La prisión de Pamplona, más espacio y peores condiciones
No soplan vientos políticos propicios para reclamar al Estado la asunción de mayores competencias por parte de las Comunidades Autónomas. Pero, ajena al grave contexto institucional en el que vive el país con la crisis de Cataluña, o tal vez precisamente ahora porque toda la atención del Estado se centra en el desafío de la Generalitat, la Comunidad foral de Navarra acaba de instar a su Gobierno para que solicite al estado la transferencia de competencias en materia penitenciaria.
Sólo UPN y su socio en Madrid, el PP, se han opuesto a esta iniciativa. El resto de los grupos considera que el Estado está haciendo “dejación de sus funciones en Navarra” y pretende que las condiciones de vida de los reclusos de la nueva prisión de la Comunidad foral mejoren con el regreso de las competencias a manos de Navarra.
Se cumple este año el 5º aniversario de la inauguración de la nueva cárcel de Pamplona: situada en la colina de Santa Lucía, a las afueras de la ciudad, tiene 75.000 metros cuadrados construidos y alberga a 350 presos, es decir, la mitad de su capacidad.
La presentación de la nueva cárcel hace seis años a manos de la entonces responsable de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo estuvo repleta de cifras deslumbrantes. El centro había costado 100 millones, se había construido en un tiempo récord de 20 meses y era uno de los referentes del nuevo modelo carcelario por el que apostaba entonces el Gobierno central: en una cárcel tipo, los 109.000 metros cuadrados de instalaciones albergaban 1.008 celdas; en la nueva prisión de Pamplona, los 75.000 metros cuadrados construidos albergaban 504 celdas, es decir, 13 metros cuadrados por celda. La cárcel estaba planificada en 4 módulos residenciales con 72 celdas cada uno y otros seis módulos ‘polivalentes’ con 36 celdas por módulo. Además, en la planta baja, cada módulo dispone de un “gran espacio destinado a zona de estar, un comedor, un patio para juegos y un edificio enfrente con peluquería, gimnasio y aulas formativas”.
Pero, con todo, lo que más dio que hablar fueron la piscina y las televisiones de plasma que estaba previsto instalar en cada celda. En el módulo deportivo-cultural se había construido una piscina cubierta, un polideportivo con frontón y un campo de fútbol. Mercedes Gallizo tuvo que aclarar que “no se trata de una piscina recreativa, sino de que los reclusos puedan hacer ejercicio como cualquier persona”. También defendió la compra prevista de televisiones para cada celda con dinero público, teniendo en cuenta “el elevado número de horas que pasan los presos en la celda”.
Al año siguiente, Mercedes Gallizo ya no asistió a la inauguración oficial de la nueva y flamante prisión de Pamplona. Lo hizo el propio ministro de Interior del nuevo Gobierno del PP, Jorge Fernández Díaz, y entre lo primero que anunció estuvo la confirmación de que la piscina no se iba a poner en marcha. Suponía un mantenimiento anual de 50.000 euros y el PP había puesto en marcha su ‘recortazo’. “Dentro de la política de ajustes presupuestarios, no podemos permitirnos el lujo del mantenimiento de una piscina privada, ni de 721 televisiones de plasma”, dijo Fernández Díaz. Los reclusos que quieran ver la televisión, que se la compren. “No atenta a la dignidad de los presos”, consideró el ministro.
'Rebajas'
Además de los ‘lujos’ que su ministerio no se iba a permitir, Fernández Díaz inauguró la cárcel con notables rebajas en los objetivos previstos. El llamado CIS, Centro de Reinserción Social, que había sido uno de los distintivos emblemáticos del proyecto de prisión impulsado por Gallizo, tendría que ponerse en marcha “de forma gradual”, dijo el ministro. “Una infraestructura de estas características exige un rodaje”, explicó el ministro, que no olvidó tampoco referirse al personal que iba a trabajar en el CIS: “Hasta que no tengamos las plazas de funcionarios necesarias para cubrir las necesidades de este centro”, advirtió, no podría ponerse en marcha. “Y no se podrá hacer en los próximos meses”, aseguró. Era junio de 2012. El CIS de la prisión de Pamplona sigue vacío y sin personal asignado.
La vida para los reclusos no es mejor en las nuevas instalaciones de lo que lo era en la vieja cárcel. Se evita el hacinamiento, cierto, pero hay otros datos que no son el de la densidad de población y que demuestran claramente que la población reclusa vive ahora en peores condiciones que hace cinco años, cuando pasaron a la nueva prisión de Santa Lucía. Por ejemplo, el número de drogodependientes ascendía en 2016 (último dato disponible) a 148 reclusos. Esto supone que en cuatro años, la población presa con problemas por consumo de drogas ha crecido un 34% con respecto al último dato disponible sobre la antigua cárcel.
Para Juantxo Castiella, psicólogo clínico del Hospital de Día Zuria del Gobierno de Navarra, responsable de la gestión del Programa de Intervención en Drogodependencias y Alcoholismo en el centro penitenciario de Pamplona, las causas de este incremento están claras. “El sistema penitenciario ha abandonado en la práctica el ideal resocializador”, advierte, “falta personal suficiente para el tratamiento y la asistencia de los internos”.
Quejas de las ONGs
Las quejas de las ONG que trabajan en el centro penitenciario de Pamplona se repiten: en la prisión hay mucho espacio disponible y está infrautilizado o resulta poco apropiado para los fines con los que se utiliza. El módulo de mujeres, por ejemplo, tiene casi el doble de celdas que de reclusas (36). “Están perdidas en un módulo enorme. Hay que pensar en su dignidad, aunque hayan cometido algún delito. Además de ser reclusas, están aisladas del centro penitenciario simplemente por la extensión del módulo en el que se encuentran”, denuncia Castiella.
A pesar de la amplitud de las instalaciones, no existe en la cárcel de Pamplona un módulo específico para drogodependientes. Los presos con problemas por consumo de drogas (sobre todo cocaína, alcohol y anfetaminas, por ese orden) conviven con el resto de reclusos que no consume. Tampoco se ha habilitado un módulo exclusivo para jóvenes, por lo que los internos de menor edad se mezclan en sus actividades diarias con los más adultos. No existen despachos para que los trabajadores de las ONG puedan atender de forma privada a los presos con los que ejercen su labor asistencial. El CIS, el famoso Centro de Inserción Social, sigue vacío, sin contenido ni programas que puedan desarrollarse en él, y sin personal asignado. Así que, en ocasiones, sirve a los presos que pueden acceder a él como sala para jugar a las cartas.
La inauguración de la nueva cárcel de Pamplona coincidió con el centésimo quinto aniversario de la construcción de la antigua prisión, hoy derruida. En aquel edificio integrado en plena ciudad, la Diputación Foral de Navarra ya ejercía las competencias en materia penitenciaria. La Comunidad foral era la propietaria de la antigua cárcel de Pamplona, nombraba y pagaba a los funcionarios de prisiones que trabajaban en dicho centro y ejercía la función de representante del Estado ante dicho cuerpo de funcionarios de prisiones. El franquismo cambió esta situación y reforzó la presencia estatal en la gestión de las prisiones, pero con la vuelta a la democracia la tradición histórica de que Navarra gestionase la política penitenciaria quedó recogida en el artículo 58.1 del Amejoramiento. Lo hizo, eso sí, en forma de posibilidad. Durante muchos años, los diferentes Gobiernos forales han jugado al gato y al ratón con la reclamación de mayores competencias al Estado para demostrar su apuesta por ampliar la autonomía de Navarra, pero la competencia en materia de instituciones penitenciarias no ha entrado siempre en el lote de reclamaciones. El Gobierno de Uxue Barkos, sustentado por el cuatripartito de su partido, Geroa Bai, junto con EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida, se comprometió a reclamar al Estado esta competencia, según recoge su acuerdo programático.
A su petición se ha unido ahora el PSN. Así que, con una mayoría a la que únicamente dejaron de sumarse los partidos de la derecha, el Parlamento foral pide al Gobierno de Uxue Barkos que negocie con el Estado el traspaso de competencias en materia penitenciaria, que esta nueva demanda se incluya además en la actualización del Convenio Económico que actualmente negocian los gobiernos foral y central, y que mientras se soluciona la burocracia, el Estado permita a Navarra hacer uso de sus competencias históricas para mejorar las condiciones de vida de los reclusos.
El caso es que, como ha recordado recientemente el PP al resto de los grupos parlamentarios, Navarra tiene concedido desde 2008 el traspaso de la competencia parcial de Sanidad en el ámbito penitenciario. Lo posibilitó un convenio que firmaron la entonces consejera foral de Salud, María Kutz, y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias a ese convenio, el Gobierno foral financia parte de los programas sanitarios que llevan a cabo distintas ONG en la prisión de Pamplona. Pero el ejercicio de la competencia no va más allá. Entre otras razones, porque cuesta dinero.
Convenios de salud
Según recoge la asociación Salhaketa en su último informe sobre la prisión de Pamplona, el convenio “pionero” que firmaron Navarra y el Estado tenía por objeto “la integración del centro penitenciario en la Intranet sanitaria del Servicio Navarro de Salud, garantizando con ello el derecho a la protección de la salud de estos ciudadanos, como cualquier otro residente en la Comunidad foral”. Para esta asociación, “materialmente, falta mucho recorrido para que la integración sea real”. Fue precisamente Salhaketa quien, a través de una denuncia interpuesta ante el Defensor del Pueblo, consiguió que el departamento de Salud permitiera que un psiquiatra atendiera a la población reclusa con problemas mentales, que hasta el momento carecía de atención dispensada por personal médico específico.
Para terminar de rematar la complejidad de la situación, los convenios de Salud firmados entre Instituciones Penitenciarias y las Comunidades Autónomas han sido denunciados por el Estado a raíz de los problemas para la administración de los tratamientos para la Hepatitis C.
En cualquier caso, la competencia parcial transferida al Gobierno de Navarra en materia de salud se traduce, en la actualidad, en que la prisión de Pamplona cuenta con tres médicos y cuatro enfermeros. Las consultas médicas se realizan tres días por semana y para que un preso sea atendido debe rellenar una instancia y apuntarse a la lista el día anterior. El resto de la semana no existe consulta médica de ningún tipo. No existe control sobre la posología de los tratamientos farmacológicos, que se reparten en un solo turno por la mañana. Esto supone problemas como el riesgo de intercambio o trapicheo con medicamentos entre presos, además del riesgo de que los reclusos no tomen los medicamentos que les han prescrito.
“El estado hace dejación de sus funciones”, denunció Bildu mientras defendía la asunción de competencias en materia penitenciaria por parte de la Comunidad foral. Se trata, además, de una reclamación competencial a la que el cuatripartito se ha comprometido en su acuerdo programático, de manera que los cuatro socios se mostraron muy firmes en su defensa. Pero no hablaron de la financiación de esas futuras competencias, y mucho menos de las que ya tiene Navarra concedidas de forma parcial en Sanidad.
El acuerdo “provisional” que rige entre Navarra y el Estado mientras no se formalice el traspaso de competencias en materia de política penitenciaria previsto en el Amejoramiento establece un régimen de financiación de la prisión de Pamplona y todos los servicios que deben prestarse en ella que, básicamente, adjudica el pago del personal al Estado y reparte al 50% el coste del resto de los servicios (alimentación, mantenimiento de infraestructuras, atención sanitaria y social de los presos…) entre ambas administraciones. En los presupuestos de Navarra de 2006, la partida para financiación de los gastos penitenciarios ascendía a medio millón de euros. La cantidad fue bajando progresivamente a medida que se iba construyendo la nueva cárcel hasta que en 2012, año de inauguración del centro penitenciario, había descendido a 200.000 euros. Desde 2013, no figura partida alguna en los presupuestos forales para el mantenimiento de la cárcel.
