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AI acusa a la junta militar de Tailandia de propiciar una cultura de torturas

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AI acusa a la junta militar de Tailandia de propiciar una cultura de torturas

AI acusa a la junta militar de Tailandia de propiciar una cultura de torturas

Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a la junta militar de Tailandia de propiciar una "cultura de torturas" contra insurgentes, disidentes y adversarios políticos desde que tomó el poder en el golpe de estado de mayo de 2014.

La organización hizo la denuncia a través de un informe que documenta 74 casos de maltratos por parte de militares y policías, que incluyen golpes, asfixia con bolsas de plástico, ahogamiento simulado o descargas eléctricas en genitales.

Según AI, los abusos contra opositores, inmigrantes, drogadictos, miembros de minorías étnicas, entre otros, se "aceleraron" tras el golpe y la imposición de la ley marcial, que permitió la detención en régimen de incomunicación durante siete días.

También alertó de que muchos casos de torturas no son denunciados ante "un clima en el que pocos osan criticar en público a las autoridades, y activistas en favor de los derechos humanos se enfrentan a cargos de difamación" por denunciar estos maltratos.

"Los dirigentes militares de Tailandia han permitido que florezca una cultura de la tortura en la que los responsables no rinden cuentas y no se hace justicia a las víctimas", dijo en un comunicado el director de AI para el Sudeste de Asia, Rafendi Djamin.

AI tenía previsto presentar el informe en una rueda de prensa en Bangkok, que fue cancelada minutos antes después de que la Policía amenazara con arrestar a los representantes de la organización si estos hablaban.

Tailandia firmó la convención de la ONU contra la tortura pero hasta el momento no dispone de una legislación que criminalice estas prácticas, según AI.

La organización denunció, en cambio, que la ley tailandesa permite a los jueces aceptar como pruebas declaraciones obtenidas a través de torturas y que estos maltratos apenas son investigados.

"Los torturadores no son castigados por sus crímenes y las víctimas son condenadas a una injusticia tras otra", añadió Djamin.

Tras el golpe, el régimen militar impuso una férrea censura, persiguió y detuvo a centenares de políticos, activistas, académicos y periodistas críticos, y aprobó leyes con las que se auto-otorgó plenos poderes e inmunidad.

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