AI denuncia torturas y violaciones por parte de militares en Fiyi

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que fuerzas de seguridad de Fiyi han perpetrado diversas formas de tortura como maltratos físicos, violaciones sexuales, palizas y ataques con perros.

En el informe titulado “Cómo vencer a las fuerzas de seguridad de Fiyi contra la tortura” detalla los tipos de abusos que abundan desde el golpe de Estado organizado en 2006 por el entonces jefe del Ejército Frank Bainimarama, quien en 2014 asumió la Jefatura de Gobierno tras ganar las elecciones.

“Las fuerzas de seguridad saben que se están cometiendo torturas e interfieren en el camino de la (atribución de la) responsabilidad”, dijo la investigadora de AI en el Pacífico, Kate Schuetze.

La activista recordó que “Fiyi ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y se ha comprometido a poner fin a esta práctica cruel, pero esto seguirá siendo un gesto sin sentido hasta que no se tomen medidas decisivas”, afirmó.

El informe de AI revela cinco casos en los cuales las víctimas murieron a consecuencia de las heridas infringidas durante sus detenciones.

Destaca la muerte de Vilikesa Soko, un hombre de 30 años detenido por sospecha de robo y que fue golpeado y violado en agosto de 2014.

Días después del incidente, este padre de tres niños murió en el hospital al que fue trasladado por múltiples heridas, incluso en el pene y recto.

También se denuncia el caso de dos personas, entre ellos Sakiusa Rabaka, de 19 años, quienes murieron en enero de 2007 a raíz de las lesiones causadas por las palizas, agresiones sexuales y otros abusos en la base militar Black Rock en Nadi.

Ocho policías y un soldado fueron acusados de homicidio involuntario de Rabaka, pero por interferencia militar, se intentó enviar a los supuestos agresores a una misión de paz de la ONU y en 2009 fueron sentenciados a cuatro años de prisión, de los cuales solo cumplieron un mes, según el informe.

Las palizas son comúnmente utilizadas por las fuerzas de seguridad en Fiyi, especialmente contra presuntos criminales y prófugos de la justicia, así como las amenazas y la violencia para intimidad a las persona.

Aunque los tribunales han determinado que en varios casos los acusados son forzados a firmar confesiones tras ser torturados por la Policía, esta institución niega estos actos.

Según la Carta Magna fiyiana, las acciones gubernamentales realizadas entre 2006 y 2014 están protegidas por la inmunidad debido a lo cual “la responsabilidad por los actos de tortura son una excepción en vez de la regla”, recalcó Shuetze.

“Esto se suma al clima de la casi impunidad. Es el resultado de que la tortura está pobremente definida por la ley, se garantiza la inmunidad, hay pocas salvaguardas legales y no hay una vigilancia independiente”, agregó la representante de AI.