Ha tenido que transcurrir un mes y medio desde la celebración de las pasadas elecciones generales para tener un candidato, Pedro Sánchez, que ha aceptado someterse a la sesión de investidura como paso previo para formar gobierno. Concluida esta primera parte en la que parece que hemos vivido atrapados, a golpe de telediario, en una especie de monótono y mortecino día de la marmota, con más desfiles que rondas de consultas políticas, comienza la segunda parte del proceso o (según se mire) de la partida en la que supuestamente llegará (de verdad) la hora de las negociaciones.
No sabemos cuál será el desenlace de esta segunda parte y si los ciudadanos volveremos o no a ser convocados en primavera a unas nuevas elecciones, a modo de segunda vuelta del 20-D, ante la imposibilidad de que ninguna opción de gobierno resulte viable. O cuánto durará esta legislatura si finalmente se logra formar gobierno, aunque sea in extremis como ocurrió en Cataluña. Lo único que está claro, al inicio de esta segunda parte, es que hay dos actores políticos con grandes incentivos para que esta recién estrenada legislatura no quede frustrada prematuramente.
Uno de ellos es Pedro Sánchez, quien, como ha quedado muy patente en estas últimas semanas, se juega su supervivencia política y utilizará todas las bazas a su alcance para formar gobierno. No lo tendrá fácil, empezando por las resistencias que encuentra en importantes y poderosos sectores de su partido para negociar con Podemos y las formaciones nacionalistas. Si bien, Sánchez ya ha dado muestras, como la decisión de someter a votación de los militantes la política de pactos, de que no se va a dejar intimidar por el “fuego amigo” y llegará hasta el final en su intento de formar un gobierno de progreso.
Paradójicamente el enfrentamiento (más o menos abierto, dependiendo de la semana) que mantiene Sánchez con determinados sectores de su partido a cuenta de los pactos y, en particular, con la llamada vieja guardia, puede contribuir a reforzar su liderazgo político. Por el momento, Sánchez ha tenido la habilidad de presentar “públicamente” ese pulso interno fuera del eje estrictamente ideológico (con un sector proclive a llegar a un pacto con el PP y otro partidario de formar un gobierno con el apoyo de la izquierda y la ayuda de los nacionalistas), para plantearlo como una cuestión que concierne a la democracia interna del partido.
Con astucia, él aparece como el abanderado de una mayor democratización y modernización del partido acorde con unos nuevos tiempos donde los militantes quieren tener más voz. Y es muy previsible que ahora que llega el momento de las negociaciones con los “otros”, intente reforzar su perfil para zafarse de los encorsetamientos y líneas rojas que le imponen algunos de los “suyos”. Para Sánchez, el dilema es “o todo o nada” y no ha llegado hasta aquí para no jugar hasta el último momento. Quizás su último cartucho podría ser intentar pilotar un gobierno de transición con la reforma de la Constitución como hoja de ruta para, después de dos años, volver a convocar elecciones.
El otro actor político interesado en que esta legislatura no se convierta en la más breve de la democracia es Ciudadanos. Los miembros de este partido, y, en especial, su máximo líder Albert Rivera, no han dejado de insistir, desde la misma noche electoral, en la necesidad de llegar a un acuerdo para formar gobierno y en su voluntad pactista (al principio más cercana al PP y ahora al PSOE) para lograrlo.
Esta formación, que muy a su pesar no consiguió el pasado 20 de diciembre su objetivo de tener la llave de la gobernabilidad, podría temer que, ante la repetición de los comicios, su resultado fuese peor. En todo caso, la estrategia de Ciudadanos pasa por aparecer como el partido (más) conciliador, con un gran talante para llegar y facilitar acuerdos con las formaciones que defienden la unidad de España.
En esta segunda parte del proceso, resulta clave para las formaciones políticas evitar aparecer ante la opinión pública como una fuerza obstaculizadora del pacto. Ante una potencial repetición de los comicios es muy probable que el electorado castigase a aquellas formaciones que considerase responsables (por acción, pero también por omisión) de no haber hecho posible el acuerdo. En este sentido, cabe dudar de que la opción tomada por Rajoy y el PP de permanecer en la reserva y haber cedido el testigo de la iniciativa para formar gobierno a Pedro Sánchez sea la más acertada. Una estrategia que parece basarse en el cálculo de que Pedro Sánchez fracasará en su intento de formar gobierno o de que éste será breve.
Así, en el caso de que los españoles tuvieran, más tarde o más temprano, que volver a votar, valorarían por encima de todo la “estabilidad” que ofrece el PP y su candidato Rajoy, quien rehusando haber intentado obtener sin éxito la confianza del Congreso, mantendría sus opciones (internas) de seguir siendo el cabeza de cartel de su partido.
Los populares aguardan, por tanto, su “turno” en un momento en el que, además, los escándalos de corrupción les vuelven a cercar (por el otrora feudo valenciano que tantas alegrías electorales y políticas le reportaban antes). Sin embargo, sus votantes más moderados podrían acabar penalizando a este partido si percibiesen que éste antepone sus intereses partidistas a su responsabilidad institucional en un momento político trascendental. Especialmente si en las próximas semanas, en vez de mantenerse al margen como espectadores, no dejaran de poner palos en las ruedas para que impedir que Sánchez logre formar gobierno. Y lo mismo puede ocurrir con Podemos, si es percibido como una formación sin voluntad real de llegar a acuerdos y más interesada en el poder y acabar con el PSOE, que en favorecer la formación de un gobierno de progreso.
El contexto político y el comportamiento electoral siguen marcados por la volatilidad y los partidos pueden cometer el error de no saber adaptarse a un entorno cambiante y en el que el electorado es más exigente. Seguimos viviendo en un momento político en el que las encuestas, y en particular las estimaciones de voto, quedan rápidamente desfasadas.
Hay que tener en cuenta que lo nuevo envejece a una velocidad de vértigo cuando se albergan grandes expectativas de cambio y éstas se ven frustradas. Los resultados de las elecciones generales fueron interpretados mayoritariamente como un punto de inflexión. Un punto que marcaría el fin de la etapa política del bipartidismo y de las mayorías absolutas y supondría el comienzo de otra caracterizada por la negociación y el consenso ante un escenario de elevada e inédita fragmentación política.
La distribución del 85% del voto, antes monopolio del PP y del PSOE, entre cuatro partidos fue percibido por algunos como la mejor prueba de que los españoles habían expresado con su voto el mensaje del pacto. Es quizás arriesgado atribuir a esa agregación de votos una determinada intencionalidad, en lugar de ver esa suma como la mera expresión de una mayor pluralidad social ante una oferta política mayor. Pero en todo caso el pasado 20 de diciembre quedó claro que la ciudadanía optó por un cambio político en el que se anteponía tener una mayor representatividad a una cómoda estabilidad.
Por ello, especialmente relevantes serán los pasos que den ahora los partidos y sus gestos. Y es deseable que modifiquen su estrategia, pues han resultado muy poco edificantes los pasos que han dado hasta ahora. El PP se ha negado en rotundo a negociar nada que no sea apoyar un gobierno del PP presidido por Rajoy, a la vez que ha amenazado con utilizar el Senado para oponerse a un gobierno en el que no estén ellos.
El PSOE ha sido noticia por sus divisiones y enfrentamientos internos. Podemos ha empezado a mostrar su disposición a pactar exigiendo cuotas de poder en un hipotético gobierno con el PSOE. Veremos ahora cómo se desarrolla el segundo acto y si los partidos siguen instalados o no en la estrategia del “desgaste del adversario” que inevitablemente conduciría a fomentar el hastío político en la sociedad. Ése sería el mayor peligro (y no la repetición de elecciones) ante en el que nos encontraríamos dado que, después de encauzarse el malestar social a través de las instituciones, los nuevos partidos y la expectativa de un tiempo político nuevo, la ciudadanía podría percibir ahora que la nueva política es “más de lo mismo”.
Para evitar el degaste de la política sería muy deseable que, en esta nueva etapa de impasse político, las negociaciones fueran discretas y una vez llegado o no a un pacto, la comunicación fuera transparente. Mientras dure la negociación y se resuelva la incógnita del desenlace que tendrá esta legislatura, podríamos exigir que el Congreso reforzara su papel y tomara la iniciativa para empezar a debatir en profundidad sobre los retos que tenemos pendientes (temas que están quedando eclipsados por la atención puesta en los pactos). Sería muy edificante que, en este tiempo, tuviera lugar una especie de debate del estado de la nación donde los diputados pudieran escuchar y debatir con expertos y representantes de la sociedad civil en qué momento político, económico y social se encuentra España. ¿Será posible?
