El director general de APD cree que el debate sobre la independencia de Cataluña “perjudica a la marca España”

El director general de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Enrique Sánchez de León, ha indicado que el debate político sobre la independencia de Cataluña “va en perjuicio de la marca España” en un momento en el que el Estado “se está jugando la financiación de la economía” a nivel europeo.

Sánchez de León ha comentado sobre el debate de la independencia de Cataluña que “desde fueran nos vean como un Estado con problemas que se puede desgajar de un momento a otro es de una frivolidad pasmosa”.

El director general de APD ha reconocido que la sociedad catalana tiene una “sensibilidad especial por sus temas de identidad”, pero suscitar unos temas tan “importantes y cruciales” para el futuro del país como el que se ha suscitado en la Moncloa “no me parece lo más oportuno”, ha indicado a título personal, después de aclarar que APD como asociación “no opinará del conflicto con Cataluña”.

En el plano personal, ha insistido en que en estos momentos parece “extraño que cuando todos debíamos estar empujando en una misma dirección, se suscite una controversia que no es de este momento”

ROS: “NO SE PUEDEN MEZCLAR LOS TEMAS”

Por su parte, el presidente de APD Levante, Francisco Ros, que también ha sido preguntado por esta cuestión, considera que “hay que separar los temas de identidad del pueblo catalán de lo que es la parte empresarial”.

En esta línea, ha puesto como ejemplo que entre las propias empresas públicas “se ve claramente que hay sinergias, por ejemplo con el Corredor Mediterráneo en el que están colaborando las Comunidades catalana, valenciana y la de Murcia”. “No tiene sentido ir por esa vía --económico-empresarial-- y que por la otra --política-- se planteen estos debates. No se debe de mezclar”, ha explicado.

Francisco Ros ha manifestado que a nivel empresarial “está clarísimo lo que necesitamos y las empresas en Cataluña también que es que no haya tanta regulación y tan diferente”. Existe regulación europea, española, por comunidades autónomas y por ayuntamientos y “eso es muy complicado para la inversión internacional y es una obstáculo para la competitividad”, ha finalizado.