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Los profesionales que trabajen con víctimas de violencia sexista tendrán que cursar formación obligatoria

El Gobierno tiene previsto crear cursos con contenidos propios e impartirlos a través del INAP

También exigirá la suficiente cualificación profesional a asociaciones que traten la violencia sexista y reciban subvenciones públicas

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Las mujeres protestan en Madrid por la desigualdad y contra la violencia machista

Manifestación contra la desigualdad y la violencia machista. EFE

Pasar de la sensibilidad individual al tratamiento estandarizado y homogéneo de la violencia sexista. Es uno de los objetivos del Gobierno de Navarra recogidos en el plan de acción con el que se pretende dar contenido y desarrollar la nueva ley contra la violencia sexista que aprobó el Parlamento por unanimidad al final de la pasada legislatura. El Gobierno quiere que los profesionales de todos los ámbitos implicados en la lucha contra la violencia sexista tengan una preparación adecuada, unos conocimientos precisos y una forma de trabajar homogénea y estandarizada. Así que tiene previsto preparar unos módulos de formación que deberán impartir, de forma obligatoria, todos los trabajadores públicos que intervengan en el proceso contra la violencia sexista.

El plan del Gobierno no pone fechas ni presupuesto a estos nuevos contenidos formativos. Pero sí recoge de forma taxativa que se impartirán a través del Instituto de Administraciones Públicas, el INAP, y serán preceptivos para todos aquellos profesionales (sanitarios, del ámbito de los derechos sociales, del ámbito de la Justicia, etc) a quienes les toque trabajar en la tarea interdepartamental de atender a las víctimas de la violencia sexista.

Los programas se estructurarán en tres niveles y los dos primeros serán obligatorios para los profesionales que intervienen en la lucha contra la violencia sexista. La creación de estos contenidos formativos y su aprendizaje por parte de los profesionales correrá a cargo de varias instituciones, como el instituto de la igualdad, el de formación pública, los departamentos de Educación, Salud, Derechos Sociales, Justicia e Interior. Además, el plan prevé la puesta en marcha de un plan formativo anual adicional. Además, señala que “se promoverá la exigencia de responsabilidades para casos de falta de diligencia”.

Una formación similar se exigirá a los trabajadores de asociaciones e instituciones que trabajan en la atención a las víctimas de las agresiones sexuales. Si reciben algún tipo de subvención pública, señala el Plan del Gobierno, tendrán que acreditar convenientemente que sus trabajadores tienen el nivel de formación específica requerido por el Gobierno.

Según los últimos datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, las denuncias presentadas por violencia sexista han subido un 7,3% en Navarra en los tres primeros meses de este año. En total, 364 mujeres denunciaron violencia sexista entre enero, febrero y marzo. El mismo informe recoge que en el primer trimestre se incoaron en Navarra 82 órdenes de protección y seguridad a las víctimas, de las que se adoptaron 55 y se denegaron 27. Navarra presenta un índice de víctimas de violencia de género de 11,28 por cada 10.000 mujeres, una tasa por debajo de la media española y que la sitúa como la novena comunidad con más víctimas de la violencia machista.

El plan de acción contra la violencia sexista que elabora el Gobierno define la violencia sexista “la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo o que les afecta de forma desproporcionada como manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada”. Además, se consideran las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres como son la violencia sexual contra mujeres y niñas (agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual en distintos ámbitos), el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el matrimonio a edad temprana, el matrimonio concertado o forzado, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres.

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