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El Gobierno de Navarra y Cáritas ponen fin al sistema de anticipos a perceptores de renta garantizada

El Gobierno de Navarra y Cáritas pusieron fin el pasado 29 de junio al sistema de anticipos a perceptores de renta garantizada. De común acuerdo entre el Departamento de Derechos Sociales y la entidad social, "dados los avances en el sistema de gestión de esta prestación", ya no se hace necesario este procedimiento.

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En rueda de prensa, el vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra, ha mostrado su "profundo agradecimiento" a Cáritas por "la labor que han venido realizando con este procedimiento que permitió que innumerables personas y familias recibieran la prestación (renta básica, renta de inclusión social y actual renta garantizada) en un tiempo menor que el que la administración podía facilitar".

Este mecanismo consistía básicamente en que una vez valorada la solicitud por parte de los servicios técnicos del Departamento, a petición de los particulares y previo informe del Servicio Social correspondiente, en lugar de esperar al abono que el Gobierno de Navarra realizaba a final de mes, Cáritas anticipaba el abono y posteriormente el Ejecutivo reintegraba a esta entidad la cuantía anticipada. Este sistema nació en el periodo de crisis y como medida ante el retraso en los pagos que se produjo por el incremento exponencial de las solicitudes de estas prestaciones.

A juicio del vicepresidente, "era evidente que este sistema reflejaba un déficit en la responsabilidad pública de gestionar adecuadamente los derechos y servicios que los poderes públicos debe garantizar". Según ha indicado, "es por ello que ha sido deseo e interés del Departamento poder eliminarlo de modo que se asuman dichas responsabilidades". Esta voluntad, "también ha sido puesta en evidencia por parte del Defensor del Pueblo de Navarra quien recomendó al Departamento la supresión del mecanismo".

Desde el Gobierno foral han explicado que "si bien hasta junio de este año no ha sido posible la eliminación, desde abril de 2017, y una vez estabilizada la entrada de solicitudes como efecto de la reforma acaecida que ha dado lugar a la Renta Garantizada, se comenzaron a estudiar las diversas alternativas para mejorar la gestión, acorde con la nueva normativa".

Entre las medidas adoptadas, y que "han tenido una especial incidencia en la supresión del mecanismo de anticipo", destacan dos de ellas. En primer lugar, y al amparo del artículo 16 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, que prevé que la percepción de esta prestación sea por doce meses "renovables por periodos de igual duración, mientras continúe la situación de necesidad", se ha introducido un procedimiento "ágil" para las solicitudes de renovación de la prestación.

"Para el buen funcionamiento de esta fase, se enviaron a los Servicios Sociales de Base unas instrucciones para cumplimentar las solicitudes del modo más correcto, en especial cuando se utiliza la aplicación informática TRAMIT@, de tele tramitación", han señalado desde el Ejecutivo foral.

En su opinión, "este mecanismo ha hecho que por primera vez, tras la crisis, las personas o familias que renueven la prestación no hayan tenido ningún corte en el abono de la prestación debido a la valoración de la nueva solicitud, es decir, que si la prestación finalizaba en mayo, se solicitaba en mayo la renovación y se cumplían los criterios señalados, en junio han vuelto a continuar percibiendo la prestación".

Hasta ahora, ha detallado el Gobierno foral, "el tiempo de gestión podía suponer estar entre dos y tres meses sin percibir la prestación, aunque luego se reintegraban las cuantías no abonadas; y que fue precisamente el hecho que motivó el señalado mecanismo de anticipos a través de Caritas".

Según ha indicado, "este procedimiento se puso en marcha en mayo, acogiendo solicitudes atrasadas de febrero y marzo y las propias de abril (que eran las que tenían que iniciar el cobro de la renovación en mayo)". Así, se han renovado los siguientes expedientes: en la renovación de mayo entraron 465 solicitudes de febrero, 701 de marzo y 680 de abril. En la de junio, 752 solicitudes; en la de julio, 729 solicitudes, en la de agosto 443, y estos días se está preparando la de septiembre.

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PROFESIONALES

La segunda medida adoptada ha sido la contratación temporal de cinco profesionales de Trabajo Social durante los meses de julio a diciembre de 2017 para reforzar la plantilla del personal técnico encargado de la valoración y gestión de los expedientes de renta garantizada. Además, se ha realizado una formación grupal dirigida por la Jefa de Sección, lo que ha hecho que el periodo de formación se haya acortado, incidiendo en un aumento de la productividad, ha destacado el Gobierno foral.

Así en la actualidad se están valorando los expedientes que se registraron a partir del 11 de agosto de 2017, es decir a 1,2 meses; quedando pendientes de dicho mes 773 expedientes, los cuales serán valorados a lo largo de este mes, por lo que previsiblemente podrán recibir la mensualidad en septiembre, que es el primer mes al que tienen derecho a percibir. "Es decir, se entra ya en una dinámica de no tener ningún mes pendiente de cobro", ha resaltado el Ejecutivo.

No obstante, ha subrayado que "hay algunas solicitudes de meses anteriores pendientes de resolver debido a que se han solicitado subsanación de errores en las mismas o documentación complementaria". "En definitiva, con las medidas señaladas, las personas que precisan la protección social están recibiendo correctamente y a tiempo la misma", ha expuesto el Gobierno foral.

AGRADECIMIENTO A CÁRITAS

En la comparecencia pública, el vicepresidente de Derechos Sociales ha reiterado el agradecimiento a Caritas por "la colaboración prestada y por el trabajo en favor de las personas más vulnerables de la sociedad que realizan" y ha pedido disculpas porque "no se hubiese implementado todas estas medidas con más celeridad".

"Espero que esta evolución positiva continúe en la misma línea y que por tanto el derecho a una renta garantizada sea efectivo y cumpla con su finalidad de velar por la cohesión e inclusión social y laboral de todas las familias navarras que la necesiten", ha declarado.

Además, Laparra ha expresado su "convencimiento" de que "estos recursos de Cáritas que ahora se liberan, permitirán otro tipo de intervenciones y proyectos más positivos". "Que la acción de Cáritas no tenga que asumir lo que es una responsabilidad pública, si no que sea un plus para conseguir mejores objetivos en la lucha contra la pobreza y por la integración social", ha destacado.

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