Navarra mantiene su rechazo a la LOMCE ante la negativa del Ministerio de Educación a flexibilizar su aplicación

El Gobierno de Navarra mantiene su rechazo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tras las negativa del Ministerio de Educación a flexibilizar su posición en su aplicación

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza, participó ayer viernes en Madrid en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación en la que se abordaron, entre otros asuntos, diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Tras la reunión, que concluyó sin avances, el consejero Mendoza se mostró decepcionado por la negativa del ministro Íñigo Méndez de Vigo a aceptar las propuestas de los representantes de diversas comunidades autónomas que planteaban una flexibilidad en la aplicación de la ley, ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Al finalizar la reunión de la Conferencia, celebrada en la sede del Ministerio de Educación, José Luis Mendoza, manifestó que el Ministerio sostiene que la ley debe cumplirse en todos sus artículos, “y con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP sigue adelante con sus proyectos desoyendo al resto”. “En consecuencia Navarra mantiene su rechazo a la LOMCE y a su desarrollo, a la evaluación de 6º de primaria y a la de 4º que técnicamente habría que hacer este año, y a las de 4º de la ESO y de 2º de bachillerato para las que se pretende sacar ya la legislación y ponerlas en marcha el próximo curso y que hemos pedido que se retiren porque no tienen ningún sentido, no son educativas, o que al menos sean sometidas a un debate mucho más sosegado”, continuó.

El consejero de Educación precisó que “simplemente solicitamos una demora, que se establezca por ejemplo un año de adaptación para que la ley pueda ser estudiada mejor. Ya que no quieren cambiarla, que haya flexibilidad en su aplicación como se ha hecho con todas las leyes anteriores, incluso con aquellas que no se han implantado con la prisa que se han dado en este caso”.

Uno de los temas analizados fue la prueba de evaluación final de la educación primaria. Las comunidades que se oponen a su realización recordaron al ministro que en la anterior sesión de la Conferencia se había comprometido a crear un grupo de trabajo que no ha llegado a crearse, y el consejero Mendoza intervino para señalar que, para que se realice con garantías, cualquier prueba de evaluación debe pasar por unas fases “necesarias e imprescindibles”. “Un proceso que requiere al menos dos años, o dos cursos académicos, desde que se inicia su preparación hasta ver si es válida y eficaz, pero el decreto que regula la prueba de evaluación de la educación primaria lo aprobaron mediante un real decreto el 20 de noviembre, e incluso algunos de sus apartados se han ido modificando sobre la marcha”, explicó.

Mendoza indicó que el Gobierno de Navarra realizará unas evaluaciones “porque nosotros siempre vamos a respetar los principios de seguridad jurídica, que nos sirvan para hacer diagnósticos que nos permitan mejorar la enseñanza y el proceso curricular del alumnado”. Por ello, además de reclamar que las comunidades puedan realizar las pruebas que preparan, “hemos pedido que no sigan por esta senda de improvisaciones respecto a una ley que la mayoría de la Conferencia Sectorial rechaza”.

“Si de verdad están por una legislación educativa que no dependa del gobierno de turno como proclaman debían empezar por hacer caso a los que representamos a la mayoría de las comunidades autónomas y a la mayoría de la población del Estado, pero el Ministerio ha dicho que sigue adelante con sus planes y con su calendario”, aseguró el consejero.

Tampoco se produjeron avances en otros asuntos tratados y que también estaban relacionados con el desarrollo e implantación de la LOMCE, como su financiación, que tal y como está prevista “es totalmente insuficiente”, o la formación profesional, donde a juicio del consejero “siguen improvisando y ahora preparan un decreto en el que no varía el criterio inicial de considerarla una educación de segunda”.

Las comunidades contrarias a la ley opinaron que su presupuestación económica es “exigua” porque “la formación profesional básica requiere unas inversiones muy fuertes en maquinaria e instrumentos, y si al deficiente planteamiento unimos las carencias en la financiación, las probabilidades de fracaso son muy altas”.

También se debatió el proyecto de real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y que modifica parcialmente el real decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

El consejero también mostró su disconformidad con el planteamiento del Ministerio y pidió que sea corregido, porque “no puede ser que situaciones desiguales tengan igual tratamiento ya que apenas discrimina por asuntos económicos, mira más al rendimiento académico, de forma que para el alumnado con medios económicos no supone una gran problema no alcanzar la nota requerida, mientras que los niños y niñas que carecen de esos medios corren un grave riesgo de verse excluidos del sistema educativo”.

A la vista de la postura “inflexible” del Ministerio, Mendoza opinó que la única opción para evitar que continúe la implantación de la LOMCE pasa por la configuración, tras las elecciones generales del 26 de junio, de una mayoría en el Congreso y el Senado “que posibilite la derogación de la LOMCE, abrir un periodo transitorio y que haya un debate realmente serio y profundo entre el Ministerio y todas las comunidades para conseguir una ley educativa fruto del acuerdo y del consenso”.