Crece el agujero de la Ciudad del Transporte
El agujero de la Ciudad del Transporte crece hasta los 71,5 millones de euros que se pagarán finalmente por la compra de los terrenos necesarios para su ampliación hasta una superficie total de unos 1,6 millones de metros cuadrados. En los pleitos que los propietarios de los terrenos abrieron contra el Gobierno de Navarra por el precio al que éste decidió pagar las expropiaciones en 2008, el Tribunal Supremo ha fallado en contra del Ejecutivo y esto supone un notable incremento de las indemnizaciones adicionales que han de pagarse con dinero público. Además, el Supremo ha ordenado que se pague a los propietarios un 5% adicional en concepto de intereses, con lo que la suma que adeuda ahora el Gobierno se eleva a 51,3 millones. El gabinete de Barkos ha decidido aprobar la ampliación de gasto para saldar la deuda este mismo año.
En total, se pagarán 71,5 millones de euros por el suelo correspondiente a la ampliación de la Ciudad del Transporte en su tercera y cuarta fase. Los correspondientes a la tercera, que suman 636.000 metros cuadrados de suelo industrial, a duras penas llegan al 50% de instalación de actividad industrial. Los casi 400.000 metros cuadrados de la cuarta fase de la ampliación están sin urbanizar y, en algunos casos, los antiguos propietarios han seguido cultivando en los terrenos por los que ahora cobrarán una indemnización total de 51,3 millones.
El conflicto judicial al que ahora debe hacer frente el Gobierno de Barkos proviene de la gestión de los anteriores ejecutivos de UPN. Concretamente, en 2008 el Jurado de Expropiación de Navarra fijó en 2008 el justiprecio del metro cuadrado en 20,01 euros, pero los propietarios recurrieron esta tasación. Tras una sucesión de recursos interpuestos por el Gobierno y por los propietarios, el precio ha quedado finalmente fijado en 53,06 euros por metro cuadrado en unos casos y en 57,09 euros por metro cuadrado en otro.
Al conocer las primeras sentencias favorables a los intereses de los propietarios de los terrenos, el pasado mes de marzo, el Gobierno de Barkos habilitó un mecanismo para poder hacer frente a las consecuencias económicas de estos pleitos, que se preveían cuantiosas. El cuatripartito aprobó una ley foral con una dotación inicial de 25 millones de euros que procedían de un crédito ampliable. Así que el Gobierno ha ejecutado esa posibilidad de ampliación en otros 26,36 millones hasta llegar a los 51,3 de indemnizaciones fijadas por los tribunales. De dicha ampliación, 9 millones irán a cargo del fondo de contingencias disponible en los presupuestos de este año, mientras que el resto se financiará contra la mayor capacidad de endeudamiento que el Estado y Navarra acordaron para la Comunidad foral este año.
