La Fiscalía cierra la vía penal para juzgar los maltratos a alumnos con discapacidad de El Molino
Los padres de los alumnos del centro ocupacional El Molino han visto frustradas sus esperanzas de que la justicia dictamine sobre los malos tratos que sufrieron sus hijos, todos ellos con discapacidad. La denuncia que interpuso el Gobierno contra tres monitores del centro no continuará su tramitación por la vía penal, ya que Fiscalía ha solicitado su archivo y recomienda al Gobierno continuar por la vía administrativa.
El departamento de Derechos Sociales había remitido al juzgado un informe en el que denunciaba malos tratos por parte de tres monitores del centro a los alumnos. En el informe se citaban, por ejemplo, conductas como gritos, zarandeos e insultos por parte de estos tres monitores a los alumnos. O castigos como colocar a un alumno autista una caja de cartón en la cabeza, impidiéndole la visión, y dejarlo arrinconado durante horas.
El fiscal no encuentra “ilícito penal” en los hechos denunciados por el Gobierno. En su auto en el que pide el archivo de la causa penal, el fiscal señala que los malos tratos, “en el caso de ser ciertos”, no constituyen un delito sino un “comportamiento inadecuado”. Además, el Ministerio Público encuentra que la sanción penal de los hechos denunciados debería ser la última vía a la que recurrir por parte del Gobierno, pero “no puede ser aplicada cuando puede restablecerse el orden jurídico violado mediante la adopción de medidas menos gravosas”.
“Sin deseo de vejar”
Por esta razón, el fiscal recomienda al Gobierno continuar con su denuncia a través de la vía administrativa. Esto supone que será el propio Ejecutivo quien deberá continuar con la investigación para determinar la veracidad de los hechos que denunció en su informe. En el caso de contrastar la existencia de malos tratos, podrían considerarse como una infracción muy grave de acuerdo con la ley foral de Servicios Sociales, que encuadra en este tipo de penalizaciones los malos tratos físicos o psíquicos, someter a los usuarios de los servicios a cualquier tipo de inmovilización o ejercer sobre ellos coacciones o amenazas.
Precisamente, sobre los malos tratos denunciados en concreto por el Gobierno, el fiscal señala que “no se aprecia en el comportamiento de los monitores denunciados el dolo característico del delito penal, que es el deseo persistente de vejar o humillar a la víctima”. Más bien, mantiene, se trata de “actuaciones desproporcionadas o insensibles en el ejercicio del derecho de corrección o, dicho de otra manera, se trata de actuaciones disciplinarias llevadas por un monitor de forma inadecuada o desmedida en algunos casos, o con una muy escasa sensibilidad hacia la minusvalía psíquica del alumno en otros casos”.
