El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, cuando todavía tenía de plazo hasta el próximo 8 de agosto. El ministro de Energía había informado anteriormente de que el Gobierno se tomaría medio año para tomar una decisión sobre el futuro de la central y escuchar a «todas» las partes interesadas en el proceso. Concretamente, han sido 11 entidades las que se han personado en el procedimiento de consulta abierto en torno a Garoña, para las que el Gobierno abrió un periodo de alegaciones de 10 días que finalizó el pasado 21 de julio. Concretamente, el próximo 8 de agosto, era la fecha en la que el Gobierno de Madrid, debía decidir si bajaba la persiana de manera definitiva o autorizaba que la instalación siguiera abierta y pudiera retomar la actividad. En esa fecha caducaba el periodo de seis meses concedido para consultar con los diferentes agentes y las empresas propietarias de la central para afrontar una decisión. Pero, el Ministro de Energía se ha adelantado y las razones tiene que ver con varias cuestiones que apunto a continuación.
En primer lugar, hay que tener en cuenta el desacuerdo entre los dos socios propietarios de la central nuclear de Garoña, Iberdrola y Endesa, sobre la continuidad de la planta. Iberdrola quería cerrar la central porque asegura que en la actualidad no es rentable por los impuestos que soporta el sector nuclear. Mientras, Endesa estaba por la prórroga.
En segundo lugar, sólo dos de las entidades que han intervenido en la consulta -la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipio de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC)- habían manifestado su apoyo a la continuidad de la explotación de la central, que lleva parada desde diciembre de 2012 y habían presentado alegaciones a favor de la prórroga de explotación. Por el contrario, los ocho restantes se han mostrado en contra. El Parlamento vasco, el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, el Gobierno de La Rioja, y el Gobierno de Navarra, entre las instituciones y, por parte de las organizaciones ecologistas, Greenpeace, Ecologistas en Acción-Burgos, y la Asociación Ecologista Centaurea, han presentado alegaciones dentro del período establecido.
En tercer lugar, también habrá pesado en la decisión del Gobierno español que la aportación real de la central nuclear de Garoña al parque de generación eléctrica es muy pequeña, escasamente 500 MW. Y, de hecho, durante los tres años que ha estado sin generar electricidad no ha habido problemas de abastecimiento. Aunque también que decir por el contrario, que si se concedía la prórroga de explotación a la central burgalesa de Santa María de Garoña, podía marcar el futuro de la energía nuclear en el Estado español.
No en vano, si la central nuclear de Garoña conseguía los permisos para operar más allá de los 40 años, se abría un precedente para los siete reactores nucleares que actualmente funcionan en el Estado, que, si no tendrían que empezar a cerrar a partir de la próxima década, al rebasar ese límite temporal. La siguiente en la lista es Almaraz I, ubicada en la provincia de Cáceres, cuya licencia de explotación expira en 2021 y que entró en servicio en 1981, pero que se ha visto envuelta en varios problemas de seguridad en los últimos años. El resto de reactores nucleares irán agotando su vida útil entre 2023 y 2034. Tras Almaraz I, vendrán Ascó I, que entró en funcionamiento en Tarragona en 1983; después Almaraz II, también en 1983; la planta valenciana de Cofrentes, en servicio desde 1984, más tarde Ascó II, también en Tarragona, en 1985; luego le seguirá Vandellós (Tarragona), planta que está en servicio desde 1987; para acabar con Trillo en Guadalajara, en 2034.
Pero, también es cierto, que cerrada la central nuclear de Garoña, se puede proceder a la ampliación de la licencia de explotación de los siete reactores nucleares actualmente en funcionamiento.
En realidad, no existe ninguna normativa que estipule por ley cuánto tiempo puede estar funcionando una central nuclear. Siempre que se cumpla con los requisitos de seguridad, avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los operadores pueden solicitar una prórroga tras otra. Aun así, la decisión es más política de lo que parece. Pese a los informes que realice el Consejo de Seguridad Nuclear sólo son vinculantes cuando son negativos, es decir, cuando una instalación no cumple con los requisitos necesarios para seguir operando. Pero si una central cuenta con el aval del CSN, la última palabra la tiene el Gobierno español, que es quien debe aprobar o desestimar una renovación de la licencia de explotación.
En cuarto lugar, y aunque lo ponga en último término, no es menos importante, está el posicionamiento de la sociedad vasca y también de otras comunidades autónomas, que ha expresado tanto en la calle como en las instituciones su rechazo a la reapertura de la central nuclear de Garoña, y de esta forma conjurar el peligro nuclear de una vez por todas.
En esta tesitura, no hay razones convincentes para que se reabra la central de Garoña, pero tampoco para la instalación de un almacén temporal en la citada central donde en teoría se albergarían los residuos en seco durante un máximo de 10 años, en lugar de en la piscina como hasta ahora, hasta que llegue si llega el almacén centralizado transitorio de Villar de Cañas. Además, precisamente, en un punto bajo tierra en el cual sus aguas están conectadas con el embalse subterráneo de la Llanada alavesa, como lo denunció la Diputación Foral de Álava en su día al Ayuntamiento del Valle de Tobalina al conceder la licencia de obras para su construcción.
Bienvenido sea el cierre definitivo de Garoña, aunque queda pendiente la instalación del citado almacén temporal en la central. Pero también, todavía tenemos motivos suficientes para seguir manteniendo la lucha por el cierre de las demás centrales nucleares. Está demostrado, hoy en día, que no es necesaria la energía nuclear. No son pocos los estudios que consideran factible em el Estado Español contar en 2050 con un parque eléctrico completamente desnuclearizado formado exclusivamente por energías no contaminantes, que darían además trabajo a cientos de miles de personas entre empleos directos e indirectos.
Por tanto, podemos vivir sin nucleares, y no exponernos a un grave accidente nuclear. Hoy en día sabemos que hay que prescindir de ellas, y que tenemos tecnologías y alternativas energéticas que la hacen innecesaria.
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