AI pide que Francia sea más exigente contra las torturas en Marruecos

La tortura en Marruecos es habitual y quienes la practican gozan de total impunidad, denunció hoy Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que solicita a Francia que sea más exigente en el respeto de los derechos humanos en ese país.

“Las relaciones entre Francia y Marruecos son muy fuertes. Están las razones económicas pero también las políticas, como el control de los flujos migratorios, pero eso no puede justificar que no tenga las mismas exigencias con Marruecos que con otros países”, indicó a EFE en su presentación en París la presidenta de AI Francia, Geneviève Garrigos.

AI quiere que su publicación sirva para frenar o enmendar la tramitación parlamentaria de un acuerdo de cooperación judicial firmado el pasado febrero entre Francia y Marruecos para cerrar un desencuentro diplomático por el que París renuncia al principio de Justicia universal en ese país.

El acuerdo, criticado también por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), impedirá a los jueces franceses instruir casos por hechos ocurridos en Marruecos aún cuando haya víctimas francesas.

“Cuando el juez francés reciba una queja de tortura, sea de un ciudadano francés o marroquí, si la violación se ha cometido en Marruecos o por un marroquí debe informar a la Justicia marroquí y ellos deciden si se ocupan. Si lo hacen, se abandona en Francia. Si después la desestiman, no va a pasar nada y continúa la impunidad”, denunció Garrigos.

AI da cuenta de 172 casos de prácticas vejatorias o violentas contra detenidos entre 2010 y 2014 “en todo el territorio”, incluido el Sáhara Occidental, y aunque reconoce una reducción frente a los llamados “años de plomo” (1956-1999), subraya que sigue reinando la impunidad: no se conoce una sola sentencia en firme por tortura en la historia judicial marroquí.

“No se puede decir que se utilice sistemáticamente la tortura, pero la impunidad sí que sigue igual”, a pesar de que desde 2006 la prohibición de la tortura está recogida en el código penal, incluida en la reforma de la Constitución de 2011 y reforzada por la ratificación de un tratado internacional en 2014, agregó AI.

La organización detalla en “La sombra de la impunidad. La tortura en Marruecos y en el Sáhara Occidental”, prácticas como descargas eléctricas, humillaciones sexuales, amenazas, quemaduras con cigarrillos, o violaciones con objetos como porras o botellas a detenidos que no pueden ver a su abogado ni informar a sus familias.

Las confesiones obtenidas en esas condiciones se usan como prueba en los tribunales y los jueces desestiman automáticamente las denuncias de los acusados, entre quienes suele haber militantes que luchan contra desigualdades sociales o abusos ecológicos, activistas políticos o partidarios de la autodeterminación del Sáhara, siempre según AI.

Si denuncian la presunta tortura, las supuestas víctimas suelen enfrentarse, además, a acusaciones de “falsa denuncia o calumnia”, que acarrean multas económicas y penas de entre 1 y 5 años de prisión, agregó AI, que fija tres ejes de actuación prioritaria.

“Primero, que sistemáticamente haya un abogado desde el primer momento de la detención; segundo, que el juez y el fiscal tengan en cuenta las denuncias y soliciten exámenes médicos de las supuestas víctimas; y tercero, que se proteja a quienes denuncian casos de tortura”, resumió la presidenta de AI Francia.

Apoyó la presentación en París Mustafá Adib, excapitán del Ejército marroquí torturado y condenado a dos años y medio de prisión por denunciar la corrupción que reinaba en su unidad militar.

Estuvo presente además Zakaria Moumni, excampeón del mundo boxeo tailandés de nacionalidad franco-marroquí, que dice haber sido torturado en 2010 y encarcelado durante 18 meses por manifestarse en Francia contra las políticas de Marruecos.