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El Parlamento foral aprueba una ley para que entidades sin ánimo de lucro puedan prestar servicios sociales

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de conciertos sociales en los ámbitos de la salud y los servicios sociales, un proyecto enviado por el Gobierno a la Cámara que ha recabado el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN y PPN se han abstenido.

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El Parlamento foral aprueba una ley para que entidades sin ánimo de lucro puedan prestar servicios sociales

La ley tiene por objeto regular los llamados conciertos sociales, de tal modo que entidades sin ánimo de lucro puedan prestar determinados servicios sociales, sanitarios y socio-sanitarios cuando los recursos públicos no resulten suficientes o idóneos para hacerlo.

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha defendido ante el pleno de la Cámara que la ley ha sido "muy participada en su elaboración" y realiza "un profundo reconocimiento del tercer sector y del papel que desarrollo en el conjunto de la sociedad, especialmente en servicios sociales, pero también en salud".

La norma articula un régimen específico para posibilitar la gestión indirecta a cargo de las entidades sin ánimo de lucro, un régimen que estará al margen de la regulación sobre contratación pública con empresas mercantiles.

Así se concertará con entidades sin fines lucrativos que se hallen capacitadas para prestar los servicios sin incremento de costes respecto a otras formas de gestión y que se encuentren estatutariamente comprometidas con la reinversión de cualquier posible beneficio en sus fines sociales.

Entre los requisitos estipulados para poder resultar adjudicatario se citan la acreditación de actividad o prestación efectiva de servicios como entidad sin ánimo de lucro desde al menos los cinco años anteriores a la convocatoria del concierto, período que se reduce a dos años en el caso de las entidades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. También se exigirá una experiencia continuada durante el tiempo que se determine en función de la naturaleza o centro objeto del convenio.

Del mismo modo, se prevé valorar la minoración de las diferencias retributivas y de jornada entre la plantilla de las entidades que concierten y el personal de la Administración de Navarra (priorizando las categorías en que la diferencia sea mayor), siempre que no comporte incremento del gasto del servicio convenido.

La aprobación de esta ley ha requerido a su vez introducir una modificación en la ley foral de Administración Local de Navarra, para establecer que "en los ámbitos de salud y servicios sociales la concertación de la prestación de servicios se realizará de conformidad con la normativa reguladora de este tipo de conciertos". El sentido del voto ha sido el mismo que en la ley de conciertos sociales.

La parlamentaria de UPN Maribel García Malo ha explicado que su grupo comparte el objetivo de la ley y comparte que "es necesario impulsar un nuevo modelo de relación con las entidades sin ánimo de lucro que refuerce los servicios públicos", tras lo que ha dado la "bienvenida" al cuatripartito a esta tesis. Sin embargo, ha señalado que la ley es "muy mejorable" y ha lamentado que todas las enmiendas que presentó UPN han sido rechazadas en el trámite parlamentario, algo que ha visto como un "menosprecio" a los ciudadanos que representa la formación regionalista.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha destacado que su grupo "concede absoluta primacía a la gestión directa de los servicios públicos y esta premisa irrenunciable esta taxativamente plasmada en la ley, que no viene en ningún caso a sustituir la gestión pública directa". Además, ha destacado como "crucial" que la ley "excluye el ánimo de lucro de la gestión de estos servicios y los conciertos serán precisamente un instrumento para dotar de una cierta estabilidad a las entidades sin ánimo de lucro".

Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha afirmado que la ley "ha sido muy participada con las distintas entidades sociales" y representa "una alternativa a las subvenciones y otras maneras de financiación, ofreciendo un modelo más estable y garantista". Además, "se busca aumentar la calidad del servicio para las personas usuarias con una atención integral y continuada, eliminando la mercantilización de las prestaciones sociales", ha destacado.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha afirmado que "la pasada legislatura la sociedad navarra padeció una de las mayores crisis económicas y las consecuencias se asentaron sobre el sistema de bienestar de Navarra, lo que ha situado a UPN y PSN donde están, por los recortes, por las privatizaciones y por la situación de la pobreza severa". "Esta ley debe ser una herramienta hacia un nuevo sistema de bienes que no dependa de subvenciones graciables de la administración y que no dependa del mecenazgo de empresas o bancos que ven en los problemas sociales lo posibilidad de mejorar su imagen pública", ha señalado.

Por parte del PSN, Nuria Medina ha pedido a Podemos que "no se arrogue logros, porque en casi dos años y medio de legislatura muy pocas cosas han cambiado en el ámbito de los conciertos sociales". "Creemos que esta ley es una oportunidad para reconocer la gran labor realizada por las entidades sociales, que han demostrado tener estándares de calidad y de eficiencia muy por encima de otras formas de gestión", ha señalado, aunque ha lamentado que no haya "mucha más ambición" en el contenido de la ley.

El parlamentario del PPN Javier García ha señalado que su grupo comparte "el propósito de la ley", pero ha considerado que "hay cuestiones que no están justificada como deberían y quizás dan puerta a algunas incertidumbres", por lo que ha justificado la abstención de los 'populares'.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha indicado que es una ley al servicio de la administración pública para que pueda planificar la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro y ha apuntado que "nunca esta ley va a ser un instrumento para privatizar servicios públicos". "No se trata de aumentar conciertos sociales, se trata de rentabilizar el capital humano y el capital social que suponen en la actualidad determinadas sin ánimo de lucro", ha indicado.

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