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Detenidas siete personas acusadas de fraude a la Seguridad Social en la Ribera

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que operaba en la Ribera de Navarra y que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de 300.000 euros.

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Han sido detenidas siete personas y se han presentado cargos contra otras seis personas más por fraude a la Seguridad Social y pertenencia organización criminal.

La operación se inició una vez que una empresa situada en Corella fue investigada y declarada ficticia a mediados del año 2016 por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, dicha empresa, dedicada a la construcción, tuvo en su día una actividad real pero a partir de un determinado momento dejó de tenerla, para ser utilizada presuntamente como "tapadera" para obtener un beneficio ilícito con la venta a supuestos trabajadores de altas falsas en la Seguridad Social para que estos, con posterioridad, solicitasen prestaciones por desempleo, maternidad, incapacidad y otros supuestos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).

Los supuestos empleados posteriormente cobraron diversas ayudas económicas que ascendieron a un total de 44.187,38 euros. Asimismo los empresarios adquirieron una deuda con la Seguridad Social por un importe de 270.852,66 euros por impago sistemático de las cotizaciones que les correspondían.

Según ha explicado la Policía Nacional, dado que la mayor parte de los supuestos trabajadores eran de nacionalidad extranjera, los mismos podían acceder a permisos de residencia en España que a su vez les facilitaban el acceso a otras prestaciones (renta básica, subsidios, viviendas sociales, etc.).

La investigación, que actualmente se da por concluida, es fruto del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior.

En esta operación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra remitió a la Policía Nacional un completo informe como consecuencia de sus actuaciones inspectoras a la empresa investigada.

Los supuestos empresarios presuntamente intercalaban actividad real con actividad ficticia para entorpecer una posible investigación policial posterior, siendo además titulares de otras sociedades que hacían de pantalla ante los sistemas de supervisión de la Administración.

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