La verdad sobre el caso Atutxa

Con Juan María Atutxa, el PNV ha ganado un nuevo gudari para la “causa vasca”; un paladín de nuestras libertades seculares, que ha avanzado puestos en el escalafón del santoral jeltzale, hasta situarse, con toda seguridad, a la derecha del mismísimo Lehendakari Aguirre. Algo lógico, teniendo en cuenta la gallardía con que defendió la dignidad del Parlamento Vasco, haciendo de la institución que presidía un verdadero cinturón de hierro impermeabilizado ante la legalidad española. Lo malo es que la historia se ha vuelto a repetir; y, por eso, Atutxa no pudo evitar que, al igual que en las defensas vascas del 36, hubiera en nuestro Parlamento cuerpos extraños que trabajaban para el enemigo.

¿De qué extranjería parlamentaria estamos hablando? Lógicamente, de la que integraban los parlamentarios socialistas y del PP, que se opusieron por sistema, y con indignidad manifiesta, a quienes defendieron nuestra dignidad institucional frente a instancias ajenas que pretendían atropellarla.

Dicen, éstos últimos, que, al desautorizar la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó en abril de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado la razón. Si es así, se la han dado de una forma un tanto extraña, teniendo en cuenta que su dictamen se detiene en cuestiones formales (serias, pero formales), sin entrar al fondo del asunto por el que, tanto el expresidente como sus compañeros del tripartito de Ibarretxe en la Cámara (Kontxi Bilbao y Gorka Knörr) fueron condenados en su día: que no fue otro que su negativa a cumplir una orden judicial para disolver el Grupo Sozialista Abertzaleak, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Partidos.

Parece, pues, que el grupo parlamentario nacionalista se ha despistado algo al manifestar que, según el dictamen de la justicia europea Atutxa, Knörr y Bilbao fueron sometidos a un juicio injusto “por defender esta institución (parlamentaria), su dignidad y autonomía y la separación de poderes”. Pero tampoco es para entrar en minucias que palidecen ante el hecho relevante de que el alto Tribunal Europeo haya sacado los colores a la Justicia Española, que en tanto que “española” no es “justicia”, como el nacionalismo siempre se ha empeñado en demostrar.

Se comprende, pues, el fervor nacional con que el desenlace de este asunto ha sido acogido. Un fervor que incluye la reivindicación de Izaskun Bilbao  de una autocrítica en clave estalinista del PSE-EE y el PP, por defender posiciones distintas a las de Atutxa y sus compañeros de tripartito. E incluye, igualmente, el reconocimiento institucional del Parlamento Vasco a los condenados por el Tribunal Supremo, como el que organizó recientemente su actual presidenta, Bakartxo Tejería. Un reconocimiento que excluye implícitamente a los que fueron grupos parlamentarios desafectos con la posición de quienes desobedecieron al Supremo, y cuya honorabilidad se ha llegado a poner en duda públicamente.

¡Como para recordar, en tal ambiente, que la Mesa del Parlamento Vasco presidida por Atutxa decidió en su día dar el primer paso para la disolución de Sozialista Abertzaleak como grupo parlamentario! Sí, sí. Atutxa y la Mesa que presidía estuvieron dispuestos a perpetrar esa “agresión” a la soberanía de nuestra Cámara Legislativa proveniente del Tribunal Supremo. Y a instancias, además, del secretario primero de la Mesa, Manuel Huertas, que, en su “indignidad” socialista, consideraba que defender la legalidad democrática no entraba en contradicción con la capacidad normativa del Parlamento Vasco; y propuso, para solventar lagunas de su Reglamento, que fuera una resolución del Presidente la que se utilizara para disolver al grupo heredero de Batasuna. Y esto, que la Mesa aceptó, la Junta de Portavoces lo rechazó al día siguiente, sin que a Juan Mari Atutxa, hoy tan locuaz, se le escuchara decir entonces “esta boca es mía” al verse desautorizado por sus mismos compañeros de partido.

Pero el antecedente, por efímero que fuera, no deja de suscitar preguntas. Al menos dos, por mi parte. La primera: ¿era o no viable cumplir el auto judicial sin menoscabar la dignidad de nuestras instituciones? La segunda: la decisión de no cumplirlo, ¿fue tomada desde posiciones autónomas del propio Parlamento Vasco o desde el “impulso político” que le llegó a la Cámara del Gobierno tripartito de Ibarretxe? Dicho de modo más sencillo: ¿no se cumplió el auto judicial porque no se pudo o porque no se quiso? Y a este respecto, me surge un tercer interrogante.  

Me pregunto si no le ha sorprendido a nadie que, en las reacciones del nacionalismo al dictamen del tribunal de Estrasburgo no se haga mención alguna a la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, que estuvieron en la raíz de todo este conflicto. ¿Tal vez para evitarse el bochorno de tener que reconocer que lo que antes atacó tan ferozmente fueron medidas necesarias para defender la democracia; “una necesidad social imperiosa” para defender objetivos tan razonables  como “el mantenimiento de la seguridad pública y la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros”?

Porque esto es también doctrina que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresó en su día; y que es bastante difícil de refutar en el momento en que la “causa vasca” al completo le está haciendo la ola. A ver si va a ser que de eso precisamente, de defender la democracia, era de lo que iba la orden del Tribunal Supremo que instaba a la disolución como grupo parlamentario de los herederos de Batasuna. Ignoro si Juan Mari Atutxa lo sabía. Pero a lo mejor tenía obligación de saberlo como presidente de una institución  democrática.