Dice el refranero popular que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y en ello parecen obstinados el Sr. Méndez del Vigo y la Sra. Uriarte en los últimos tiempos. (Me explicaré antes de que haya quien se lleve las manos a la cabeza, por sugerir tal comparación).
Ambos políticos, el ministro y la consejera, se esfuerzan en presentarse ante la ciudadanía como representantes de gobiernos dialogantes, que no reparan en utilizar incontables y generosos esfuerzos para obtener consensos definitivos. Pero la realidad, que es terca y machacona, no deja lugar a dudas: ambos, la consejera y el ministro, carecen de suficiente cintura negociadora, como demuestran sus recientes actuaciones públicas.
Desde Madrid cuentan a quien desee escuchar que, a diferencia del inefable Sr. Wert, su sustituto ha sabido abrir una senda de comunicación con la comunidad escolar, muy enfadada por los desplantes continuados de su antecesor. El objetivo es claro: auspiciar el pacto educativo; no aquel que el ministro Gabilondo estuvo cerca de conseguir y el propio PP, entonces en la oposición política, rechazó por la cercana llegada al gobierno; tampoco es ese pacto político sugerido en otros espacios públicos que, consensuado de abajo hacia arriba, sea base mínima aceptada por la propia comunidad educativa española.
No, hablamos de un pacto al más puro estilo del PP. El Sr. Méndez del Vigo propone un pacto escolar que nazca de una LOMCE rebajada, pero instaurada. Para ello, y pese a la debilidad de implantación que está viviendo la ley orgánica en las distintas CCAA, boicoteada o “amoldada” en territorios de gobernanza popular, ofrece la aparente joya de la corona: paralizar (no derogar) la implantación de las reválidas –eufemísticamente hablando, “pruebas externas de nivel educativo”-. Podía haber demostrado más cintura dialogante, por ejemplo, no publicando el real decreto de las pruebas en pleno julio, estando el gobierno en funciones. También –otra sugerencia que nace de una petición reiterada de los sindicatos de enseñanza- podía haber abierto la mesa de negociación educativa estatal, mejorado así su perfil dialogante. Nada de eso hizo, sino publicar el real decreto y esperar movimientos.
En Vitoria, mientras tanto, el gobierno del PNV, con la consejera Cristina Uriarte al frente del Departamento de Educación, insiste en jugar la baza de oposición a la ley estatal con su proyecto estrella. Heziberri 2020 es el muro tricolor que nos defenderá de los huestes nacionalistas españolas. Es el bastión edificado a partir de un consenso de una comunidad educativa vasca- dicen desde Lakua- que recela de esa bota que pretende usurparnos las competencias educativas propias.
Que la LOMCE sea considerada por algunos/as una ley injusta, nada solidaria o segregadora, por ejemplo, quizás no sea un asunto menor para el nacionalismo vasco, pero sí menos interesante que el señalado, el de invasor competencial. Se ha caminado mucho hasta aquí para que venga ahora el PP a decirnos cómo gestionar nuestro propio sistema. Y siendo certera esta crítica, no podemos priorizarla sobre el resto de deficiencias que la ley española propone.
La Sra. Uriarte y el resto de su equipo gestor siguen presentando Heziberri 2020 como el arquetipo de consenso vasco. Ciertamente, quien se siente a gusto con el mito de oasis vasco frente a las tropelías españolas, verá lógico que nuestro sistema educativo sea un exponente más de esta Arcadia renacida. Porque el mensaje, además, es reiterado en cuantos foros nacionales e internacionales participa algún exponente de Lakua [1], con la intención aviesa de convertir la mentira en realidad: Heziberri cuenta con el consenso de la comunidad educativa. ¡Lástima que en tal afirmación no se tenga en cuenta el rechazo de los agentes educativos de la Escuela Pública! Sindicatos de enseñanza y asociaciones de familias llevamos más de dos años manifestando nuestro rotundo no a un proyecto que nació excluyente y que ha continuado sin ningún apoyo de los representantes educativos mencionados.
Parece que representar al 50% de la comunidad vasca no es suficiente para que la Consejera de Educación se detenga a pensar el por qué de nuestra negativa. Quizás sea que le resulta suficiente con ese otro 50% que representan básicamente las patronales Kristau Eskola, Partaide y el resto de organizaciones dependientes, en distinta medida, de la generosidad consejeril. O, tal vez, le parezca suficiente con asumir que como patronal de la red pública que es la administración, su apuesta decidida por Heziberri enmudece las voces críticas.
El próximo miércoles, 26 de octubre, distintas organizaciones educativas de ámbito estatal y autonómico han decidido unir las fuerzas para convocar movilizaciones que cuestionen la actual situación de descontrol que existe en España y en Euskadi. Las habrá de todo color e intensidad: huelgas, paros, concentraciones y manifestaciones; por la mañana y por la tarde. El motivo no puede ser más diáfano: conseguir paralizar una ley y un proyecto autonómico que no se representa el sentir ciudadano. Pero habrá que decirlo alto y claro, por si alguien desea persistir en su actual estado de sordera.
[1] El pasado fin de semana, sin ir más lejos, en las intervenciones de la Consejera y de la parlamentaria Jone Berriozabal en el 44 Congreso de la CECE en Bilbao
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