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Se insta al Ejecutivo foral a volver a hacer efectivas las atribuciones respecto a la cárcel de Pamplona

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que la Cámara "manifiesta su voluntad de que Navarra ejerza las competencias históricas respecto de la cárcel de Pamplona, que ya tiene atribuidas por el artículo 39.1 de la Lorafna y que había venido desarrollando, por lo que insta al Gobierno de Navarra a volver hacer efectiva la ejecución de las mismas".

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La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se compele a los Gobiernos de Navarra y España a "abordar lo antes posible, en el marco de la negociación del Convenio Económico, la transferencia a Navarra de la competencia en materia penitenciaria, tal y como establece el artículo 58.1.a de la Lorafna".

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a "adoptar las medidas necesarias para que las aproximadamente doscientas personas presas navarras o con arraigo en Navarra, que están cumpliendo pena fuera de nuestra Comunidad, sean trasladadas a Pamplona, siempre que así lo deseen las personas afectadas, un derecho reconocido en la propia legislación penitenciaria". "Asimismo, se insta al Gobierno de España a que limite las plazas de la cárcel de Pamplona a un máximo de 500 personas".

Asimismo, el Legislativo foral conmina al Gobierno central, "en tanto en cuanto ostente la competencia de la cárcel de Pamplona, a garantizar los recursos humanos y materiales suficientes para que las personas presas puedan disponer de celdas individuales y tener acceso a todos los espacios y las actividades de las que podrían disponer". Al mismo tiempo, se le insta a "dotar de personal suficiente para poder disponer de un módulo de jóvenes, otro para madres, así como un módulo terapéutico y otro módulo más adecuado para mujeres".

Del mismo modo, se emplaza al Gobierno de Navarra y a las administraciones competentes a "hacer efectiva la competencia que ostenta en materia de Educación y Bienestar Social para una atención educativa y social de calidad que garantice la igualdad de derechos para las personas privadas de libertad". "Para ello, realizarán un diagnóstico de necesidades, un plan de puesta en marcha de medidas concretas y dotación de recursos, entre los que se incluirán la implantación de ayudas económicas para incentivar la educación para personas adultas, la oferta de formación profesional y universitaria", añade. Este epígrafe, al igual que los tres siguientes, ha prosperado por unanimidad.

Por otra parte, se urge al Departamento de Salud a "acelerar las negociaciones con el Gobierno de España para avanzar en la asunción de la competencia de sanidad penitenciaria en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional sexta de la Ley General de Sanidad 16/2003, al objeto de garantizar una atención y seguimiento de calidad a las personas presas, en igualdad de condiciones que el resto de la población". "Para ello, realizará un diagnóstico de necesidades y una previsión de los recursos necesarios".

Además, se anima al Gobierno de Navarra y las entidades locales correspondientes a "adoptar las medidas necesarias, al objeto de facilitar unas condiciones de vida dignas a las personas presas y expresas y sus familiares". Concretamente, dotando de recursos para garantizar la accesibilidad al centro penitenciario, estableciendo urgentemente algún tipo de transporte público; y adoptando las medidas y modificaciones legislativas necesarias en materia de vivienda, Renta Garantizada y otras prestaciones sociales para atender a las circunstancias y necesidades específicas de las personas que a la salida de prisión tienen dificultades para justificar los tiempos de empadronamiento, residencia o cotizaciones requeridos.

Por último, se acuerda que el Parlamento de Navarra traslade esta declaración "a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, al Ministerio de Interior del Gobierno de España, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y al Ayuntamiento de Pamplona".

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E se remite a la doble sesión de trabajo celebrada el pasado día 19 con Salhaketa (asociación que defiende los derechos de las personas presas) y diversos colectivos sociales que trabajan en la cárcel de Pamplona y, a ese respecto, hace suyas las principales conclusiones alcanzadas en torno a la oportunidad de impulsar la asunción de competencias en materia penitenciaria, así como a "la necesidad de revertir las deficiencias detectadas en los ámbitos de salud, educación o atención social".

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