Hace ya unos cuantos años que la Consejería de Educación vasca decidió sustituir los exámenes de septiembre por otros en junio (o julio, si la etapa es universitaria). Tal medida administrativa fue pionera entonces en España, pero cada vez más Comunidades Autónomas están adoptando la misma posición. Ciertamente, poco se ha analizado aún la adecuación de tal cambio en el calendario, que respondió principalmente a criterios de planificación educativa (iniciar el nuevo curso escolar con el alumnado encuadrado definitivamente en el nivel, curso o etapa correspondiente, sin las decisiones y medidas de última hora que provocaba la convocatoria de septiembre anterior) y menos a decisiones pedagógicas (¿tiene opciones reales de recuperación de las asignaturas suspendidas el alumnado que debe prepararlas en apenas 5-10 días?)
Pero, aunque cada vez parece haber más voces discordantes con la opción actual, nadie ha roto una lanza por una revisión de tal decisión. Septiembre ha perdido el calor ambiental de los sofocos estudiantiles para sustituirlo por el agobio enfermizo de la vuelta al trabajo y el anhelo visual de las próximas vacaciones, ostensiblemente señaladas ya en el calendario.
Sin embargo, sigue habiendo personas a las que la sociedad les recuerda que septiembre continúa siendo ese tiempo de intranquilidad por el trabajo pendiente, por los asuntos inacabados, por la tarea incompleta: entre otras, quienes se dedican a la política. Veamos de qué asuntos importantes tendría que examinarse este mes, por ejemplo, el equipo que gestiona la educación vasca a día de hoy.
En primer lugar, este nuevo arranque de curso político debería calificar las decisiones que la Consejería de Educación de la CAPV tome con respecto a la negociación de nuevos convenios laborales para las más de treinta y cinco mil personas que trabajan en el sistema público vasco. Docentes, personal de cocina y limpieza, de apoyo educativo necesitan conocer las verdaderas y definitivas intenciones de la Administración autonómica para lo que resta de legislatura política. ¿Habrá, por fin, negociación real de las condiciones laborales de estas/os trabajadores o seguirán amagando con ofertas ridículas que indignan a la representación sindical? ¿Volveremos a conocer declaraciones sobre esfuerzos potentes de la Consejería que son en realidad mero maquillaje de una vacuidad alarmante? ¿Habrá, por fin, alguien en ese equipo gestor que asuma la falta de iniciativa y proponga un giro copernicano en la percepción que se tiene del trabajo que se realiza en la educación pública de este país?
Otra pregunta de examen para el equipo de la Consejera Uriarte tendría como objetivo conocer el futuro de Heziberri 2020. Hasta el momento, con más desacierto que éxito, el proyecto continúa activo en las aulas vascas sin que ninguno de los agentes educativos participantes (docentes, alumnado y familias) sepa bien en qué consiste. El Departamento, sin embargo, lleva tiempo anunciando que el tercer proyecto de Heziberri, el definitivo, el que marcará insondablemente el “antes” y el “después” de nuestro sistema -la nueva ley vasca- está en proceso de lanzamiento.
Pero más allá de estas pomposas declaraciones, nada más se sabe: los partidos políticos, que son quienes deberán aprobarla o rechazarla tras debate parlamentario, desconocen si hay un borrador de articulado para su revisión; la propia estructura administrativa (inspección, direcciones de los centros, Berritzegunes,…) conoce poco más que los rumores de pasillos y los sindicatos de enseñanza, por último, desconfían de los plazos mencionados, que ya han sido superados en anteriores ocasiones. De todos modos, esta última referencia no extraña, ya que estos agentes sociales y educativos son los que públicamente se han manifestado con mayor firmeza contrarios al proyecto Heziberri.
Quizás el problema sea no estar dirigiendo la antena hacia el sitio correcto para superar la actual desinformación. Hay sospechas justificadas de que las patronales del sector –curiosamente ambas de la red privada-concertada- puedan conocer de forma más veraz el punto actual en que se encuentra el proyecto. ¿Será por el apoyo de ambas organizaciones empresariales a este proyecto? ¿O por la necesidad de conocer si el nuevo texto legal contiene modificaciones específicas sobre la nueva financiación educativa que desean?
La Consejería también deberá examinarse de política educativa y aclarar de una vez si su apuesta final será por mantener el actual zoco de programas en busca de los centros interesados o por lo que en realidad debería hacer: centrar sus esfuerzos en un paquete completo de programas educativos que sean el santo y seña de su actuación política. Es decir, que una vez seleccionados –y reducidos- el número y la importancia de esos programas lleguen de forma nítida a todos los centros escolares, sin concursos previos de participación.
Una apuesta, por ejemplo, por la defensa de los derechos humanos, por la superación de la brecha digital o por hacer atractiva la investigación científico-tecnológica en las aulas. ¿Continuará la actual profusión de programas educativos que aturde a las direcciones de los centros? ¿Seguirán estas seleccionando en función de los recursos humanos y materiales anexos a estos programas? ¿Se mejorará el seguimiento que hace la Inspección de tales decisiones? ¿Dispondrán próximamente todos los centros educativos de las mismas oportunidades de formación y financiación digital? ¿Habrá en Lakua alguien realmente dispuesto/a a reducir drásticamente los temarios curriculares y a adaptarlos a la formación real que debe tener el alumnado del siglo XXI?
Y con el sano propósito de no dificultar la obtención de un buen resultado a la Administración educativa vasca, haría una última pregunta sobre la convivencia, en este hipotético examen septembrino. No pretendo conocer el estado actual del famoso plan de prevención de la violencia entre iguales que la Consejería viene preparando de forma misteriosa hace ya un largo año. Menos aún volver a preguntar el porqué de la desidia manifiesta de esta consejería en no convocar su Observatorio de Euskadi de la Convivencia. Únicamente pretendería saber cuál ha sido la actitud mantenida ante el informe recientemente realizado por el Instituto Padre Arrupe sobre la percepción de la juventud universitaria vasca sobre la violencia vivida en nuestra tierra. ¿Sorpresa ante lo inesperado? ¿Quizás de confirmación por lo desgraciadamente previsto?
A falta de respuesta más concreta, lanzaría algunas de mis dudas: ¿Hay alguna idea sobre el porqué de que la mitad de los/as encuestados/as considere que la influencia de los colegios en la formación sobre este tema –la violencia terrorista en Euskadi- es considerada baja o muy baja? ¿Y de que más del 40% de quienes son preguntados/as no sepan responder sobre términos desgarradores como Hipercor, GAL, Lasa y Zabala o Miguel Ángel Blanco? ¿Qué aportaciones está realizando esta Consejería de Educación en la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación de la que forma parte? ¿Hasta cuándo habrá que esperar para conocer la/s unidad/es didáctica/s que llenen el clamoroso vacío actual?
Cerraría aquí las preguntas porque aún debo dilucidar el tipo de cuestionario a elegir. Y me pregunto yo: ¿optar por el modelo de respuestas cerradas, con varias posibilidades, que lo convierte en prueba más fácilmente evaluable en la línea PISA –y con más posibilidades para obtener una calificación positiva- o continuar con el modelo tradicional, de respuestas abiertas, sin límite –trasnochado ya para tantos amigos/as de la última y flamante novedad- de mayor complejidad evaluadora?
A resolver esta duda dedicaré mis próximas horas.
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