El presupuesto, la clave para evaluar la apuesta social e identitaria de Barkos
El pasado 23 de julio de 2015 tomaron posesión los consejeros y consejeras del Gobierno Foral encabezado por Uxue Barkos, la primera presidenta nacionalista de Navarra. 100 días después, llegan las valoraciones de los grupos parlamentarios de esta fase de arranque. En realidad, no ha habido que esperar tanto: UPN ya realizó una rueda de prensa de balance para criticar la carga simbólica de este ejecutivo, mientras que Geroa Bai lleva varias jornadas con una campaña en redes sociales para defender la apuesta por el cambio y las primeras medidas sociales implantadas. Entre esos dos extremos se mueven las valoraciones en el Parlamento foral, entre quienes cargan contra los pasos identitarios encabezados por Barkos y quienes defienden que el gobierno del cambio es algo más que una frase sonora. Y de todo ha habido en estos poco más de tres meses. Tanto, que diversos partidos apuntan al próximo presupuesto foral como la clave para confirmar cuál es la apuesta social de este ejecutivo.
La consejera portavoz del Gobierno Foral, Ana Ollo, defendió esta semana tras el Consejo de Gobierno el trabajo “intenso” realizado por el Ejecutivo, que precisamente fue una de las primeras críticas contra el gabinete, la tardanza en conformar su organigrama. Para entonces, ya había habido polémicas como el nombramiento de Mª José Beaumont, nombre propuesto por EH Bildu durante las negociaciones del acuerdo programático, como consejera de Presidencia, Justicia e Interior. Contra ella se ha centrado muchas de las críticas de UPN: como la posibilidad de que la Policía Local priorice a la Foral y no a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su coordinación o la reciente decisión de no recurrir la sentencia judicial sobre la mina de Zilbeti (ella se inhibió porque su despacho participó en la denuncia contra el anterior Gobierno Foral). El presidente de UPN, José Javier Esparza, insistió en una reciente entrevista en que, frente a las promesas sociales realizadas por el gobierno del cambio, la prioridad, con más o menos celeridad, es dar pasos hacia Euskadi.
De entrada, ya el acuerdo programático, firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, incluía medidas de carácter simbólico (reconocidas por Geroa Bai), y se subrayó que era una apuesta por la normalización de las relaciones con Euskadi. En varias de ellas ha habido avances: la reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu; el regreso de Navarra a la eurorregión con Euskadi y Aquitania, la captación (por ahora provisional y sin cobertura legal) de ETB en la Comunidad Foral; y la aprobación de un pleno (lo propuso EH Bildu) sobre el derecho a decidir en el Parlamento navarro, que es lo que UPN, PSN y PPN ponen a menudo como ejemplo de la apuesta de este Ejecutivo.
Esparza (UPN), por ejemplo, declaró este miércoles que han sido 100 días de “más ikurriñas y menos igualdad”; María Chivite (PSN) ha pedido en el Pleno del Parlamento al Gobierno que hable más de empleo y menos de “banderas, el derecho a decidir y la moratoria del Plan de Aprendizaje de Inglés (PAI)”; y Ana Beltrán (PPN) criticó recientemente la paralización de infraestructuras que su partido considera “vitales”, caso del Tren de Alta Velocidad (en suspenso al menos hasta después de las elecciones generales) o el Canal de Navarra.
El anuncio sobre la Ley de Símbolos
No se puede poner en ese listado la reforma de la Ley de Símbolos, que, como se llegó a anunciar desde Geroa Bai hace un mes, permita el uso de la ikurriña en aquellas instituciones donde así se decidiera por mayoría. La posibilidad de que esta fuera una de las primeras medidas en tramitarse, no obstante, generó dudas dentro de los propios partidos que apoyan al Gobierno y, por el momento, no ha habido avances.
¿Y qué pasa con las medidas sociales? Como defiende el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, hay una lista de medidas ya anunciadas en este sentido. Por ejemplo, menciona el inicio de los trabajos para reformar la Renta de Inclusión Social (la polémica aquí es que UPN recordó que se prometió una renta universal, y el objetivo es una renta garantizada, para todas aquellas personas que lo necesiten), los 3,6 millones para ayudas de emergencia social y promover el empleo social protegido (que también han generado dudas entre trabajadores y trabajadoras sociales sobre cómo será su reparto), la eliminación de la retribución variable de los directores gerentes de las sociedades públicas (ese ahorro se ha cifrado en 307.000 euros al año), la eliminación de los complementos para altos cargos e integrantes del Ejecutivo por pertenencia a consejos de sociedades, o la presentación, sobre la bocina de esos 100 días eso sí, del borrador del decreto que permitirá que las interrupciones voluntarias del embarazo puedan hacerse directamente en el Servicio Navarro de Salud.
Prioridades vs expectativas
Tanto Podemos como I-E, las dos formaciones no nacionalistas que apoyan al ejecutivo (aunque todas las fuerzas coinciden en que ha habido tensiones, quizá la más polémica ha sido el nombramiento dentro del equipo de Educación y posterior revocación de Imanol Haranburu, quien fuera detenido en 1988 por pertenencia a ETA, un paso, la revocación, muy criticado por EH Bildu) se hacen eco también de estas medidas. La secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez, defiende que parte de estas actuaciones han sido posibles gracias a la presión en esa línea de la formación, mientras que el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, insiste en que las prioridades deben estar en lo social. Ambas fuerzas coinciden en que es pronto para hacer balance, y que para confirmar esa apuesta por el carácter social del cambio, hay dos cuestiones clave que se afrontan ahora: la reforma fiscal (ya criticada por UPN, PSN y PPN, que han asegurado que supondrá una subida generalizada de impuestos) y los presupuestos del próximo año.
Dentro de las formaciones que apoyan al gobierno, cada vez hay más referencias a la situación de las arcas forales, y calculan que con la anterior reforma fiscal (precisamente apoyada por regionalistas, socialistas y populares) se dejaron de ingresar unos 75 millones de euros. La pregunta, por tanto, es si habrá dinero para responder a todas las expectativas generadas por ese acuerdo programático, y por ello se insiste en la necesidad de fijar prioridades. Ahí es donde el cambio se jugará gran parte de su respaldo.
