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Perdonar el dinero de todos

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Javier Maroto, de quien ya escribí que se crece con los débiles y se empequeñece con los fuertes, ha vuelto a firmar otra operación 'brillante' para las arcas vitorianas. Una que se suma a las ya cosechadas cuando era el escudero de Alfonso Alonso ( los viales de Sidenor, el contrato de alquiler más desfavorable para la ciudadanía y más ventajoso para el dueño de las oficinas, una plaza de toros sin uso y con una gestión 'sospechosa'...). Un suma y sigue a una forma de hacer que en realidad es un 'resta y frena' para el bolsillo común. Lo que sí crece es la lista de desatinos en la gestión que provocan un agujero en el dinero de todos. El último, una decisión irregular que ha perdonado a la multinacional Michelín unos dos millones de euros. Dos millones de euros de todos los vitorianos que se ha hecho sin ningún rigor. Qué fácil es pagar la ronda con la pasta de otros.

Que conste que no es discutible que se apoye al tejido empresarial de nuestro entorno. Se hace aquí y en todas las comunidades y países. Lo que es impresentable es que se haga mal, de una forma chapucera, a escondidas, sin justificar y de forma arbitraria. Y ya veremos si además es ilegal, lo que corresponde dictaminar a los tribunales, y la historia acaba con Michelin devolviendo el dinero y se logra el efecto contrario al deseado. Lo mínimo que se exige a un responsable público es transparencia y saber hacer y en el 'caso Michelín' no se ha producido ni la una ni la otra. Ni lo pidió la empresa de forma oficial hasta después de concedida la gracia, ni se aprobó en plazo, ni se justificó técnicamente -según consta en el expediente-, ni se gestionó por el Servicio de Tributos. De cuatro requisitos, se saltó los cuatro. El resultado, dos millones menos de ingresos para el Ayuntamiento y una multinacional beneficiada.

No sé qué pensaran los colectivos a los que se les han recortado las ayudas porque no había ingresos y ven que sí, que los había pero que no se han recaudado de una forma eficiente.

No sé qué pensaran las empresas que pagan religiosamente su IAE, a las que fríen a requisitos e informes para cualquier gestión. No sé qué pensaran las familias a las que les reclaman certificados de todo tipo para acceder a la tarjeta de transporte bonificada o a cualquier ayuda o exención. No sé qué pensaran los colectivos a los que se les han recortado las ayudas porque no había ingresos y ven que sí, que los había pero que no se han recaudado de una forma eficiente.

Y las explicaciones del Gobierno de Maroto ya son de nota. Aducen que todo está en regla, aunque el expediente sea raquítico; que la subvención finalizó al cumplirse los cinco años, aunque se perdonó el 30% del IAE durante siete ejercicios... Es decir, el Gobierno lanza balones fuera. Balones que han supuesto dos millones de euros menos a toda la ciudadanía vitoriana.

Dos millones de euros corresponden a 3.000 rentas de garantía de ingresos. Ese dinero que pagamos a escote entre todos para que muchas familias que lo necesitan tengan algo para comer y mantengan, a duras penas, la poca dignidad que la crisis les ha arrebatado. No voy a entrar en el uso electoralista que Javier Maroto hace de esas ayudas. Ya se encarga de eso el fiscal general del País Vasco.

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