Más obstáculos para la lista única que pretende implantar el Gobierno en la OPE de Educación
Las circunstancias no se están manifestando propicias para uno de los objetivos más deseado de la consejera de Educación, el de implantar la lista única de aspirantes para la próxima Oferta Pública de Empleo. Aún sin convocar la OPE, y con la previsión de celebrar los exámenes en junio del año que viene, la consejera trabaja contra viento y marea para conseguir que los aspirantes a profesor integren una única lista aunque pretendan hacerse con plazas en euskera o castellano. Pero al rechazo político de la oposición y a la crisis abierta en el seno del cuatripartito por el anuncio de IU de no apoyar esta iniciativa, ahora se suma también la burocracia a la lista de obstáculos que la consejera María Solana tendrá que sortear, si quiere llegar a tiempo. La burocracia, señala el Defensor del Pueblo en un informe encargado por el propio Gobierno sobre este asunto, tardaría como mínimo seis años en resolverse para que la lista única tuviera suficientes garantías legales. Y el Gobierno no dispone de medio año para perderlo en papeleo, porque mientras tanto tiene que convocar la oposición y celebrar los exámenes.
La lista única para el acceso a la función pública es una vieja aspiración de los sindicatos nacionalistas que la consejera Solana ha tomado como prioritaria en lo que le queda de legislatura. Defiende Solana que en otras comunidades autónomas bilingües se funciona con lista única sin que se hayan producido controversias, ya que es un sistema que prima al mejor profesional para el puesto público por el que se oposita. Lo que ocurre es que el euskera no es lengua oficial en toda Navarra. La ley del Euskera, que la propia Barkos ha declarado “superada” y que el cuatripartito no puede cambiar porque carece de la mayoría cualificada necesaria, establece que el euskera es lengua cooficial en la zona vascófona. En el resto de la comunidad, no se le puede dar este tratamiento. De forma que la implantación de la lista única que pretende Solana requiere una serie de modificaciones legales de calado, que deben llevarse a cabo con todo rigor si no quieren terminar recurridas ante los tribunales por parte de la oposición.
Consultado por estos cambios legales precisos para implantar la lista única, el Defensor del Pueblo se refiere a dos cuestiones. La primera, una modificación del decreto foral 37/2014, que regula la provisión de puestos de trabajo del personal docente en Navarra. El solo cambio de este decreto ya puede suponer 6 meses de tramitación, recuerda el Defensor, “habida cuenta de someterlo a negociación sindical, pues afecta a temas laborales, así como al dictamen del Consejo de Navarra y la elaboración de las correspondientes memorias, informes técnicos y de intervención”, cita.
En segundo lugar, añade, también sería preciso modificar la orden foral 55/2016 por las que el cuatripartito aprobó las normas de gestión de relaciones de aspirantes a la contratación temporal de Educación. Una normativa que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dejó sin efecto en dos artículos, en sentencia de 5 de julio de este mismo año, por lo que la modificación debería de llevarse a cabo de acuerdo con este pronunciamiento judicial para evitar ser recurrida de nuevo.
En resumen, la búsqueda de seguridad jurídica que ha emprendido el departamento de Educación para su anhelada lista única sólo arroja como resultado un enmarañado paisaje de modificaciones legales sin garantías. Y con un calendario de seis meses de trabajo por delante.
No obstante, aunque el departamento que dirige Solana se dedicara de lleno a esta difícil tarea jurídica y acelerase los trabajos para poder implantar la lista única antes de convocar la OPE, los obstáculos políticos que se presentan para este objetivo sí parecen insalvables. Al menos, si los grupos parlamentarios mantienen las posturas que han anunciado con respecto a este asunto.
El entierro de la lista única antes de que pueda ver la luz correrá a cargo del PSN, que ha registrado en el Parlamento una ley con la que pretende que haya dos tribunales, uno en castellano y otro en euskera, para evaluar a los aspirantes que se presenten a la OPE de Educación el próximo mes de junio. La oposición de derechas apoyó la iniciativa socialista, pero también lo hizo Izquierda Unida, quebrando la unidad de voto del resto del cuatripartito, que se opuso a la iniciativa socialista. La proposición de ley se tramitó con carácter de urgencia y en lectura única, de forma que podría debatirse en el pleno previsto para el próximo 21 de diciembre.
Si finalmente Izquierda Unida mantiene su respaldo a la ley socialista, el Gobierno se verá obligado a aplicarla en la convocatoria de la OPE y sus aspiraciones de implantar la lista única habrán muerto. “Si el resultado es que se aprueba una ley foral por la que se establece y se obliga a tener que mantener el sistema de lista segregada, con dos exámenes en días distintos, no quedará otra que cumplir con la ley”, reconoció Solana.
Sería, además, la segunda gran derrota política del cuatripartito en el Parlamento. La primera llegó de la mano de la ley de Policía, que fue devuelta al Gobierno gracias a los votos de IU y Podemos. La formación morada discutirá en su Consejo Político qué postura adoptará frente a la ley socialista para evitar la lista única en Educación.
