El Gobierno de Navarra abre la puerta a calificar más centros como empresas de inserción sociolaboral

Con este decreto foral se adapta la normativa actual al marco legal común establecido por el Estado en 2007. Uno de los principales cambios es la conversión, en un plazo de hasta dos años según el caso, de los actuales centros de inclusión sociolaboral en empresas de economía social, ha explicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

Estos centros emplean a personas en situación o riesgo de exclusión con el fin de alcanzar, en un periodo máximo de tres años, su integración en el mercado de trabajo ordinario mediante un itinerario de formación y acompañamiento.

Actualmente existen en Navarra once centros de inserción sociolaboral, que fueron calificados así por una normativa de 1999 y que emplean a 240 personas. Están financiados por el Departamento de Derechos Sociales.

No obstante, el Servicio Navarro de Empleo (SNE) tiene constancia de otras instituciones que realizan labores similares pero que no pueden acceder a esta calificación porque dicha normativa fue derogada en 2012.

Con el decreto foral aprobado este miércoles, se establece un registro de empresas de inserción sociolaboral y se define el procedimiento de calificación por parte del Gobierno de Navarra. De tal modo que cualquier entidad podrá ser reconocida como tal, siempre que cumpla los requisitos definidos, como por ejemplo ser promovida por una entidad sin ánimo de lucro.

Otra de las ventajas del nuevo decreto foral es que los centros de inserción sociolaboral de Navarra, convertidos ya en empresas de economía social, podrán participar en las reservas para este tipo de entidades en los contratos públicos que realizan otras Administraciones a nivel estatal.

REGULACIÓN DE LAS AYUDAS

Como se ha indicado, el decreto foral establece un marco para las ayudas que recibirán las futuras empresas de inserción sociolaboral, que podrán ser subvenciones por salarios, por cuotas empresariales de la Seguridad Social, por asistencia técnica y por inversiones. El Departamento de Derechos Sociales ha previsto para financiar estas ayudas una partida de 2,2 millones de euros en 2017, un 17,3% más que este año.

Concretamente, se subvencionará el 75% del salario mínimo interprofesional de las personas trabajadoras en situación de exclusión social, cuyo contrato deberá tener una duración mínima de seis meses y máxima de tres meses; el 100% del coste de la seguridad social de estos empleados; y 18.000 euros por técnico de intervención o acompañamiento contratada. Además, se recuperan las ayudas por inversión, que primarán cuestiones como el grado de inserción laboral conseguido o que las personas empleadas sean perceptoras de la renta garantizada.

Entre las novedades para optar a estas subvenciones destaca la necesidad de suscribir un acuerdo de inserción sociolaboral en el plazo de un mes desde que la persona trabajadora se incorpora a la empresa. En él se detallarán las medidas de intervención y acompañamiento que sean necesarias para lograr su inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario. Este acuerdo será firmado tanto por la persona interesada como por el personal técnico, puesto que compromete a las dos partes.

Además, estas empresas deberán acreditar una inserción anual en una empresa ordinaria de al menos el 10% de sus trabajadores en proceso de inserción, o bien justificar debidamente que se ha hecho todo lo posible.

Finalmente, para optar a estas ayudas las empresas de inserción sociolaboral deberán llevar al menos dos años de funcionamiento desde su calificación provisional, excepto en el caso de los actuales centros de inserción sociolaboral, a quienes no se les solicitará este requisito.