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El Gobierno de Navarra cuelga en el portal de Transparencia el anteproyecto de ley foral de Contratos Públicos

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, ya puede ser consultado en el portal de transparencia de la web Navarra.es el anteproyecto de la ley foral de Contratos Públicos.

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Este anteproyecto de ley "pretende adaptar al ordenamiento jurídico navarro, de forma que resulten plenamente aplicables, las directivas europeas de contratos y concesiones orientadas a promover un mercado más competitivo, facilitar la participación de las pymes en la contratación pública y proporcionar herramientas para la utilización de la contratación pública como un instrumento que colabore en las políticas comunes 'Estrategia 2020"'en los ámbitos social, ambiental o de la innovación, todo ello con afán de modernización teniendo en cuenta el contexto de globalización económica".

De esta manera, las directivas europeas que Navarra adaptará a su ordenamiento jurídico ponen el foco, entre otros asuntos, en la innovación, las pymes, las cláusulas sociales, la contratación electrónica o la simplificación del procedimiento administrativo, ha destacado el Gobierno foral en un comunicado.

Respecto a la innovación, se crea un nuevo procedimiento de contratación, la "asociación para la innovación". Se trata de un acuerdo de colaboración entre una de las entidades sometidas a la ley foral de Contratos y uno o varios empresarios o profesionales, cuya finalidad es "la realización de actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores y su posterior adquisición". Se utiliza cuando las soluciones disponibles en el mercado no satisfacen las necesidades de la administración o de una cualquiera de las entidades sometidas a la ley foral.

El anteproyecto prevé, asimismo, numerosas medidas para favorecer la participación de las pymes en la licitación pública. Las más importantes: "la división del contrato en lotes como regla general, la limitación de los niveles de solvencia exigibles y la simplificación de los procedimientos de licitación y de la documentación a presentar por las empresas". Dicha documentación se sustituye por una declaración responsable.

En torno a las cláusulas sociales, las directivas europeas pretenden que las entidades contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes, de modo que apoye a los objetivos de Europa 2020.

Se persigue "una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de licitación pública para velar por el cumplimiento del derecho medioambiental, social y laboral aplicable en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios". Se mantiene la reserva de contratos para entidades cuya finalidad sea la integración social y profesional de personas en riesgo de exclusión.

Por último, otro de los cambios relevantes que se plantean es la contratación electrónica. Las empresas presentarán sus ofertas de manera telemática en lugar de en papel. El objetivo es "promover la apertura de la licitación pública al mercado europeo, de modo que una empresa de Navarra pueda acudir a licitar con más facilidad a otro país de la Unión y a la inversa, empresas de otros países puedan participar en las nuestras".

Todas las entidades sometidas a la ley foral de Contratos Públicos utilizarán la misma herramienta de licitación electrónica, lo que hará más sencilla su utilización por parte de los licitadores.

Desde el Gobierno foral han destacado que el anteproyecto de ley que este lunes se hace público a través de Gobierno Abierto "no es sino un punto de partida a las modificaciones que puedan plantearse por parte de la ciudadanía y las entidades socioeconómicas". El plazo de aportaciones a través del portal de Transparencia estará abierto hasta el 15 de enero de 2017.

Posteriormente, el Gobierno de Navarra remitirá el anteproyecto al Consejo de Navarra y a la Comisión Foral de Régimen Local antes de aprobar el proyecto de ley foral que se trasladará al Parlamento para su aprobación definitiva.

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