La presente legislatura puede ser vital para el desarrollo energético del Estado Español de los años. El Gobierno español debe cumplir con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero planteados en el llamado Acuerdo de Paris, que se deberían plasmar en la Ley de Cambio Climático, que ya se está abordando en el Congreso de Diputados.
Es posible que se prescinda de las tecnologías más contaminantes, como son las centrales térmicas de carbón -hay 25 centrales en funcionamiento en la actualidad-, la mayor emisora de emisiones de CO2. En cuanto a las centrales nucleares, no emiten CO2, aunque generan residuos radiactivos para los que no se ha encontrado hasta la fecha solución alguna. Ninguna central nuclear española ha funcionado más allá de 40 años, aunque la puerta está abierta por el Gobierno del PP.
La mayoría del Congreso ha pedido al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que detenga el proceso de reapertura de la central nuclear de Garoña, en el norte de Burgos, que tan cerca está de Euskadi. Los dueños de la central han pedido autorización para 17 años más, después de 40 años de funcionamiento y cuatro de estar parada, y sobre la cual deberá pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Recientemente, el pasado 20 de diciembre, en una Jornada celebrada en Madrid sobre las centrales nucleares españolas, el presidente de la Sociedad Nuclear Española y de Nuclenor -empresa propietaria de la central de Garoña, formada al 50% por Iberdrola y Endesa-, José Ramón Torralbo, afirmó que “van dos años” de evaluación exhaustiva de dicha planta nuclear sin que haya aparecido “impedimento técnico” para que la planta pueda seguir operando “con alguna modificación”. Torralbo aseguró que la vasija de la central tiene una vida útil de entre 80 y 90 años.
Sin duda, estas declaraciones significan que la industria nuclear va preparando el camino para que el CSN apruebe el alargamiento de la vida de la central. De esta manera, no sólo se garantizaría la reapertura de Garoña, sino que también de otras centrales nucleares españolas, entre ellas la de Almaraz y Trillo, en primera instancia.
En diciembre de 2012, Nuclenor paralizó la actividad en Garoña para evitar el pago de un nuevo impuesto sobre los residuos nucleares que habría que gravar a las centrales nucleares. Durante este tiempo Garoña ha demostrado que desde el punto de vista de la producción eléctrica no es necesaria. Esta central es totalmente prescindible, porque sólo produce el 1,3% de la electricidad en el Estado Español, y está amortizada, por lo que su cierre no debería costar un euro a la ciudadanía. La amortización de las centrales más antiguas se produjo en torno a los 25 años de funcionamiento gracias principalmente a las aportaciones extras que ha recibido la industria nuclear en el Estado Español.
Pero, además, Garoña, no es una central segura, ni muchos menos. Durante sus 40 años de funcionamiento, ha tenido multitud de incidentes y problemas, desde agrietamientos variados al calentamiento de las aguas del río Ebro, por no seguir con más cuestiones. Exactamente nueve días de cumplir los 40 años de conexión de la central de Garoña a la red eléctrica, el reactor I de la central nuclear japonesa de Fukushima sufría uno de los accidentes más graves de la historia nuclear. Pues bien, Garoña y el reactor I de Fukushima fueron conectadas a la red el mismo año -1971-, con la misma tecnología (BWM o agua en ebullición), con el mismo sistema de contención (Mark-I) y casi similar potencia (466 y 439 MW, respectivamente).
Parece que en el Estado Español no se van a construir nuevas centrales nucleares en las próximas décadas por las enormes inversiones que supone construir una central nuclear. Pero, sin embargo, está lejos de toda duda, que están por la extensión de la vida útil de las que ya funcionan, actualmente cinco. El alargamiento de la vida de las centrales nucleares supone un beneficio económico indudable, ya que se trata de unas plantas que están ya amortizadas. Pero, esta pretensión choca con varios problemas. El primero es el de la seguridad. A medida que las plantas envejecen van teniendo más achaques, y, por tanto, más posibilidad de accidentes. El segundo es el hecho de que la garantía de suministro se va minando progresivamente, puesto que las centrales nucleares sufren más paradas no programadas que detraen súbitamente una gran potencia del sistema eléctrico, con efectos muy negativos para la red.
Este es el motivo por el que se debe seguir con mucha atención las decisiones del Gobierno del PP, y de un CSN, que en realidad debería ser un organismo garante de la seguridad nuclear, pero que, gracias al PP, se ha convertido en un organismo sumido a las órdenes del lobby nuclear.
Hasta la fecha, en lo que concierne a la posible reapertura de la central nuclear de Sta. María de Garoña, absolutamente todos los partidos políticos en el Parlamento Español, a excepción del PP, se han opuesto taxativamente a ello. Por su parte, en el Parlamento Vasco, ha ocurrido otro tanto. Pero, parece qué al PP, una vez más, no le vale esta oposición mayoritaria.
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