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La participación ciudadana necesita recursos públicos

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La regeneración democrática que, desde la política, se está preconizando frente a la desafección política y a la pérdida de confianza de nuestra sociedad en sus instituciones, también pasa por el impulso de la participación ciudadana. Así lo atestiguan las constantes declaraciones y promesas que los partidos políticos van formulando para las próximas elecciones.

Sin embargo no es arriesgado afirmar que el hecho de que se quiera destacar su importancia, no nos asegura que el discurso esté suficientemente interiorizado, ni que tenga el mismo significado para todos y, mucho menos, que vaya a ser un tema prioritario en la agenda política post-electoral.

Eso es lo preocupante y en lo que conviene centrar la atención de todas las formaciones políticas, dado que el impulso de la participación ciudadana, aunque está más integrado en el discurso de la izquierda, requiere una mayor reflexión y definición política en todas ellas. De lo contrario, se corre el riesgo de que esté hueco y sea un mero reclamo electoral. Y en el caso de que realmente se quiera aplicar, puede ocurrir que un déficit de definición favorezca que los próximos equipos de gobierno decidan practicarla sin sentirse cómodos o sin saber afrontarla, gestionarla y asumir sus consecuencias, generando experiencias negativas entre la ciudadanía que, posteriormente, costará mucho tiempo superar.

Por ello, la participación ciudadana está necesitada de mucha responsabilidad, de compromisos políticos concretos y de una buena gestión técnica.

Los compromisos políticos que se necesitan están relacionados con el reconocimiento de su centralidad política y del importante papel que está llamada a desempeñar en la gestión pública.

Para que los referidos compromisos políticos se materialicen, se necesitará dotarla de los recursos administrativos y técnicos necesarios. Por eso ha llegado la hora de crear en el organigrama la unidad administrativa que se ocupe específicamente de su impulso y gestión, donde todavía no exista. Su ubicación deberá ser la que permita ejercer mejor el liderazgo político de la institución y la que pueda garantizar la necesaria coordinación de todas sus áreas administrativas.

Algunas Administraciones ya han tenido experiencias participativas, pero quizás no han reflexionado lo suficiente, ni obtenido su conclusiones

Sus funciones estarían vinculadas al desarrollo de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto en materia de participación ciudadana; al asesoramiento y acompañamiento en los diferentes procesos vinculados a la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas y servicios públicos que se promuevan desde las diferentes áreas administrativas del gobierno y de los ayuntamientos, así como a la sensibilización ciudadana y a la profundización, innovación e impulso de otras formas de democracia directa.

Dada la tendencia existente en nuestras Administraciones a realizar reglamentos y a desarrollar normativas para regular todas sus actividades, en esta materia no es aconsejable comenzar por este tipo de medidas, sino más bien, por emprender determinados proyectos estableciendo las reglas de juego de los mismos y dejar que se vaya extendiendo a todas las áreas de la Administración, con el fin de que los políticos, los técnicos y la ciudadanía vayan confiando en la misma y sacando sus conclusiones.  

Algunas Administraciones ya han tenido experiencias participativas, pero quizás no han reflexionado lo suficiente, ni obtenido su conclusiones. Este trabajo, si está pendiente, sería conveniente hacerlo para decidir el programa de participación ciudadana que se pretenda desarrollar.

Pero, quizás, uno de los retos más importantes e innovadores que debería abordarse es el de su transversalidad. Es decir, de su incorporación en todas las políticas y en la implicación coordinada y/o integrada de las Unidades que participen en un mismo proyecto. La actual segmentación existente en el funcionamiento de nuestras Administraciones constituye un importante obstáculo para alcanzar este objetivo. Sin embargo, es una condición imprescindible para poder responder de manera integral y coherente a las propuestas ciudadanas que se formulan en todos los procesos participativos.

Para ello es conveniente crear espacios, informales o formales, de coordinación en cada uno de los proyectos de participación e ir preparando personas en las diferentes Unidades que estén interesadas en promoverla. De ese modo, a medio plazo podría generarse una red interdepartamental con la que poder planificar de manera conjunta los procesos participativos de una misma administración, coordinar sus recursos y socializar conocimientos y experiencias.

Otras barreras para abordar la referida transversalidad de la participación ciudadana están relacionadas con el importante desconocimiento en unos casos, y confusión en otros, que se detecta en la actualidad sobre el concepto, la utilidad y la gestión de la participación en el seno de las Administraciones.

A la inexistencia de un leguaje y de una visión común sobre su utilidad, se une la desconfianza que, en ocasiones, genera entre los políticos y los técnicos de las administraciones que la consideran como una intromisión y renuncia a su liderazgo en favor de la ciudadanía. En otras, mantienen una concepción tradicional y limitada, equiparándola a la mera información y consulta ciudadanas.

Con el fin de poder superar algunas de estas barreras, es necesario sensibilizar y formar a los políticos y a los técnicos respecto a sus actitudes con la participación ciudadana, para que puedan plantearla y abordarla con garantías de calidad.

Este esfuerzo también hay que realizarlo con las organizaciones sociales, promoviendo acuerdos ciudadanos para el impulso de la participación y, a otro nivel, con la ciudadanía, facilitando espacios permanentes de colaboración y de mayor implicación social en la planificación y gestión de los servicios públicos.

*Este es el último de una serie de cuatro artículos del autor. El primero fue La innovación pública: una condición necesaria para abordar los cambios pendientes, el segundo Políticas públicas y ciudadanía y el tercero Gobernanza y participación ciudadana.

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