo que ha pasado y quiénes han aplaudido y jaleado estos 50 años de horror terrorista en el País Vasco”.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español y líder de los populares, tuvo oportunidad el pasado martes de escuchar a esta víctima del terrorismo durante los actos de inauguración del proyecto de Memorial de Víctimas del Terrorismo. El presidente le tiene un respeto evidente. También le escuchó el director adjunto del Gabinete del Ministro del Interior, Virgilio Menéndez Medrano. Y a ambos les transmitió el mismo mensaje.

- Bueno presidente, esto de las víctimas es muy importante, pero ahora hay que seguir con los presos de la organización terrorista.

- Eso es algo diferente, es otro ámbito. Ya se verá.

Y efectivamente lo es, señor presidente. Justo el ámbito en el que el Gobierno del PP no ha movido ficha en estos más de tres años de legislatura y, si no hay nada que lo remedie, parece un espejismo que lo vaya a hacer ahora que todo está teñido del color que dejan las precampañas electorales en este país.

Probablemente ha tenido que ser duro para el presidente Rajoy escuchar de boca de una víctima del terrorismo -de una además que no ejerce de ello- que le recuerden en el acto de presentación del Memorial de Víctimas, que tendrá su sede principal en el histórico edificio del Banco de España en Vitoria, que hay margen para una política penitenciaria más flexible cinco años después del último asesinato de ETA. Una organización que como suele recordar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a día de hoy es “sus presos y poco más”. Y si esto es básicamente así, ¿no sería conveniente jugar en ese tablero para acelerar la disolución definitiva de la organización terrorista?

Y duro ha sido también, en este caso para la ciudadanía, constatar en ese mismo foro que los Gobiernos central y vasco emiten en frecuencias incompatibles en materia de Paz y Convivencia. Ni Urkullu, ni Rajoy comparten algo esencial en este momento que vive la sociedad vasca después de que ETA decidiera echar casi del todo la persiana del terror en octubre de 2011, cuando gobernaban los socialistas en Euskadi y en España. No comparten una política pública en materia de convivencia para Euskadi. Y así nos va: con una sociedad que se ha situado desde hace tiempo muy por delante de sus políticos, incapaces a toda luces de articular un consenso en una materia vital para el futuro de convivencia de este país.

Y así va a seguir la cosa. Es año electoral. Y lo que no se ha ensayado en los tres años pasados, ¿para qué se va a intentar ahora? (pensará Rajoy), corriendo riesgos innecesarios por parte de un Gobierno, el del PP, que acaba de aprobar la cadena perpetua revisable con la misma soledad que le ha otorgado una mayoría absoluta que, como todas, a la postre suelen ser muy nocivas para el cuerpo legislativo de cualquier país.

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