Revocan el procesamiento de uno de los agresores de Alsasua porque la burla no es delito de terrorismo

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el procesamiento de uno de los presuntos agresores un sargento y un guardia civil en un bar de la localidad navarra de Alsasua, al entender que el burlase de las víctimas no encaja en los delitos de los que le acusa la juez instructora Carmen Lamela de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. No obstante, sí ha confirmado el procesamiento de otros tres presuntos agresores.

La letrada de los acusados hizo en el recurso especial hincapié en comparar la “situación distinta” en la conducta de Aritz U.C. y Ainara U.G. con respecto a los demás pues, a su juicio, sus actuaciones no se pueden incardinar en alguno de los tipos penales por los que han sido procesados.

Con respecto a A.U.C., las magistradas Ángela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González dan la razón, en un auto con fecha de este martes, a la abogada y afirma que la burla “no encuentra encaje adecuado” en lo delitos mencionados en el auto de procesamiento de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

“El auto de procesamiento solo señala que se burlaba, sin más añadido, lo que centrando lo acontecido en una dinámica de tintes terroristas (...), tan escueta mención acerca de la actitud de aquel” no se puede asumir como un delito de terrorismo, subraya el auto de la sala que preside la magistrada Murillo. Además, indica en este escrito que el resto de tipos penales que imputa Lamela tampoco se puede “ubicar” en su conducta, lo que no quita que pueda alcanzar otra infracción penal distinta.

AMENAZAS A LA GUARDIA CIVIL

Sin embargo, no acepta revocar el procesamiento contra A.U.G. al entender que la frase “esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis”, que se le atribuye a esta acusada, supone un amedrentamiento al sargento y al guardia civil, en el marco de una unos “actos tendentes a hostigar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y fundamentalmente a la Guardia Civil”.

En este sentido, según dice el auto, se acepta el argumento de la Abogada del Estado que recuerda que el Código Penal hace referencia a las amenazas y por tanto esta conducta supone una infracción penal.

En noviembre, Lamela ya archivó las actuaciones para una de las detenidas al no haber sido identificada como agresora en las ruedas de reconocimiento. La magistrada explicó en su auto, que aunque fue señalada como presente en el lugar de los hechos, no existían indicios de su participación y no se apreciaba en ellas la misma peligrosidad del resto de encausados.

Por otro lado, la Sección Cuarta también confirma el procesamiento de Jokin U.G. e Iñaki A.O., al considerar que éstos no son “ajenos” a los hechos acontecidos el 15 de octubre de 2016 cuando se agredieron a los dos agentes del Instituto Armado.

RECURSO DE LOS NUEVE ACUSADOS

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó el sumario contra los nueve identificados el pasado 2 de febrero. Siete de ellos fueron enviados a prisión el pasado mes de noviembre y posteriormente la magistrada decretó la excarcelación de cuatro ellos. Otros dos permanecían ya libres con la obligación de comparecer dos veces por semana.

Las defensas de los nueve recurrieron la decisión de la juez de procesarle unos días después de los arrestos por lo que la Sala tiene aún pendiente pronunciarse sobre el resto de acusados. En aquel auto la juez argumenta que no cabía demorar la decisión de procesarles ya que hay “motivos bastantes para afirmar con fundamento” que cometieron el delito.

Lamela enmarca la agresión en las rutinas de “hostigamiento” a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos, y que opera en el municipio navarro. “Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”, dice.

Considera que “actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai”. De hecho, concreta que en la localidad de Alsasua a este movimiento se le conoce como Ospa Mugimendua y tuvo su origen en marzo de 2011, cuando se creó la denominada “Comisión Antirrepresiva de Alsasua” que ha venido desarrollando diferentes actividades.

El colectivo busca, según la juez, “influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades diarias, tales como realizar sus compras, disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades, instando a otros ciudadanos a evitar ningún vínculo afectivo con ellos”. Quien incumple estos preceptos “es tildado de afín al Instituto Armado y puede también convertirse en objetivo”.