Barkos modificará el decreto del euskera tras el informe crítico del Consejo de Navarra
El Gobierno que preside Uxue Barkos modificará el decreto que prepara para regular el uso del euskera en la Administración foral después del informe emitido por el Consejo de Navarra que señalaba la no adecuación a derecho de varios de los artículos contenidos en el decreto. Barkos, que ha comparecido en el Parlamento a petición del PSN, desdice así a su consejera de relaciones institucionales, Ana Ollo, quien restó importancia al dictamen del máximo órgano consultivo de Navarra y aseguró que el Gobierno iba a aprobar el decreto en breve. La normativa se aprobará con más retraso del previsto por el Gobierno, ya que ahora los servicios jurídicos y Euskarabidea analizan las sugerencias de cambio que ya incluía el dictamen del Consejo de Navarra para que el decreto se adecuase a la legalidad vigente. La propia presidenta Barkos ha reconocido que su Gobierno recurre a la fórmula del decreto porque el cuatripartito carece de la mayoría necesaria para modificar la ley del euskera, que creen superada.
Barkos ha contrarrestado las críticas que ha recibido su proyecto del euskera por parte de la oposición tras conocerse el dictamen del Consejo de Navarra. En su opinión, el máximo órgano consultivo “ha avalado la mayor parte del decreto”. El dictamen, sin embargo, considera que no se adecúan a derecho los artículos en los que se regula el conocimiento del euskera como mérito en el acceso a la función pública. Entre otras afirmaciones, el dictamen señala que “la normativa propuesta varía de forma sustancial las reglas hasta la fecha existentes en esta materia, incrementando la ponderación que debe otorgarse al conocimiento del euskera en los baremos respecto a la puntuación total, sin que se haya ofrecido justificación alguna en la proposición del texto normativo”.
La presidenta Barkos ha intentado explicar en el Parlamento cuál es la justificación de su Gobierno para incrementar de forma “exponencial” el peso del conocimiento del euskera en el acceso a la Administración. “El Gobierno quiere sustentar la planificación en la realidad sociolingüística de Navarra, una realidad que no es estática, sino que avanza”, ha señalado. “No solo aumenta el número de hablantes en euskera, sino que ese avance está perfectamente focalizado en las generaciones más jóvenes”. Por esta razón, y basándose en datos como que “la UPNA contabiliza hasta un 30% de su alumnado como euskaldun”, o partiendo de la base de que “hay 160 plazas con perfil en euskera en un cuerpo de más de 16.000 funcionarios”, el Gobierno incrementa en su decreto el peso del conocimiento del euskera para acceder a la Administración foral, y lo hace en las tres zonas lingüísticas en las que la ley del euskera divide el territorio foral.
Esta nueva planificación del euskera, ha asegurado la presidenta, “en nada afecta a quienes ya tienen consolidados sus derechos como empleados públicos”. Sin embargo, en el dictamen del Consejo de Navarra se advierte que “esta parte de la regulación del proyecto de Decreto Foral genera diversas dudas de legalidad por cuanto la relevancia del conocimiento del euskera en el acceso a la función pública, promoción y movilidad de los funcionarios, así como los principios de igualdad y no discriminación”.
Concretamente, el dictamen establece que la regulación de los puestos bilingües de la plantilla orgánica de la Administración que se propone en el decreto carece de validez jurídica. Para adquirirla y “adecuarse a los principios constitucionales y jurisprudenciales que regulan la utilización de las lenguas vernáculas junto con el castellano”, el Consejo de Navarra entiende necesario establecer diferencias en función de la zona lingüística en la que se encuentren los puestos de la Administración. En el decreto del Gobierno, critica el Consejo, “no existe ninguna diferencia a la hora de regular los puestos de trabajo que, prioritariamente, deberían tener perfil obligatorio de conocimiento euskera en la zona vascófona, en la zona mixta y en la zona no vascófona, cuando la realidad sociolingüística es diferente”.
“Hay algunas cuestiones en el informe que nos van a ayudar claramente a que el decreto se sustancie con una mejor viabilidad legal”, ha reconocido la presidenta Barkos. A pesar de las numerosas críticas que contiene el informe hacia el grueso del decreto que prepara su Gobierno, ha negado que resulte un “varapalo”. Ha añadido que su proyecto de decreto es “posibilista, inserto en una ley que algunos consideramos superada, pero es una herramienta que nos permita echar a andar para responder al porcentaje cada vez más importante de la sociedad navarra que así lo demanda”. “Yo hubiera preferido claramente una reforma de la ley, creo que nos hubiera podido evitar muchas diferencias, pero no existe una mayoría en la Cámara para modificar la ley”, ha reconocido.
