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El Gobierno foral destina 180.000 euros a un programa de mediación lingüística para personas extranjeras
El Gobierno de Navarra financiará con 180.545 euros un programa de mediación lingüística e intercultural con el objetivo de favorecer la integración y el acceso a los servicios y recursos públicos y privados de aquellas personas inmigrantes que no dominan la lengua española.
Así se desprende del acuerdo suscrito recientemente en Pamplona por el director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, y los representantes de Fundación ANAFE-CITE y Cruz Roja Navarra, Eduardo Jiménez y Pedro María García, respectivamente.
Este programa de mediación lingüística e intercultural, desarrollado desde 2012 por la Fundación ANAFE-CITE y Cruz Roja Navarra, tiene un carácter itinerante, es decir, atiende la demanda que surja en cualquier lugar de la Comunidad foral.
Durante el año pasado atendió a 833 personas, con las que se realizaron 3.869 intervenciones, el 57% de ellas relacionadas con la comunicación (apoyo lingüístico oral y escrito, y transmisión e interpretación de mensajes). El resto fueron de tipo genérico, en un 24% de las ocasiones; de seguimiento y acompañamiento de casos concretos, en un 16%, de mediación intercultural, en un 2%; y de otro tipo, en un 1%.
Según ha detallado el Gobierno foral en un comunicado, cuatro de cada diez personas atendidas eran búlgaras y rumanas, un 36% magrebíes, un 14% subsaharianas, un 6% latinoamericanas y un 3% de otros países de Europa del Este no comunitarios.
Los casos que se atendieron fueron, en un 23% del ámbito social, en un 19% laboral y económico, en un 15% jurídico y administrativo, y en un 15% sanitario. El resto estaban relacionados con el entorno educativo, judicial o familiar, entre otros.
El programa es un recurso de intervención especializado que actúa cuando la comunicación, entendida en sentido amplio, se ve impedida por la diferencia cultural. Concretamente, la mediación que se realiza pretende ser un puente entre las partes para mejorar el entendimiento y colaborar, si es el caso, en la resolución de conflictos.
Otro de los objetivos, como se ha indicado, es mejorar el acceso y uso por parte de las personas que no manejan con fluidez la lengua española de los servicios y prestaciones públicas y privadas, especialmente en los ámbitos de educación, salud y empleo.
