El Defensor del Pueblo constata “menos receptividad y aceptación” de las administraciones a sus sugerencias

El defensor del pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha lamentado que durante el pasado ejercicio ha constatado “menos receptividad o menos aceptación” por parte de las administraciones a las sugerencias y recomendaciones de la institución, algo que “no es bueno”, y ha considerado que “las administraciones están siendo excesivamente burocráticas con muchas de las formas de tratar los problemas de los ciudadanos”.

Así lo ha señalado el defensor del pueblo antes de reunirse este miércoles con la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, para entregarle el informe anual correspondiente al ejercicio 2016, que contempla 1.965 actuaciones, 826 menos que en 2015, lo que supone un descenso del 29,6%.

La labor desplegada en 2016 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 84 sugerencias, 235 recomendaciones y 121 recordatorios de deberes legales (en total 487 decisiones). Todo ello fruto de los 11.617 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 910 consultas y presentar 830 quejas (han gestionado 989 expedientes), el 82,2% admitidas a trámite y el 81,6% fundadas.

Se han practicado 677 investigaciones, 615 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 47 de oficio, 13 a propuestas ciudadanas y dos en razón de los informes elaborados.

FUNCIÓN PÚBLICA, EL ÁMBITO CON MÁS QUEJAS

Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, función pública, bienestar social, educación, acceso a un empleo público, sanidad, medio ambiente, hacienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana, vivienda y justicia.

Por lo que se refiere a la primera de las materias, función pública, se presentaron 108 quejas, entre las que destacan las 29 que requerían al Departamento de Educación el pago de los meses de julio y agosto al personal docente contratado; las ligadas a las dificultades del personal sanitario para conciliar su vida familiar y laboral; y las de disconformidad por la falta de reconocimiento de determinados complementos a algunos funcionarios.

En segundo lugar, se sitúan las quejas (75) referentes a bienestar social. De ellas, 20 aluden a cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, entre las que destacan las relativas al desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados y el régimen de funcionamiento en los centros de observación y acogida.

Asimismo, constan otras 19 quejas relacionadas con la inclusión social, entre las que sobresalen las centradas en la renta de inclusión social (RIS), tanto en lo que atañe a su denegación, como en lo tocante a la demora en la concesión o renovación.

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a educación, entre las que destacan las vinculadas con Formación Profesional (por inadmisión en las modalidades solicitadas) y con el Bachiller (entre ellas, las referidas a las enseñanzas artísticas y al hecho de que esta solo se imparta en un centro en Pamplona), las relativas a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, y, al igual que en años anteriores, las alusivas al proceso de admisión en centros escolares, tanto en Primaria, como en Secundaria.

En cuarto término se sitúan las quejas referentes al acceso a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Se cuestiona la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal y se expresa el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación.

En un quinto lugar, se ubican las quejas de sanidad, entre ellas las que muestran su disenso con la atención clínica recibida, así como con las listas de espera (sobre todo, en el área de rehabilitación) y la denegación de prestaciones sanitarias y el reintegro de gastos.

La sexta materia es medio ambiente, donde, al igual que en ejercicios precedentes, dominan las quejas alusivas a los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las derivadas de la contaminación acústica procedente de bajeras de jóvenes y negocios de hostelería.

RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES

En cuanto a la respuesta de las distintas administraciones a los planteamientos del Defensor del Pueblo, Javier Enériz ha explicado que “nos han aceptado alrededor del 60%”, un porcentaje que “no es alto” y ha explicado que las más receptivas son las administraciones locales. “Cuanto más pequeñita es más receptiva y acepta más, le puede la cercanía al vecino”, ha destacado.

Según ha expuesto, “las administraciones mayores son las que menos recepción tienen” y ha detallado que las menos receptivas han sido el departamento de Educación y el departamento de Salud. Por contra, el departamento de Medio Ambiente alcanzado un grado de aceptación “muy alto”.

También se ha referido Enériz al Ayuntamiento de Pamplona, a quien la institución se ha dirigido para decirle que “hay que contestar al Defensor del Pueblo antes, con mucha más rapidez y velocidad de la que nos contesta”. No obstante, ha resaltado que “hay un grado de aceptación razonable cuando nos llega por fin la respuesta”.

En términos generales, el defensor ha lamentado que nota “menos receptividad o menos aceptación que en años anteriores, o al menos con respecto al año anterior”, algo que “no es bueno”. “Las administraciones están siendo excesivamente burocráticas con muchas de las formas de tratar los problemas de los ciudadanos. Además de la burocracia también está el corazoncito y hay que tener un poco más de sensibilidad con la gente y con los problemas que le llegan”, ha reivindicado.

En este sentido, ha remarcado que “a través del procedimiento administrativo y el derecho no se resuelve todo” y que “a la gente primero hay que oírle y atenderle”. “Creo que falta oír en términos generales en muchas de las administraciones”, ha sostenido.

RELEVO DE ENÉRIZ

Por otro lado, sobre su relevo al frente de la institución, Enériz ha reconocido que “no es fácil” encontrar una persona como defensor del pueblo para seis años y ha subrayado que se trata de “un problema de mayorías”, ya que “hay que poner de acuerdo a 30 parlamentarios y a varios grupos”.

“Cuando se decida, el Parlamento abrirá un proceso, buscará el perfil que considere más adecuado y sustituirá al actual titular, mientras tanto yo sigo mientras aquí no venga nadie”, ha concluido.