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El Tribunal de Cuentas investigará el sistema de dietas de cuyo cobro irregular absolvió a Barkos

La institución entiende que cobrar por adelantado el máximo de dietas y justificarlo posteriormente no favorece el control de los fondos públicos

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Tribunal de Cuentas ve "injusto" que se le cuestione por casos de corrupción

El presidente del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda EFE

El asunto de las dietas que la presidenta Barkos cobró durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pamplona ha cobrado un nuevo giro de manos del Tribunal de Cuentas. La misma institución que exculpó a la presidenta de las acusaciones que contra ella formulaba la asociación Justicia et Véritas ha anunciado ahora que investigará el sistema por el que el Ayuntamiento retribuyó a sus concejales entre 1999 y 2013. El tribunal ha dictado un auto en el que se resuelve la designación de un instructor para que investigue el caso, por si existiera un supuesto de responsabilidad contable achacable a la propia institución que implantó el sistema retributivo.

El auto supone una doble victoria para Geroa Bai, partido en el que milita la presidenta Barkos y que solicitó al Tribunal de Cuentas en mayo que investigase el sistema de dietas, y no sólo las que hubiera cobrado Barkos durante su etapa como concejal y diputada. La victoria de Geroa Bai es doble porque Barkos el tribunal encuentra que no hay cargos contra Barkos y porque ahora ha decidido seguir la sugerencia de investigar todo el sistema.

Un sistema instaurado en 1999, con Yolanda Barcina de alcaldesa, destinado a pagar dietas a los concejales no liberados, y por el que los emolumentos por asistencia se pagaban cada mes de forma anticipada y por el número máximo de reuniones permitido. Cada seis meses, se remitía a los responsables de los grupos municipales un formulario que debía rellenar cada concejal y en el que se dejaba constancia de las reuniones a las que había asistido durante el semestre anterior, y que ya había cobrado con anterioridad en la cuantía máxima permitida. Este formulario se remitía después al departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Una resolución del alcalde aprobada posteriormente la liquidación de las dietas.

El reglamento de sistema fijaba un máximo de una dieta al día y 13 dietas al mes, cifradas en 120 euros por reunión. En total, los concejales cobraban en concepto de dietas por asistencia casi 19.000 euros anuales.

Se da la circunstancia de que ha sido la misma consejera del Tribunal de Cuentas quien ha dictado el archivo de las diligencias contra Uxue Barkos y la apertura de la investigación del sistema retributivo que puso en marcha Barcina. Lo ha hecho, señala en su auto, a la vista de los antecedentes estudiados por el tribunal en la denuncia contra Barkos, “de los que se desprende que los hechos pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance”, es decir, que el sistema de dietas podría no estar lo suficientemente bien establecido y la responsabilidad sería de los máximos exponentes políticos de la institución.

En la sentencia en la que archiva el caso contra Uxue Barkos, el Tribunal de Cuentas ya advierte que el sistema retributivo, aunque contaba con la aprobación de los correspondientes órganos municipales, “era absolutamente inadecuado para garantizar una eficiente gestión de estos gastos y un suficiente control de los mismos”. Además, añade el fallo, “el carácter anticipado de los pagos y su articulación en nómina, unidos a la imposibilidad de poder conocer, a través de los documentos acreditativos de las reuniones del grupo municipal celebradas con derecho a dieta, en qué fechas y horas se celebraron tales reuniones, favorece la opacidad en la gestión de esos fondos públicos, minimiza las posibilidades de controlo sobre los mismos y potencia escenarios de posible enriquecimiento injusto por indebidas percepciones de dietas no justificadas que podrían encubrir sobresueldos”.

Aunque concejales de todos los grupos políticos cobraron dietas por este sistema desde 1999 hasta 2013, año en el que se modificó, la denuncia por posibles irregularidades en el cobro sólo se ha referido a la ahora presidenta Barkos, que en su época de concejal compaginaba esta labor con la de diputada.

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