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La responsabilidad del Gobierno en la crisis habitacional. Urge nuevo gobierno para un nuevo enfoque

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En España, hace ya algunos años que comenzó una crisis financiera e inmobiliaria que ha desembocado en  una grave crisis habitacional.   Nos encontramos en un momento político decisivo y, por ello, toca pararse a reflexionar sobre lo sucedido, analizar cómo hemos llegado hasta aquí y, lo que es más urgente, ofertar a la ciudadanía soluciones efectivas.    

Creo acertado, por lo tanto, intentar explicar, en primer lugar, qué políticas nos han conducido hasta la actual situación de emergencia habitacional. Podemos asegurar, tal como lo hace D. Harvey, que existe una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y la urbanización. Esta relación entre desarrollo urbano y capitalismo ha estado muy presente en España y ha ido configurando nuestro modelo inmobiliario durante el franquismo y la transición. La asunción por los poderes públicos de los intereses privados de carácter especulativo de los propietarios fue uno de los elementos determinantes que institucionalizó la Ley del Suelo de 1956.

La aprobación de la Constitución española de 1978 debía inaugurar una nueva etapa, pero el derecho a la vivienda,  recogido en el artículo 47 CE, resultó ser un cuerpo extraño en el ordenamiento jurídico español. El nuevo sistema no interioriza su contenido y, por consiguiente, este derecho, no condiciona nuestro modelo urbano y residencial que sigue estando al servicio de los mismos intereses, los del capital.   

La construcción de vivienda no responde, así, a las necesidades sociales, a la materialización del derecho a la vivienda,  sino a las necesidades de crecimiento continuo que requiere el propio sistema capitalista de acumulación. La vivienda se entiende desde una perspectiva meramente económica, y el modelo propietario es el único referente válido.

Lo partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, presentes en los gobiernos de los últimos 35 años, optan por mantener ese modelo y, para ello,  proporcionan un marco normativo urbanístico, financiero e  hipotecario a medida.

La situación de “laissez faire”, de ausencia de control público y de ordenación del  mercado inmobiliario tiene, como ya sabemos, consecuencias nefastas. El drama de los desahucios es una de ellas.  

Ahora no vale escurrir el bulto. Existen responsables, partidos políticos que mientras gobernaban apostaron por el modelo propietario, ellos hicieron las propuestas normativas y las aprobaron con sus votos, ellos miraron para otro lado mientras la especulación inmobiliaria campaba a sus anchas. Después de lo acontecido, esas mismas fuerzas políticas no pueden desvincularse de los efectos devastadores que sus decisiones han tenido sobre las personas más débiles.  

Debemos preguntarnos, entonces, qué han hecho durante estos años nuestros gobernantes para paliar las consecuencias de esta crisis.

El Gobierno, poca cosa. Las medidas aprobadas han sido a todas luces insuficientes, ineficaces e injustas.  

En cambio, algunas Comunidades autónomas sí han aprobado normas que recogen instrumentos o medidas cuyo fin es hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional.

 ¡Ahora viene lo más sorprendente! El actual gobierno en funciones, no contento con provocar con sus decisiones políticas el desastre de los desahucios, con no saber o querer aportar soluciones, todavía dedica sus últimos esfuerzos a suspender estas normas autonómicas a través de la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.  

No es este el espacio para debatir sobre la posible vulneración de la Constitución. Lo que sí se puede afirmar es que las medidas que se regulan en estas normas autonómicas, relacionadas fundamentalmente con la movilización de vivienda vacía, están vigentes desde hace tiempo en  países europeos de nuestro entorno como Francia o Bélgica.  

Está muy bien reivindicar y defender competencias estatales, como “las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13 CE) o “las bases de la ordenación de crédito” (art. 149.1.11 CE), pero ¿para qué? Esa es la pregunta.

Hasta el momento actual, la titularidad de las competencias estatales señaladas no ha supuesto ningún beneficio para los ciudadanos y ciudadanas en relación al acceso y disfrute de la vivienda, muy al contrario, ha permitido que seamos testigos de situaciones que atentan gravemente a la dignidad de las personas.

No hay duda. Ha llegado el momento de cambiar de enfoque. El Estado necesita emplearse a fondo para, a partir de los títulos competenciales citados y algunos más, aprobar un marco normativo aplicable en todo el territorio que ponga los derechos ciudadanos, sus necesidades básicas, por delante de las necesidades del sistema económico.

En este sentido, normas como la Proposición de Ley 25 de Emergencia Social, primera norma que entró en el Congreso en la XI Legislatura, plantean ese cambio de enfoque.  

Una gran novedad y uno de los principales aciertos de esta propuesta es abordar la falta de cobertura de necesidades básicas (vivienda, suministros básicos, sanidad) desde el enfoque de Derechos. Para ello, asume como referente, como paraguas, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recoge el derecho de todas las personas a unas condiciones de vida adecuadas.

Es una tarea inaplazable aprobar este marco, seguir trabajando y reforzando los contenidos de la Ley 25. Si se consigue, las Comunidades autónomas, ahora ya con seguridad, podrán, de acuerdo a sus competencias y a sus necesidades específicas, regular  medidas concretas para que finalmente los ciudadanos y ciudadanas disfruten de sus derechos.

 

Para que esto se haga realidad, necesitamos imperiosamente un gobierno progresista  que como decía H. Lefebvre sitúe  a los ciudadanos, a las ciudadanas, y a sus derechos,  en el centro del sistema.  

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