El Defensor del Pueblo echa por tierra la petición de UPN de sacar a Cizur de la zona mixta
No le ha salido muy acertada a UPN su petición para remitir al Defensor del Pueblo todos los acuerdos de los Ayuntamientos que quieren que su municipio cambie de zona lingüística. El único de estos acuerdos promovido por UPN, con mayoría en la Cendea de Cizur, solicitaba al Parlamento que la localidad dejase de formar parte de la zona mixta para integrarse en la no vascófona. El resto, 42 solicitudes, pedían el camino inverso y pasar a formar parte de la zona mixta, con un mayor régimen de protección del euskera. El Defensor del Pueblo encuentra que salir de la zona mixta e integrarse en la zona no vascófona, como pedía UPN, puede vulnerar tanto la Ley foral del Vascuence, como la Constitución y la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.
El pronunciamiento del Defensor del Pueblo viene a dar la razón tanto a los grupos del cuatripartito, como a los concejos (7 de los 8 que forman la Cendea se han opuesto a la intención de los regionalistas de abandonar la zona mixta) y a los vecinos, que han recopilado más de 600 firmas en contra de que el Parlamento apruebe la iniciativa de UPN. El Defensor razona que pasar de la zona mixta a la zona no vascófona supone “reducir la protección de la lengua minoritaria”, y el Parlamento debería justificar esta iniciativa de forma suficiente como para no ser considerada un acto de “desprotección del patrimonio cultural”.
Además, la justificación que cabría para excluir a una localidad de la zona mixta debería basarse “en razones estrictamente sociolingüísticas”, como podría ser la constatación de que un elevado número de vecinos de la localidad desconociera el euskera o no lo emplease desde hace mucho tiempo, o la constatación de que la gran mayoría de la población no tiene intención de recuperar el uso de esta lengua.
Ninguna de estas justificaciones acompaña la petición de UPN de sacar a la Cendea de Cizur de la zona mixta. Y el Defensor aclara que “el Parlamento es el único poder público al que le corresponde determinar el ámbito del régimen legal del euskera y sus efectos sobre los ciudadanos”. En su informe, el Defensor marca la pauta a los grupos parlamentarios que ya expresaron su rechazo a la petición de UPN. Así, establece que dicha iniciativa “podría alejarse de los objetivos de reconocimiento del euskera como patrimonio o riqueza cultural, e implicaría un menor reconocimiento de los derechos” de los ciudadanos que hablan euskera. Se les negarían unos derechos que, hasta ahora, tenían reconocidos por el legislador desde que en 1986 se aprobó la ley foral del Euskera.
Rechaza también el Defensor el argumento de que la pertenencia a la zona mixta suponga “cargas y obligaciones” extraordinarias al ayuntamiento de la localidad. Sus “deberes mínimos”, recuerda el informe, “son reconocer el euskera como patrimonio público, protegerlo y fomentarlo” a través de los instrumentos que el propio municipio considere oportunos. Y dispone para ello de “un amplio margen de autonomía y discrecionalidad”, apunta el Defensor.
