Gobierno y oposición polemizan con el presupuesto de la Renta Garantizada
De nuevo a la carga, la parlamentaria de UPN Maribel García Malo asegura que el Gobierno foral ha gastado en los primeros siete meses del año todo el dinero, 88 millones, que tenía previsto destinar al pago de la Renta Garantizada. Además, según la regionalista, para desembolsar esta prestación, el departamento que preside Miguel Laparra está recurriendo a “recortar” dinero de otras partidas que financian también diversos servicios sociales, extremo que ha negado de forma tajante el vicepresidente Laparra: “Hasta el momento, el compromiso de gasto realizado se ha podido afrontar con las disponibilidades presupuestarias más aquellas partidas sobrantes consecuencia de contratos cuyo precio o periodo de adjudicación ha sido menor, es decir, en ningún momento la renta garantizada supone ninguna merma en otros servicios del departamento de Derechos Sociales”.
Más bien al contrario, apunta el vicepresidente, “en aspectos como la dependencia, se ha aumentado hasta ahora un 32% las personas atendidas, se han duplicado las plazas en centros de día, y se han concertado 33 nuevas plazas residenciales de un total de 72 previstas para este año que se concretarán en los próximos meses”.
Los datos que ha aportado la parlamentaria de UPN son bien diferentes. Según su versión, “nuevamente el Gobierno de Navarra ha presupuestado de forma incorrecta la Renta Garantizada, habiéndose gastado en los siete primeros meses del año todo el presupuesto de 2017”. En concreto, ha señalado la parlamentaria regionalista, ha tenido que incorporar otros 3.845.216 euros a los casi 88 millones consignados en el presupuesto, “recortando de partidas sociales que afectan, por ejemplo, a los servicios de dependencia de las personas mayores, la incorporación al mercado laboral de perceptores de renta garantizada o la mediación intercultural”.
García Malo ha detallado el conjunto de partidas que han sufrido recortes por valor de 3.845.216 euros. Así, ha destacado la rebaja de 1.617.872 euros de la partida de gestión de centros de mayores. También ha rechazado que se quiten 71.000 euros del Servicio de Mediación Intercultural e Intervención Comunitaria.
Finalmente, ha puesto el acento en la reducción de 1.750.000 euros de la partida de incentivos a la contratación de perceptores de Renta Garantizada, que se queda prácticamente a la mitad. “Es un dinero que debería ir destinado a la incorporación al mercado laboral de los perceptores de esta prestación”, ha defendido.
“La realidad es que faltando cinco meses para terminar el ejercicio presupuestario han quitado una gran cantidad de dinero que a priori estaba destinado al empleo de estas personas y lo han dedicado a subsidios; no podemos olvidar que las personas perceptoras de renta garantizada lo que necesitan para desarrollarse plenamente en nuestra sociedad es un empleo decente”, ha concluido.
