La Fundación EQUIDEM exige al Gobierno Foral que aclare que sus directivos no están imputados
La abogada de EQUIDEM, la fundación investigada por un juzgado navarro por un presunto fraude al Sistema Navarro de Empleo, exigirá una rectificación al Gobierno Foral por, en una nota informativa, haber asegurado que tres personas vinculadas a la entidad estaban imputadas por un presunto fraude cuando no era así. Se trata, en concreto, del presidente, el vicepresidente y la secretaria de esta entidad, que el Ejecutivo solo identificaba con las siglas en su escrito pero que, según ha podido saber este periódico, se trata de José Jaime López Cossío, Lluís Gabaldá e Isabel Espiña. Los dos primeros son antiguos altos cargos de PP y Unió en gobiernos de la Xunta de Galicia y la Generalitat de Catalunya, el segundo de ellos vinculado al llamado ‘caso Pallerols’.
Estas fuentes aseguran que, hasta el momento, estas tres personas están siendo investigadas por este caso, y que los imputados únicamente son E.G.Z., vecino de Vigo de 37 años, patrono y apoderado de la fundación, e I.H.E., identificada como vecina de Pamplona de 48 años, alumna de los cursos y responsable del proyecto en Navarra. Por ello, aseguran que se exigirá una aclaración al Ejecutivo por esa nota y que se reservan las iniciativas pertinentes para defender el derecho al honor de sus representados. Fuentes del Ejecutivo, por contra, reiteran que en el atestado policial son cuatro los imputados, aunque seguir adelante con este número sea una decisión judicial.
El caso en concreto, anunciado por el Gobierno de Navarra el pasado 24 de julio, afecta a unas ayudas para un proyecto de empleo dependiente del Servicio Navarro de Empleo (SNE) y que fue adjudicado en 2011 a la fundación EQUIDEM por 75.000 euros. El SNE puso sobre aviso a la Policía Foral porque, tras criticar la falta de estructura y de alumnos en las clases, y exigir la devolución de parte de ese importe (37.500 euros) y anunciar que retendría el resto del pago, desde la fundación se presentaron en enero de 2013 hasta 42 certificados que justificaban la asistencia a clase de otros tantos alumnos entre junio y diciembre de 2012.
Pero, según precisó el Gobierno Foral en su comunicado, esto generó suspicacias en el SNE, que avisó a la Policía Local y esta, al Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona. Por su parte, la Brigada de Delitos Económicos y Contra el Patrimonio inició una investigación y tomó declaración a 50 alumnos y recibió 14 denuncias penales por falsedad documental. De ahí que los cargos vinculados a esta investigación hablen de, presuntamente, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y estafa.
¿Unos alumnos firmaron por otros?
Desde la defensa de los responsables de la fundación, por el contrario, aseveran que no supieron de estas acusaciones hasta que se formalizó la denuncia, que ninguno de ellos dio orden de que se falsificaran estos partes y de que los tres directivos de EQUIDEM únicamente figuran ahí como representantes de la firma, cuando en realidad se podría haber imputado como persona jurídica a la entidad. Pero insisten en que, hasta la fecha, no están imputados por este caso sino que únicamente forman parte de la investigación.
En cuanto a los errores en los partes de asistencia, estas fuentes aseguran que puede que “unos alumnos firmaran por otros”, pero que no se puede acusar de ello a los responsables de una entidad que ni siquiera conocían este caso, ni dieron órdenes de este tipo ni estaban en Pamplona en el momento de las supuestas firmas fraudulentas.
