Confrontación por la vuelta de Euskal Herria a los libros de texto
Euskal Herria vuelve a ser el principal objeto de confrontación política en Navarra. El Gobierno que preside Uxue Barkos ha dejado sin efecto la prohibición, aprobada por los anteriores gobiernos de UPN, de que los libros de texto que se utilizan en los centros escolares de Navarra puedan incluir el término Euskal Herria para referirse a la Comunidad foral. La oposición se ha puesto en pie de guerra contra esta iniciativa del Gobierno y le exige “respeto institucional” hacia Navarra. Especialmente duros se han mostrado UPN y PP, que acusan al cuatripartito de valerse de su mayoría parlamentaria para ejercer “utilización política” de la Educación.
El término Euskal Herria ha enfrentado tradicionalmente a la derecha y los nacionalistas en Navarra. Para los regionalistas, la inclusión de la Comunidad foral en el término Euskal Herria es una falta de respeto hacia la realidad institucional de Navarra y un paso más en la “construcción nacional” a la que aspiran los nacionalistas. Para estos, por su parte, Euskal Herria es un concepto cultural y lingüístico con el que referirse a los territorios en los que se habla euskera.
El celo de UPN en su cruzada anti nacionalista llevó a los gobiernos presididos por Miguel Sanz y Yolanda Barcina a aprobar varias órdenes forales con las que, en la práctica, prohibían la utilización del término Euskal Herria en los libros de texto de los centros escolares navarros, que en determinados tramos gozaban de financiación pública para resultar gratuitos a las familias.
Concretamente, UPN basó su negativa a financiar los textos con el término Euskal Herria por “no adaptarse en sus contenidos a lo establecido en la normativa aprobada previamente por el Gobierno de Navarra sobre el desarrollo de los currículos en las etapas educativas”. Además, consideraba UPN, “la inclusión de contenidos de Navarra en el contexto de Euskal Herria es contraria a la legalidad constitucional”.
Las órdenes forales de UPN datan de los años 2010 y 2014. Pero el actual Gobierno ha decidido dejarlas ahora sin efecto al considerar que eran las propias normas de UPN las que no tenían una perfecta cobertura legal. Para el cuatripartito, estas normas eran una suerte de “censura previa” innecesaria, ya que la LOE suprimía la autorización previa de los libros de texto por parte de las administraciones educativas. Las normas de UPN, en opinión del Gobierno foral, “contravenían” la LOE.
El consejero de Educación del cuatripartito, José Luis Mendoza, derogó el pasado mes de julio las cuatro órdenes forales, según ha confirmado su director general, Estebe Petrizan. “Hemos derogado unas órdenes forales que contravenían la ley orgánica de educación vigente en el Estado, y que además usaban un procedimiento que podríamos calificar de fraude de ley, porque estaba utilizando la ley foral de gratuidad de los libros de texto para vulnerar derechos de las editoriales y centros educativos”, explica el director general.
UPN: “Aberración” y “sectarismo”
El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha tachado de “aberración educativa y desprecio a Navarra” la decisión del Gobierno foral. UPN acusa al Ejecutivo de “utilizar la educación para fines políticos, más aún, para adoctrinar sobre la existencia de una realidad política e institucional que no se corresponde con Navarra”, en un “claro ejemplo del sectarismo y de la obsesión del actual Gobierno nacionalista de Navarra por imponer sus planteamientos partidistas por encima de lo que marca la ley y sin que les produzca ningún pudor hacerlo en los sectores más vulnerables de la sociedad como son los jóvenes.
Catalán ha afirmado que “las órdenes forales derogadas por el actual Gobierno nacionalista de Navarra se dictaron para aportar conocimientos sobre la realidad de Navarra, salvaguardar una educación basada en las normas de convivencia que nos hemos dado y para evitar cualquier manipulación sobre la realidad de la Comunidad Foral de Navarra”.
El PSN, por su parte, ha exigido al Gobierno de Navarra que cumpla “rigurosamente” con su labor de inspección de los libros de texto que se estudian y utilizan como material en los centros educativos que reciben dinero público, “de manera que se garantice que el contenido se ajusta no solo al respeto de la legalidad vigente sino a unos principios cívicos y democráticos básicos que deben cumplirse en la sociedad”.
