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Navarra y el Estado resuelven sus discrepancias sobre la ley foral de Urbanismo, aprobada por el Parlamento en marzo
El Gobierno de Navarra y el Gobierno central han resuelto, en el seno de la Junta de Cooperación, las discrepancias que había manifestado la Administración General del Estado sobre la modificación de la ley foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo que aprobó el Parlamento el pasado mes de marzo.
El acuerdo, firmado por la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Ejecutivo foral, Mª José Beaumont, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, recoge la “disposición” del Ejecutivo foral para “resolver, de común acuerdo”, esta controversia entre ambas administraciones.
De este modo, el Gobierno de Navarra promoverá ante el Parlamento foral la modificación parcial de dos artículos de la ley foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística de Navarra, que modifica la ley foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En un comunicado, el Gobierno de Navarra ha explicado que las modificaciones que se propondrán tienen carácter técnico. En primer lugar, el Ejecutivo foral planteará la supresión de la expresión “en su caso” del articulo 98.2.a (relativo a los deberes de los propietarios de suelo urbano) para que no haya duda sobre “el deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10% del incremento del aprovechamiento del correspondiente ámbito que resulte de la modificación del instrumento de ordenación”, según figura en el texto legislativo.
En segundo lugar, propondrá la eliminación de las palabras “o judiciales” del artículo 204.6 (sobre la reposición de la realidad física alterada), ya que las órdenes de demolición judiciales son vinculantes para la Administración. De este modo, lo dispuesto en dicho apartado se referirá únicamente a las órdenes de demolición administrativas.
Con estas modificaciones, según el acuerdo adoptado en la Junta de Cooperación, tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno central “consideran resueltas las discrepancias manifestadas” y “concluida la controversia planteada”.
