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El Gobierno dice ahora que el riesgo de indemnización no influyó para aprobar el PSIS de Guenduláin

A finales de enero, el consejero Zarraluqui justificaba la importancia de aprobar el PSIS de Guenduláin por una posible reclamación de 140 millones de euros de los promotores.

Ahora afirma que el documento se ha aprobado para que el Gobierno disponga de suelo y para dar seguridad administrativa y afirma que no existe ningún informe que tase en 140 millones la posible indemnización.

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Proyecto de reparcelación de la UE-2 de Guenduláin, diseñada para albergar casi 5.000 viviendas.

Proyecto de reparcelación de la UE-2 de Guenduláin, diseñada para albergar casi 5.000 viviendas.

Cuatro meses le ha costado al consejero de fomento cambiar la versión que ha motivado la aprobación del Plan de Incidencia Supramunicipal de Guenduláin, que da luz verde para construir casi 40.000 viviendas en Cizur y Galar. A finales de enero Zarraluqui aseguraba que de no aprobarse el documento, las empresas promotoras podían exigir al Gobierno foral una indemnización de 140 millones de euros y, sin embargo, ahora, en una respuesta parlamentaria a Geroa Bai asegura que ese riesgo de indemnización no es una de las causas por las que se aprobó el documento, que cuenta con la oposición de casi todos los grupos parlamentarios y los ayuntamientos de las cendeas implicadas: Cizur y Galar.

En aquella comparecencia el consejero incluyó el perjuicio que podría suponer hacer frente a esa indemnización entre las causas que habían llevado al Gobierno a aprobar el PSIS, después de 8 años, y a 4 meses de las elecciones. Ahora lo niega, y asegura que las únicas razones que han llevado a su aprobación son, el beneficio que puede tener el Gobierno al recibir el 20% de los derechos del suelo, la contribución al banco de suelo para construir viviendas, y ofrecer la seguridad jurídica de que el Gobierno cumple con sus contratos. En las razones no aparece la posible reclamación ni los 140 millones de euros, ante el enfado de Manu Ayerdi, parlamentario que solicitó la información al consejero, que considera que “no tiene credibilidad”. “Dices que eso ha sido decisivo y ahora trasladas que no tuvo nada que ver, que no tuvo ninguna importancia. No se pueden trasladar dos mensajes distintos en tan poco tiempo, esto no es mínimamente serio. Falta credibilidad”.

Respecto a las otras razones, discrepa ayerdi en la seguridad jurídica de que el Gobierno cumpla los contratos ya que también están recogidos, en el propio contrato de la cesión de suelo de Guenduláin los posibles incumplimientos y sus consecuencias, por lo que estaría dentro de la legalidad y la seguridad jurídica que el ejecutivo se acogiera a uno de esos supuestos.

La otra crítica que llega desde el grupo de la oposición, es que sabiendo que en pocos meses habría elecciones el Gobierno no haya esperado para aprobar el documento. “En la defensa del interés general, si el riesgo no es importante y estás en minoría, trabaja más el tema o espera a la próxima legislatura para que el nuevo gobierno pueda valorar si es o no coherente y pueda haber una decisión más consensuada”, opina el parlamentario nacionalista.

No hay informe

En la misma pregunta, Ayerdi solicitaba el informe o documento en el que el consejero se basó para establecer esa posible indemnización a los promotores de no haberse aprobado el documento, texto que no existe. El Consejero ha calculado la posible indemnización a partir del valor del suelo y los intereses generados durante estos años, pero sin ningún documento que avale su postura. De hecho, un informe de la cámara de Comptos que analizaba el contrato firmado entre el Gobierno y promotores aseguraba que en ningún caso podrían exigir una indemnización al ejecutivo, cuestión en la que difiere el Gobierno que ve con claridad, en contra de la opinión del órgano fiscalizador, que sí podrían exigir ese dinero.

La polémica

El Gobierno firmó un contrato en 2006 con varias empresas promotoras que cedían el suelo que habían comprado en Guenduláin a cambio de los derechos de urbanización de las parcelas resultantes. Una operación polémica y calificada de “pelotazo urbanístico” que sigue dando coletazos. El Gobierno ha aprobado ahora la reparcelación de dos unidades de ejecución, que se situarán a ambos lados de la autovía del camino, entre Cizur y los túneles del Perdón. La previsión es que cuando estén listas todas las unidades, se puedan construir 39.000 viviendas, un proyecto que cuenta con la oposición, además de varios grupos parlamentarios, de los dos ayuntamientos sobre los que se asientan los terrenos: Cizur y Galar.

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