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El Gobierno foral pide el desmantelamiento inmediato de Garoña

Se suma así al pronunciamiento del Parlamento, que denunció los “intereses ocultos del PP” tras el empeño por resucitar la central.

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Energía abre el plazo de alegaciones previo a una decisión sobre la reapertura de Garoña

EFE

El Gobierno foral solicita al central el desmantelamiento inmediato de la central nuclear de Garoña. Lo hace en un documento oficial de alegaciones aprobado en sesión de Gobierno y que se presentará en la fase de audiencia pública de la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. En sus alegaciones, el Ejecutivo foral pide que sea denegada dicha renovación de la autorización, que comiencen “sin demora las actuaciones del cese de explotación” y su desmantelamiento.

Con esta petición, el Ejecutivo de Barkos se suma de forma oficial al pronunciamiento mayoritario del Parlamento foral en contra de la central nuclear. Con el apoyo de los socios del cuatripartito más el respaldo del PSN, la Cámara foral exigió hace unos meses el “cierre definitivo” de la planta. Los grupos expresaron, además, su sospecha de que, tras el empeño del gobierno del PP en reabrir la planta cerrada en 2012, se ocultan intereses económicos. Sólo el PP votó en contra de esta resolución.

Sin entrar en los matices políticos que sí expresaron los grupos del cuatripartito en su iniciativa parlamentaria, el Gobierno foral ha querido dar un espaldarazo oficial a esta posición mayoritariamente contraria a la llamada “doctrina Garoña”, que, de aprobarse, daría pie a prolongar la vida de las otras centrales nucleares del Estado (Almaraz, Trillo, Ascó, Cofrentes y Vandellós), cuyas licencias expiran a partir de 2020.

La central nuclear de Garoña fue inaugurada en 1971 y se declaró cerrada en 2013 debido a que su propietaria, Nuclenor, no renovó la autorización de explotación alegando falta de rentabilidad. Sin embargo, la empresa titular solicitó posteriormente su reapertura hasta el año 2031, es decir, hasta que cumpla 60 años de actividad. Tras conocer los planes de Nuclenor, el Gobierno de Navarra adoptó, el 27 enero 2016, un acuerdo por el que solicitaba al Estado que no reabriese la central nuclear y que fuera desmantelada porque “cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral”.

También argumentaba que durante los más de 40 años de actividad, Garoña ha sufrido “serios problemas estructurales que han devenido en diferentes accidentes. Para el Gobierno foral, “la posible reapertura de la central no atiende a intereses generales ni desde el punto de vista social, ni medioambiental, ni de seguridad o de salud pública, y sí por el contrario a intereses económicos particulares”.

 

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