El Gobierno foral recorta la OPE de Educación a un número de plazas “seguras”
El Gobierno foral ha acusado el golpe que el recurso del Gobierno central ha supuesto para su intención de aprobar una Oferta Pública de Empleo con 220 plazas en Educación y efectuar posteriormente una oposición de 320 plazas de maestros. La consejera de Función Pública, María José Beaumont, ha anunciado que el Ejecutivo quiere llevar a sesión de Gobierno la próxima semana una nueva Oferta Pública de Empleo en la que se incluirá un número de plazas, aún por determinar, que sean jurídicamente seguras y no puedan ser recurridas por el Estado. La intención es que dichas plazas puedan lograrse por una oposición que se celebre en primavera, de forma que los aspirantes que logren plaza puedan tomar posesión de ella el próximo curso escolar.
Aunque Beaumont no ha dado ninguna cifra, sí que lo ha ha hecho el director general de Educación, Juan Ramón Elorz, para quien el recurso del Estado afecta a las 134 plazas de la OPE que aprobó el Gobierno de UPN en marzo del año pasado, por lo que el recurso no afectaría a las 291 plazas de docentes que el cuatripartito tiene intención de aprobar entre este año y el próximo.
Pero todo se queda en intenciones. El Gobierno foral no tiene ninguna garantía de que el Estado no vuelva a recurrir dicha OPE, como ha hecho con las dos últimas que se han aprobado en Navarra por parte de los sucesivos gobiernos de UPN y Geroa Bai. Porque la propia Beaumont ha explicado que no pesaba sobre las últimas Ofertas de Empleo Público aprobadas en Navarra un recurso del Estado, sino dos: el primero, contra el Decreto Foral de marzo de 2015 por el que se aprobó una OPE de 358 plazas correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 en Salud, Educación y Agencia Navarra de Emergencias (OPE aprobada por UPN en periodo preelectoral); y el segundo, contra el decreto de septiembre de 2015 por el que se ampliaban de 20 a 30 el número de plazas de bombero (ampliación aprobada por el actual Gobierno que preside Uxue Barkos).
Fuera de plazo
Beaumont desveló además que su departamento conoció en la segunda quincena de octubre del año pasado el primer recurso del Estado y su voluntad de presentar el segundo, al entender la Abogacía del Estado que la primera OPE se había aprobado fuera de plazo y que superaba la tasa de reposición (es el límite máximo de plazas que se pueden aprobar para reponer las vacantes por jubilación o fallecimiento).
De manera que la propia Beaumont se puso en contacto con la Delegada del Gobierno en Navarra para intentar negociar este asunto con los responsables estatales. Mientras tanto, el Ejecutivo foral continuaba dirimiendo las profundas discrepancias internas que ha provocado la OPE (con más de un 70% de plazas para euskera) entre las formaciones políticas que apoyan al Gobierno.
Y las negociaciones entre los técnicos de la Administración foral y los de Administraciones Públicas del Estado continuaban “abiertas” cuando, hace un par de días, la consejera Beaumont se encontró con la desagradable sorpresa de que el Estado añadía a sus recursos una petición de suspensión cautelar de las Ofertas Públicas de Empleo.
Aunque Beaumont reconoció que los recursos del Estado obligan a su Gobierno a conducirse “con cautela”, no mostró ninguna confianza en que las negociaciones con los técnicos estatales puedan llegar a buen puerto: “Con los actuales responsables técnicos del Ministerio podemos ponernos de acuerdo pero, en las actuales circunstancias políticas, con un seguro cambio de Gobierno, la situación no es la más segura”, indicó.
