Los jueces ven vulneración de las competencias vascas en el decreto de recortes de Rajoy
Los jueces vascos han terciado en el debate abierto por al menos tres comunidades autónomas en relación a la constitucionalidad del Real Decreto de julio de 2012 por el que Mariano Rajoy aprobó una batería de recortes en materias relacionadas con la Función Pública. Los jueces vascos consideran que el Gobierno de Rajoy ha invadido competencias autonómicas, negando a Euskadi “su competencia de desarrollo legislativo” y vulnerando “el régimen de distribución de competencias”. Hasta ahora ningún alto tribunal autonómico se había pronunciado de una manera tan tajante sobre el 'decretazo de Rajoy'.
En ese Real Decreto y otros similares, el Gobierno del PP legisló de una manera restrictiva en asuntos como la paga extra de los empleados públicos, los permisos o los días de asuntos particulares. Estos recortes, que buscaban el control del déficit público y garantizar la estabilidad presupuestaria, han sido ampliamente contestados por los sindicatos y algunas autonomías. En el País Vasco afectan directamente a los casi 70.000 empleados públicos del Ejecutivo autonómico, pero también a los de los consistorios y las diputaciones forales.
El recurso que ha impulsado este movimiento judicial por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia vasco (TSJPV) lo presentó el sindicato policial ErNE y está relacionado con el recorte de los días de asuntos particulares a los 8.000 agentes de la Ertzaintza. Han pasado de seis a tres para todos los funcionarios. Varias comunidades autónomas consideraron que había una clara invasión de competencias y que Mariano Rajoy, con esos Reales Decretos, había incurrido en vicios de inconstitucionalidad, por lo que decidieron recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Entre ellas están Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Pero mientras tanto en sus normas autonómicas aplicaban el decreto de Rajoy por ser básico y de obligado cumplimiento. Y el sindicato ErNE recurrió uno de esos recortes ante el alto tribunal vasco, en concreto la reducción de seis a tres de los días de asuntos particulares.
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal vasco ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre este asunto, a peticion del sindicato mayoritario en la Ertzaintza, porque los jueces entienden que la norma del Gobierno central (Real Decreto-ley 20/2012) “supone en la práctica la negación a Euskadi de su competencia de desarrollo legislativo” en materias de Función Pública. La resolución judicial de 20 folios, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, invoca numerosa jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional para argumentar que la intervención de la Administración central debe dejar a las autonomías “el suficiente margen de libertad de decisión dentro de su ámbito de competencias (...) Es preciso que la actuación estatal no impida que las comunidades autónomas puedan desarrollar las competencias que ostenten sobre el concreto ámbito material afectado”, según una sentencia del Constitucional de octubre de 1996 invocada ahora por los jueces vascos.
“Gasto público”
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que preside el magistrado Luis Ángel Garrido Bengoetxea entiende que la decisión de recortar de seis a tres los días de asuntos particulares de los empleados públicos vascos “supone la desaparición de los márgenes de libertad de decisión y actuación que a la comunidad autónoma del País Vasco le corresponden” según el Estatuto de Gernika y que la legislación básica estatal también reconoce. Por eso los jueces creen que las modificaciones recogidas en el Real Decreto de Rajoy “supone en la práctica la negación a la comunidad autónoma de su competencia de desarrollo legislativo en esta materia”.
Los magistrados admiten que la medida de recortes incide en la reducción del gasto público, pero consideran que el Ejecutivo del PP “no ha optado en el presente caso por fórmulas que sí respetaban ese margen de actuación autonómico derivado del ejercicio de sus propias competencias estatutariamente asumidas”. Los jueces se atreven incluso a apuntar alguna vía que podía haber empleado Rajoy para no invadir las competencias vascas: “el establecimiento de topes máximos en la legislación básica, a partir de los cuales cada Administración pública pudiera haber concretado e individualizado sus propias decisiones ponderadas de contención del gasto público en materia de personal”.
La Sala entiende que procede, como pedía ErNE, plantear ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad por “posible vulneración” de varios artículos de la Carta Magna en relación con el artículo del Estatuto de Gernika que recoge las competencias de Euskadi en materia de Función Pública.
El Gobierno vasco también ha recibido sus varapalos en materia de recortes realizados bajo el paraguas del 'decretazo de Rajoy'. Una sentencia firme ha reconocido los días de antigüedad a los empleados públicos vascos que les habían sido arrebatados por el mismo Real Decreto del PP. La sentencia se refiere a los dos días de antigüedad de 2013 que tienen reconocidos los ertzainas a partir de los 18 años de ejercicio, pero al ser firme en principio es extensible a todos los empleados públicos. En el caso de Euskadi, un total de 41.046.
